El mercado laboral en Colombia está condicionado por una estructura productiva con baja capacidad para generar empleo de calidad. En ese contexto, la inserción de las mujeres no solo es menor, sino que ocurre en condiciones más precarias, marcadas por la alta informalidad y la persistente carga del trabajo de cuidado no remunerado. Las brechas no son fenómenos aislados, sino expresiones de un mismo entramado económico y social que articula participación, inserción y calidad del empleo.

En mayo, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, es preciso recordar: “No tenemos ahorros para sostener esta huelga, solo tenemos nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra voluntad y nuestra energía”. Así, Betsabé Espinal, quien lideró la primera huelga encabezada por mujeres en el país, sintetizaba en 1920 la precariedad de las trabajadoras textiles y cómo el sistema económico descargaba sobre ellas los costos de la producción.

Más de un siglo después, esa escena resuena bajo otras formas, en un contexto de mayores avances normativos y reconocimiento de derechos laborales. En Colombia, millones de mujeres siguen sosteniendo su participación en el mercado laboral sin redes de protección suficientes, con trayectorias fragmentadas, ingresos más bajos y una carga desproporcionada de trabajo no remunerado.

La brecha baja, pero el mercado laboral para las mujeres se deteriora

Las mujeres representan más de la mitad de la población colombiana y también de la población en edad de trabajar. Sin embargo, esa mayoría demográfica no se traduce en una presencia equivalente en el mercado laboral. Según datos del DANE para el trimestre móvil diciembre de 2025 a febrero de 2026, de los más de 21,3 millones de mujeres en edad de trabajar, apenas 11,3 millones participan en la fuerza laboral. Es decir, casi una de cada dos permanece por fuera del mercado.

No se trata de un fenómeno coyuntural. Hace una década la participación laboral de las mujeres ya rondaba el 54% y hoy, con 52,9%, no sólo sigue siendo baja, sino que evidencia estancamiento. En contraste, la participación de los hombres alcanza el 76,5%, lo que amplía la brecha. Esta distancia responde a una estructura productiva concentrada en sectores de baja productividad y alta informalidad, donde la inserción de las mujeres ocurre en condiciones más precarias.

Un dato clave es que el número de mujeres ocupadas ya no supera al de aquellas por fuera de la fuerza laboral, como sí ocurrió entre 2009 y 2019. De acuerdo con el visor del mercado laboral de Cedetrabajo, esto evidencia un freno e incluso retrocesos en la capacidad del mercado para absorber su mano de obra.

Este contexto es clave para revertir lecturas optimistas sobre la reducción de la brecha de desempleo presentada como un logro “histórico” del gobierno de Gustavo Petro. Al centrarse en una serie comparable desde 2001 y en la tasa de desempleo como única variable, se omite que esta brecha puede reducirse en contextos donde aumenta la inactividad de las mujeres y se expanden formas de inserción precarias.

En ese sentido, la aparente mejora no refleja un mercado laboral más incluyente, sino una recomposición en la que crece el empleo en sectores donde se concentran las mujeres, como el cuidado, la educación y algunos servicios, caracterizados por la baja calidad. Además, se expande el trabajo por cuenta propia asociado a la informalidad. A esto se suma el aumento de la población de mujeres fuera de la fuerza laboral, muchas de las cuales no aparecen como desempleadas porque han dejado de buscar empleo o están dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado. Todo esto ocurre en un escenario de bajo crecimiento económico, caída de la productividad y persistencia de la informalidad, lo que limita las posibilidades de una inserción laboral equitativa y sostenible.

Reproducción social y desigualdad en el mercado laboral

La desigualdad en la participación laboral de las mujeres se expresa con especial claridad en la población por fuera de la fuerza de trabajo. Más de 10 millones no están ocupadas ni buscan empleo, y el 71,3% de ellas se dedica principalmente a oficios del hogar. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el número de personas fuera de la fuerza laboral dedicadas exclusivamente a estas labores aumentó en 68.000, al pasar de 7,807 millones a 7,875 millones. Se trata de una carga que no disminuye, sino que se mantiene elevada, lo que evidencia la persistencia de una distribución profundamente desigual del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

A más de una década de la primera medición, las mujeres siguen destinando alrededor de 7 horas y media diarias al trabajo no remunerado, frente a poco más de 3 horas en los hombres. La sobrecarga, lejos de reducirse, se mantiene prácticamente intacta, lo que evidencia la ausencia de cambios estructurales en la organización social del cuidado. A esto se suma la débil implementación del Sistema Nacional de Cuidado, cuya limitada capacidad institucional y alcance territorial se traduce en una redistribución insuficiente de estas cargas.

En el contexto de un modelo de desarrollo neoliberal, caracterizado por la limitada provisión pública de servicios básicos como salud, educación y pensiones, estas responsabilidades terminan siendo absorbidas por los hogares y, en particular, por las mujeres. Este modelo en Colombia se ha consolidado a través de procesos de privatización, apertura comercial y acuerdos comerciales que condicionan la política fiscal y la capacidad de inversión del Estado, así como la reducción de su papel. Esto ha debilitado la capacidad pública para garantizar servicios de cuidado y ha reforzado la transferencia de estas cargas al ámbito doméstico.

Inserción precaria de las colombianas en el mercado laboral

Se evidencia un estancamiento en la inserción laboral de las mujeres. En el trimestre diciembre de 2016 – febrero de 2017, la tasa de ocupación de las mujeres era de 46,4%. Una década después, para el mismo periodo, se ubica en 46,6%. En contraste, la ocupación de los hombres pasa de 69,2% a 70,8%, un aumento limitado que también refleja un bajo dinamismo en la generación de empleo incluso dentro de su propio grupo.

Esto sugiere un mercado laboral con baja generación de oportunidades. En este contexto, cuando las mujeres logran acceder al empleo, lo hacen en condiciones más limitadas. El 52,2% de ellas trabaja en la informalidad, y aunque esta proporción ha disminuido frente al año anterior, sigue reflejando una inserción laboral marcada por la inestabilidad, atravesada por factores como el bajo crecimiento económico, las barreras culturales y la sobrecarga de trabajo de cuidado.

La informalidad constituye uno de los principales mecanismos de precarización porque no solo implica menores ingresos, sino también la ausencia de protección social y una mayor exposición a riesgos económicos, lo que profundiza la vulnerabilidad frente a contingencias como enfermedad, maternidad o vejez.

Aunque el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro incorpora un enfoque de género y establece metas relacionadas con la colocación laboral, el emprendimiento y el acceso a activos para las mujeres, no plantea objetivos estructurales orientados a cerrar la brecha en participación ni a transformar las condiciones de inserción laboral. La estrategia sigue descansando en mecanismos como el emprendimiento o la intermediación laboral, sin abordar de fondo las limitaciones del aparato productivo para generar empleo suficiente y de calidad.

En ese contexto, las pequeñas y medianas empresas, que concentran una parte importante del empleo en el país, enfrentan mayores cargas y limitaciones sin un esquema robusto de apoyo productivo. De hecho, desde organizaciones como ACOPI se ha insistido en la necesidad de tarifas diferenciadas y medidas de protección para evitar la pérdida de capacidad productiva y de empleo. En ausencia de una política clara de fortalecimiento empresarial y diversificación productiva, las nuevas fuentes de trabajo siguen siendo insuficientes, lo que termina profundizando las brechas existentes, especialmente para las mujeres.

La segmentación del empleo como expresión de la división sexual del trabajo

En Colombia, la participación de las mujeres está marcada por una estructura ocupacional profundamente segmentada, que concentra su trabajo en sectores tradicionalmente feminizados como el comercio, la educación, la salud, los servicios personales y el alojamiento, caracterizados por menores niveles de remuneración, reconocimiento y estabilidad.

Esta concentración responde a una división sexual del trabajo que continúa asociando a las mujeres con actividades vinculadas al cuidado, el servicio y la reproducción social. En contraste, su presencia sigue siendo marginal en sectores estratégicos y de mayor productividad como la construcción, el transporte, las tecnologías de la información, los servicios públicos y la minería, lo que limita sus oportunidades de ingreso, movilidad y acceso a mejores condiciones laborales. Este patrón se explica también por la configuración del aparato productivo, caracterizado por la terciarización y la baja generación de empleo de alta productividad

El análisis de esta estructura no puede desligarse de la trayectoria reciente de la economía colombiana. El crecimiento ha sido lento y, más importante aún, se ha apoyado en fuentes con baja capacidad de transformación productiva. Mientras el consumo de los hogares y el gasto público han sostenido el crecimiento económico, la inversión ha perdido dinamismo y sectores clave para la generación de empleo de calidad han cedido terreno.

La industria manufacturera, históricamente uno de los principales motores de empleo formal y relativamente estable, hoy representa apenas el 11% del PIB, su nivel más bajo en décadas. Este debilitamiento evidencia la pérdida de peso de actividades con mayores encadenamientos productivos y capacidad de generar empleo digno, lo que termina reforzando la concentración del empleo en sectores de baja productividad donde la inserción de las mujeres es predominante.

El mercado laboral colombiano no solo reproduce desigualdades históricas, sino que las reorganiza bajo nuevas formas de precariedad. La carga del cuidado, la segmentación ocupacional y la limitada capacidad del modelo productivo para generar empleo de calidad configuran un escenario en el que la autonomía económica de las mujeres sigue siendo estructuralmente restringida. Más de un siglo después de Betsabé Espinal, la energía y la voluntad siguen siendo recursos centrales, frente a un orden económico que continúa descansando en el trabajo invisibilizado de las mujeres.