Las últimas cifras del DANE muestran una paradoja: Colombia alcanzó en julio de 2025 la tasa de desempleo más baja en una década, 8,8 %. Sin embargo, detrás de este dato alentador se esconde una verdad incómoda: el 74 % de los nuevos empleos son por cuenta propia o informales.
Desde la perspectiva gremial, este no es un logro sostenible, es una alerta roja. Estamos resolviendo el problema de la ocupación con empleos precarios, sin seguridad social, sin estabilidad y sin capacidad de aportar a la productividad nacional.
Las MiPymes, que conformamos el 96 % del tejido empresarial y generamos la mayoría del empleo en el país, somos las primeras en sentir las tensiones. La Encuesta de Desempeño Empresarial de ACOPI evidencia que hemos tenido que reducir planta de personal, frenar inversión y aplazar proyectos de innovación por ventas estancadas y aumento de costos. En este contexto, la Ley 2466 de 2025, que busca formalizar y garantizar estabilidad, termina representando un peso difícil de asumir para miles de pequeñas empresas. El riesgo es claro: en lugar de más formalidad, podríamos ver más informalidad.
Y el panorama productivo no ayuda. La ANDI ha señalado que la economía creció apenas 1,8 % en febrero, con sectores estratégicos como la industria y la construcción acumulando casi dos años de caídas. A ello se suman el aumento en el costo del gas, la carga laboral, la reforma tributaria de 2022 y la incertidumbre sobre un anticipo de retención en la fuente. Así no se construye confianza para invertir ni para generar empleo formal.
La realidad es que necesitamos reformas integrales y coherentes. No basta con decretar nuevas obligaciones laborales: hay que crear condiciones para que las empresas puedan cumplirlas. La visión gremial es clara: el mercado laboral necesita reformas profundas, pero estas deben estar articuladas con la política industrial, la sostenibilidad fiscal y las condiciones para que las empresas puedan crecer y generar empleo formal.
La evidencia de Cedetrabajo es contundente: hay desajuste entre la formación y la demanda laboral, brechas territoriales profundas y un talento femenino altamente formado que se queda por fuera del mercado formal por barreras estructurales. Ignorar estas realidades es condenarnos a perpetuar la precariedad.
Como dirigente gremial lo digo sin rodeos: Colombia no puede celebrar menos desempleo si la contracara es más informalidad. El verdadero desafío es transformar la ocupación en empleo formal, digno y productivo. Para lograrlo, necesitamos reformas laborales con equilibrio, políticas industriales que impulsen sectores estratégicos y un entorno económico que no asfixie a las empresas.
De lo contrario, el país corre el riesgo de perder la oportunidad de convertir la recuperación laboral en un motor real de competitividad y bienestar.
