Los arroceros colombianos volvieron a paro nacional el 14 de julio de 2025 por la crisis que golpea al sector: precios de ruina, importaciones, contrabando, incumplimientos oficiales y riesgo para el empleo rural.
El paro nacional arrocero es apenas el síntoma de un problema más complejo. Desde diciembre de 2024, los agricultores denuncian que producen a pérdida y que el mercado está manipulado por un reducido grupo de compradores. El 14 de julio, cientos de ellos bloquearon vías en departamentos como Tolima, Meta, Casanare y Arauca. Reclaman una mesa de negociación seria con los ministerios de Agricultura, Comercio y Hacienda. “Necesitamos decisiones de fondo, no reuniones simbólicas”, afirmó Oscar Gutiérrez, secretario nacional de Dignidad Agropecuaria, en el cuarto día de protestas.
La crisis se explica en cinco factores principales que los productores consideran una amenaza directa para el futuro del cultivo.
Precios impuestos por el duopolio molinero ahogan a los productores
El mercado está controlado en un 85 % por dos grupos: Organización Roa Florhuila y Grupo Diana. Esta concentración les permite fijar precios de compra muy por debajo de los costos de producción.
Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, el precio de la carga de 125 kilos cayó cerca de un 20 %. En el centro del país pasó de $235.000 a $185.000, y en los llanos orientales de $210.000 a $175.000. En julio de 2025 la carga se paga entre $170.000 y $185.000, mientras producirla cuesta alrededor de $230.000. La diferencia genera pérdidas superiores a dos millones de pesos por hectárea sembrada.
“El precio que recibimos es insostenible. Mientras nos pagan cada vez menos, el arroz al consumidor no baja y cuando lo hace, es porque venden arroz partido en grandes superficies”, denunció Gutiérrez en declaraciones públicas.
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Contrabando creciente, especialmente desde Ecuador
El contrabando, según los productores, es otro elemento que presiona los precios a la baja. No existen cifras oficiales, pero el cálculo indirecto con base en inventarios y consumo es elocuente.
El consumo anual per cápita es de 46 kg según el DANE, mientras que el duopolio molinero reporta 39 kg. Además, el seguimiento a los inventarios muestra 11 kg menos por habitante respecto al consumo esperado. Con este nivel de inventarios, el precio no debería caer. La única explicación plausible, sostienen los arroceros, es la entrada de arroz ilegal que ingresa principalmente por la frontera con Ecuador en plena época de cosecha nacional.
Importaciones innecesarias presionan el mercado interno
La producción nacional alcanza para abastecer la demanda interna, pero las importaciones no se detienen. En 2024 ingresaron 282.017 toneladas de arroz paddy y 196.825 toneladas de arroz blanco, lo que representó un aumento del 58 % y 56 % frente a 2023.
Aunque entre enero y abril de 2025 las importaciones desde Estados Unidos y Perú cayeron más del 90 %, las provenientes de Ecuador subieron un 23 %. Los productores sostienen que la gran molinería aprovecha los tratados de libre comercio para traer arroz barato, represar inventarios y así forzar la baja de los precios internos.
Incumplimiento de acuerdos oficiales
En marzo de 2025, el gobierno y los arroceros firmaron un acta de compromisos que incluía:
- Ajustar el programa FAIA Arroz para compensar a pequeños y medianos productores afectados por la caída de precios.
- Adicionar recursos al FONSA Arroz para compra de cartera y alivio de deudas.
- Crear un espacio de seguimiento para garantizar un precio justo en la cosecha de mitad de año.
Cuatro meses después, según el Comité Nacional de Paro Arrocero, no se ha cumplido ninguno de estos compromisos. “Hasta la fecha no se ha entregado ni un solo apoyo económico prometido. Muchos productores que tienen derecho a recibirlos siguen excluidos”, denunció Gutiérrez. El Ministerio anunció $7.000 millones para FAIA Arroz, pero no ha precisado cuántos productores recibirán el dinero ni cuándo.
Empleo rural y seguridad alimentaria en riesgo
El cultivo de arroz es vital para el empleo rural y la soberanía alimentaria. En 2024, la producción mecanizada nacional fue de 3,5 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 5,6 tonelada por hectárea (t/ha), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM). Departamentos como Tolima y Huila superaron las 7 t/ha, lo que demuestra la capacidad de autoabastecimiento del país.
La movilización actual busca proteger miles de empleos en más de 200 municipios donde el arroz sostiene la economía local. En un comunicado emitido el 10 de julio, los arroceros fueron contundentes: “El arroz que nos comemos los colombianos debe ser producido por los arroceros colombianos. No más importaciones de lo que podemos producir”.
El contexto internacional también presiona
La crisis colombiana coincide con una caída generalizada de los precios internacionales del arroz. El grano tailandés, que sirve de referencia mundial, ronda los 400 dólares por tonelada, muy por debajo de los picos de 2023. Esta baja se explica por cosechas abundantes en Asia y por la decisión de India —responsable del 40 % del mercado mundial— de levantar restricciones a sus exportaciones.
Según la economista de la FAO Shirley Mustafa, esta tendencia puede desincentivar la siembra en varios países, lo que a mediano plazo reduciría la oferta y provocaría nuevas oscilaciones de precios. En Colombia, esta caída externa agrava el panorama, pues el duopolio molinero aprovecha los precios bajos en el mercado internacional para justificar las importaciones, incluso cuando la producción nacional cubre toda la demanda.
Paro como síntoma de una crisis estructural
El paro nacional no es solo una protesta coyuntural; es el resultado de una crisis estructural. La combinación de precios de ruina, importaciones, contrabando y abandono estatal ha puesto al borde de la quiebra a muchos productores.
Tras cuatro días de bloqueos, el Comité Nacional de Paro Arrocero logró que el gobierno aceptara la creación de una mesa de negociación con participación de los ministerios de Agricultura, Comercio y Hacienda. “Esperamos que actúen con sentido de urgencia. Cada día que pasa, más agricultores están dejando la tierra”, advirtió Gutiérrez.
El futuro del cultivo dependerá de medidas inmediatas que aseguren precios justos, controlen el contrabando y limiten las importaciones en tiempos de cosecha. Los productores insisten en que, sin esas acciones, el arroz colombiano, que hoy abastece la mesa de millones de hogares, podría convertirse en otro producto desplazado por el mercado externo.
