La Cumbre de las Américas, cada vez más insustancial e ineficaz

May 14, 2022

Por Enrique Daza – Director de Cedetrabajo y vocero de Justicia Tributaria Seguramente en la Cumbre se llegará a algún acuerdo en materia de ayuda económica a los países que expulsan mano de obra y en estas semanas se ha vivido un intenso regateo. Foto: OIM. La primera semana de junio se realizará la novena […]

Por Enrique Daza – Director de Cedetrabajo y vocero de Justicia Tributaria

Seguramente en la Cumbre se llegará a algún acuerdo en materia de ayuda económica a los países que expulsan mano de obra y en estas semanas se ha vivido un intenso regateo. Foto: OIM.

La primera semana de junio se realizará la novena Cumbre de las Américas. Lo raro no es que Estados Unidos que funge como anfitrión y al parecer dueño de la Cumbre haya anunciado que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela. La noticia es que los 14 países del Caricom anunciaron que no irían por esta exclusión y, Bolivia, México y Argentina manifestaron también su desacuerdo con la misma.

Esto hace que de los 35 países de América Latina 20 o no participarán o lo harán a regañadientes. Quedan 15 en la lista de posibles asistentes, menos de la mitad.  Pero entre esos hay muchos matices. Gabriel Boric y Pedro Castillo anunciaron que en la Cumbre anunciarán la citación de una próxima cumbre de jefes de Estado latinoamericanos en Chile, con lo cual renuevan tímidamente la idea buscar una vocería latinoamericana en el mundo, pero al mismo tiempo desestiman el papel de la Celac, que realizó en septiembre de 2021 su Sexta Cumbre con asistencia de 33 de los 35 países. Si a esto le sumamos la exclusión de Guatemala y el Salvador de la Cumbre por la Democracia presidida por Joe Biden en diciembre de 2021, suman 22 los países de América Latina que no gozan de los afectos de Washington. No está en su mejor momento la diplomacia de Biden en la región. Habría que añadir que Brasil, con su oposición a las sanciones económicas a Rusia y a la exclusión de ese país del G 20, no se ha sumado a la campaña más importante que ha realizado Estados Unidos en las últimas décadas con su intervención en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Con ello queda en 12 la lista de quienes acudirán posiblemente en forma dócil a la cita en Los Ángeles.

A pesar de la inmensa parafernalia y gastos millonarios que han implicado las 8 Cumbres de las Américas ya realizadas, en realidad han resultado bastante inútiles. Desde 1994 hasta 2005 estas giraron en torno al nacimiento y muerte del Área de Libre Comercio de las Américas, que resultó un costoso fracaso. Las tres cumbres siguientes convocadas bajo el mandato de Obama en  Puerto España, Trinidad y Tobago (abril de 2009), Colombia, Cartagena (abril de 2012) y Ciudad de Panamá, Panamá no tuvieron mayor trascendencia y sus resultados fueron la firma de acuerdos retóricos y se recuerdan por circunstancias anecdóticas como el despliegue de 8000 efectivos en Cartagena o el regalo que hizo Chávez en Trinidad del libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina,  la insólita alabanza de Obama en Cartagena a que Colombia como modelo en la lucha contra el narcotráfico o la presencia de Cuba en Panamá. los temas y acuerdos se han borrado en la distancia como si nunca hubieran existido. En la octava cumbre realizada en abril de 2018 en Perú, tuvo como eje la lucha contra la corrupción, justamente en un país en el cual los últimos 5 presidentes han sido condenados, enjuiciados o están prófugos de la justicia.

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El de las migraciones es un problema real y grave y lo que Estados Unidos quiere es atajar los miles de inmigrantes que llegan a su país

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Para la Novena Cumbre que se realizará en Los Ángeles con más de la mitad de las sillas vacías, los platos fuertes son las migraciones y la democracia. El de las migraciones es un problema real y grave y lo que Estados Unidos quiere es atajar a los miles de inmigrantes pobres y de piel morena que llegan a su país, pues les es más barato que los países de tránsito asuman el compromiso de mantenerlos que asumir de por vida su incorporación a la economía estadounidense. En un acto de doble moral se permite que lleguen inmigrantes a realizar los trabajos más precarios y al mismo tiempo se adoptan medidas policivas para controlar su ingreso. El resultado es garantizar que las condiciones salariales más bajas se mantengan para esa parte importante de la población, entre ella 40 millones de mexicanos.

Es inminente el fin del llamado Título 42 por medio del cual se permite la expulsión de los inmigrantes argumentando razones de salud pública y que ha permitido la deportación de un millón setecientos mil refugiados desde marzo de 2020. Las deportaciones de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños aumentaron un 583% en el primer trimestre de 2022. Seguramente en la Cumbre se llegará a algún acuerdo en materia de ayuda económica a los países que expulsan mano de obra e incluso en estas semanas se ha vivido un intenso regateo, peo no se espera que la potencia del Norte, con su enorme déficit fiscal de 30 billones de dólares y el enorme gasto de su intervención en Ucrania, sea muy generoso. Puede haber un acuerdo para responsabilizar a las víctimas de la inmigración de resolver el problema, pero no quedará claro que la inmigración no es la causa de los problemas sino un síntoma del deterioro de la economía al sur del Río Bravo. La desigualdad, la pobreza y el deterioro ambiental causados por un modelo económico injusto están entre las causas de la inmigración y el aumento en las tasas de interés va a provocar un aumento de la deuda. Por el lado del tema de la democracia habrá enunciados generales, un intento de alinear a la región con la geopolítica estadounidense y muy pocas lecciones prácticas, pues si alguna democracia está en crisis es la del gigante del Norte.

Nota original publicada en Las 2 Orillas.

Newsletter Cedetrabajo

El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.

Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.

Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.

Torre de perforación asociada a exploración de gas natural

El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.

Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.

Gustavo Petro habla en conferencia sobre transición energética

La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.

A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.

Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.

La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.

Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.

Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.

La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.

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