La urgencia de un modelo económico que cuente con las mujeres

Introducción

La participación de las mujeres en la sociedad no solo es una cuestión de justicia social, sino también un pilar fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad política. Sin embargo, las múltiples crisis de los últimos años han puesto en evidencia que el modelo de desarrollo actual en América Latina y el Caribe está marcado por profundas brechas estructurales que afectan a la gran mayoría de la población, profundizando los niveles de desigualdad y pobreza. La desigualdad de género es una de las brechas más significativas y urgentes de cerrar, ya que limita el acceso de las mujeres a recursos económicos, educación y oportunidades laborales, perpetuando su situación de vulnerabilidad.

Si bien la vida de las mujeres ha mejorado levemente en términos de autonomía económica y acceso a empleo formal, siguen siendo el grupo más afectado por la pobreza en Colombia. De acuerdo con el Banco Mundial^[1], el país es el tercero más desigual del mundo y el primero en el continente americano, con un coeficiente de Gini de 54,8. Esta desigualdad extrema no solo se manifiesta en la brecha de ingresos entre ricos y pobres, sino también en la disparidad de condiciones entre hombres y mujeres, entre zonas urbanas y rurales, y entre distintos grupos sociales y étnicos. La falta de políticas públicas efectivas ha permitido que estas desigualdades persistan y se profundicen con el tiempo.

Colombia sufre un grave retraso productivo, con un sector agrario e industrial en decadencia y un modelo económico que, desde los años noventa, ha priorizado la privatización, la reducción del papel del Estado, la apertura comercial y la eliminación de subsidios que tenían impacto sobre la situación social de la población, sumado a esto el sistema político basado en el clientelismo y la corrupción, ha perpetuado la concentración del poder y los recursos en manos de unos pocos, dificultando el diseño e implementación de políticas públicas efectivas.

Esta situación se agrava con el creciente peso de la deuda externa, que representa aproximadamente el 20%^[2] del Presupuesto General de la Nación. Esto reduce significativamente el espacio fiscal del país, limitando la capacidad del Estado para invertir en programas sociales. Esta orientación económica ha consolidado un mercado laboral precario, con bajos salarios y alta informalidad, afectando especialmente a las mujeres, quienes enfrentan barreras adicionales como la carga del trabajo de cuidado no remunerado y la segregación ocupacional. Además, el sistema político, caracterizado por el clientelismo y la corrupción, ha obstaculizado la implementación de reformas que permitan una redistribución más equitativa de la riqueza y las oportunidades.

El escenario político global tiende hacia el desmantelamiento de conquistas sociales históricas. La llegada de gobiernos conservadores en grandes potencias, como Estados Unidos, ha inclinado la balanza hacia modelos económicos que priorizan la desregulación y el debilitamiento del Estado de bienestar, lo que impacta directamente en la capacidad de los países de América Latina para avanzar en materia de equidad de género y justicia social. Para revertir esta situación, es imprescindible una transformación estructural del modelo económico colombiano, que contemple la reindustrialización, el fortalecimiento del sector agrícola, la inversión en políticas de cuidado y la generación de empleo formal para las mujeres. Sin estas medidas, la desigualdad seguirá siendo un obstáculo insalvable para el desarrollo del país y para la garantía de una vida digna para la mayoría de su población.

Equipo Mujeres con Criterio

^[1] https://publications.iadb.org/es/la-crisis-de-la-desigualdad-america-latina-y-el-caribe-en-la-encrucijada

^[2] https://www.ofiscal.org/post/ejecuci%C3%B3n-del-presupuesto-2024-inversi%C3%B3n-en-crisis-y-rezago-en-aumento