Referendo por el Agro Nacional

Jun 9, 2016

“Por medio del cual se reforman los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Constitución Política y se adoptan medidas de protección especial a la producción nacional agraria y alimentaria, se garantiza el crédito y se protege el trabajo y el ingreso de los productores agropecuarios del país” RESUMEN EJECUTIVO Desde la década de […]

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“Por medio del cual se reforman los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Constitución Política y se adoptan medidas de protección especial a la producción nacional agraria y alimentaria, se garantiza el crédito y se protege el trabajo y el ingreso de los productores agropecuarios del país”

RESUMEN EJECUTIVO

Desde la década de los años noventa, el agro colombiano enfrenta una grave crisis por la implementación de las políticas neoliberales, la cual se viene agudizando por la entrada en vigencia de los TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea. Estas políticas han promovido las importaciones de alimentos y las políticas de dumping comercial aplicadas por Estados Unidos y Europa, los elevados precios de los fertilizantes, la devaluación del peso frente al dólar y la eliminación de mecanismos económicos de protección sobre productos agrarios, como las salvaguardas y los aranceles. Testimonios de la gravedad de la crisis agropecuaria fueron el Paro Cívico Cafetero Nacional de 2012 y el Paro Nacional Agropecuario de 2013.

Frente a esta situación, Dignidad Agropecuaria Nacional, el Comité de Impulso Nacional a la Agricultura Familiar y los sindicatos agrarios de las tres centrales obreras del país (CTC, CUT y CGT) están promoviendo un Referendo por el Agro, con el que buscan incorporar en la Constitución Política de Colombia un mandato directo que obligue al Estado a defender y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria frente a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y las políticas de libre mercado. En específico, el Referendo modifica los artículos de la Constitución Política que afectan directamente al sector agropecuario (arts. 64, 65, 66) o indirectamente (art. 100). Las modificaciones a la constitución pretenden 1) la protección y fomento de la producción nacional agropecuaria y el trabajo que de ella se deriva, en marcos de sustentabilidad y equidad de género, así como de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales; 2) la renegociación o terminación unilateral de los TLC; y 3) a partir de la promulgación de una Ley de Agricultura Familiar, garantizar a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes el derecho a una vida digna, a un desarrollo a partir de formas de economía propia y a conservar y controlar la biodiversidad y conocimientos asociados que se encuentran en sus territorios.

En su artículo 64, la Constitución Nacional establece que el Estado debe promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra para los trabajadores agrarios. El Referendo del Agro pretende modificar este artículo para que el Estado garantice además 1) las condiciones necesarias para la efectiva utilización económica de la tierra, como la provisión de asistencia técnica e infraestructura; 2) el mejoramiento del ingreso y la calidad de vida en el campo mediante el acceso a seguridad social, educación y salud; y 3) la protección de la producción y el trabajo agropecuario nacional sobre la importación de alimentos, incluyendo la renegociación de los tratados de libre comercio en los asuntos agropecuarios y la prohibición de negociar o eliminar los mecanismos estatales de protección del mercado y la producción interna.

El artículo 65 establece que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado por lo que se otorgará prioridad al desarrollo agropecuario, las obras de infraestructura y adecuación de tierras, y la investigación y transferencia de tecnología para aumentar la productividad. Por medio del Referendo se busca modificar este artículo para determinar que el Estado deberá proteger la producción nacional de alimentos sanos y nutritivos y el trabajo nacional, así como proteger los recursos genéticos, para garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo económico y social del país de manera ambientalmente sostenible. Igualmente, promover una ley de protección y fortalecimiento de las formas de economía propias de la agricultura familiar, incluyendo la pesca artesanal de mar y continental, y garantizar el derecho de las comunidades a conservar y controlar la biodiversidad y conocimientos asociados que se encuentran en sus territorios.

El artículo 66 legisla en materia crediticia para el sector agropecuario. Con la reforma planteada en el Referendo, el Estado estará obligado a garantizar el acceso real y efectivo al crédito por parte de todos los sectores agrarios mediante la creación de una entidad pública bancaria nacional de fomento agrario.

El artículo 100 establece que los extranjeros gozan en Colombia de los mismos derechos civiles y políticos que se conceden a los colombianos, con ciertas restricciones y condiciones especiales. La reforma promovida por el Referendo busca establecer que 1) de este artículo no se podrá derivar un trato igual y semejante a los bienes, inversiones, servicios y capitales que provengan del exterior; y 2) la obligación del Estado a limitar la propiedad, uso y aprovechamiento de la tierra, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales por parte de los extranjeros.

Finalmente, el referendo incluye una pregunta muy importante sobre si, ¿Está Usted de acuerdo, si o no, con qué el Referendo empiece a regir a partir de la fecha de su sanción?

Si usted está de acuerdo, lo invitamos a firmar el Referendo por el Agro Nacional y a ayudarnos a recoger la mayor cantidad de firmas posible. Si desea ser voluntario y/o reportero de esta campaña, puede escribir a los correos: referendoporelagro@gmail.com y dignidadagropecuaria2013@gmail.com Encuéntrenos en @ReferendoAgro Fb: Referendo por el Agro

¡Yo apoyo el campo, firmo el Referendo por el Agro Nacional!

Newsletter Cedetrabajo

El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.

Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.

Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.

Torre de perforación asociada a exploración de gas natural

El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.

Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.

Gustavo Petro habla en conferencia sobre transición energética

La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.

A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.

Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.

La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.

Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.

Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.

La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.

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