El Presupuesto 2026 y su Ley de Financiamiento no representan un camino hacia la sostenibilidad fiscal ni hacia la justicia social. Lejos de concentrarse en quienes concentran la riqueza, el diseño de la reforma desplaza el ajuste hacia las clases populares y medias.
Con incrementos generalizados del IVA, eliminación de beneficios a las familias, impuestos sobre combustibles, herencias y espectáculos, así como con la ausencia de un régimen diferencial para mipymes, la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro se perfila como un golpe directo al bolsillo de los colombianos.
Es una Reforma Tributaria regresiva que contradice las promesas de campaña y que, de aprobarse, profundizará la desigualdad social en el país.
Un presupuesto desfinanciado que recurre a más impuestos
El Gobierno Nacional presentó al Congreso el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, con un monto de $557 billones de pesos, acompañado de una Ley de Financiamiento que busca recaudar $26,3 billones adicionales. Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que los ajustes requeridos superan los $40 billones, lo que deja en evidencia que la propuesta no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La estrategia gubernamental combina más impuestos y más deuda, sin atacar los privilegios tributarios que representan exenciones y beneficios por $135 billones, casi equivalente al déficit actual. La iniciativa se percibe como inoportuna porque no asegura un verdadero saneamiento fiscal, inconveniente por el momento de desaceleración económica, y regresiva porque traslada la mayor carga a los hogares de ingresos medios y bajos.
IVA: Un impuesto regresivo que recae sobre el consumo de los hogares
La columna vertebral de la reforma es el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Al menos el 58% del recaudo ($15,4 billones) esperado provendrá de impuestos indirectos, lo que golpea con mayor dureza a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo cotidiano.
Entre las medidas más regresivas se cuentan:
- Gasolina y ACPM: el IVA subirá gradualmente del 5% al 19% entre 2026 y 2028, acompañado de un mayor impuesto al carbono. Esto encarecerá el transporte público y de carga, así como los costos de producción de las actividades manufactureras y de alimentos, elevando los precios de alimentos y bienes básicos.
- Servicios de parqueadero y áreas comunes no residenciales: serán gravados con IVA del 19%, lo que aumentará costos en centros comerciales, oficinas y espacios empresariales.
- Espectáculos culturales y deportivos: entradas superiores a $500.000 tendrán impuesto al consumo del 19%, limitando el acceso a actividades de entretenimiento y cultura.
- Licores, cervezas y vinos: el IVA sube del 5% al 19%, junto con un aumento sustancial en el impuesto al consumo de cerveza, lo que incrementará el precio final de estas bebidas.
- Vehículos eléctricos e híbridos: pasarán de una tarifa del 5% al 19%, contradiciendo los compromisos de transición energética.
- Importaciones menores a USD 200: quedarán gravadas con IVA, lo que impacta las compras digitales que muchos hogares de ingresos medios realizan para abaratar costos.
El golpe silencioso al ingreso de las familias
Más allá del IVA, la reforma incluye cambios en el impuesto de renta y en el tratamiento de herencias y patrimonio que afectan de manera directa a los asalariados.
- Renta de personas naturales: se recalibra la retención en la fuente y los asalariados con ingresos desde poco más de $8 millones mensuales enfrentarán tarifas más altas.
- Eliminación del beneficio por dependientes: hasta ahora, las personas podían deducir una porción de sus ingresos por cada dependiente. Este beneficio desaparece, lo que representa un doble golpe para las mujeres cabeza de hogar que sostienen a sus familias.
- Ganancias ocasionales y herencias: se gravarán montos superiores al valor de una vivienda VIS, lo que significa que gran parte de las herencias familiares serán objeto de impuestos.
- Impuesto al patrimonio: se reduce el umbral de aplicación a partir de 40.000 UVT (cerca de $1.800 millones), con tarifas progresivas que alcanzan hasta el 5%.
Con estos ajustes, el Gobierno amplía la carga tributaria sobre sectores de ingresos medios que antes no estaban obligados a tributar en estas condiciones.
Promesas de campaña incumplidas
En su campaña presidencial, Gustavo Petro prometió que solo los 4.000 más ricos del país pagarían más impuestos. Sin embargo, la Ley de Financiamiento contradice abiertamente esa promesa: se grava el consumo masivo, se encarece el transporte y se reducen beneficios que afectaban principalmente a asalariados y familias de clase media.
A esta contradicción se suma el incumplimiento en materia de mipymes, ya que se mantiene la tarifa general del impuesto de renta sin introducir un régimen diferencial que fortalezca la competitividad de pequeñas y medianas empresas.
Otro aspecto problemático es la reactivación del impuesto de normalización tributaria, que premia a evasores con la posibilidad de legalizar activos omitidos mediante un pago preferencial del 15%. Esta figura, que había sido usada en gobiernos anteriores, se convierte en una vía de amnistía que contradice el discurso oficial contra la evasión.
Una reforma tributaria inoportuna y socialmente regresiva
La propuesta de Ley de Financiamiento se convierte en el intento de hacer la tercera reforma tributaria del actual Gobierno en apenas tres años, lo que refleja una política recurrente de cargar sobre impuestos el peso del ajuste fiscal. En lugar de atacar el gasto ineficiente y la corrupción, el Ejecutivo insiste en ampliar la base gravable hacia sectores que no corresponden a los “ricos” prometidos en campaña.
El doble discurso es evidente: mientras se otorgan alivios a evasores y se mantiene un gasto tributario elevado en exenciones para grandes empresas, se eliminan beneficios para asalariados, se amplía la retención en la fuente y se encarece la vida cotidiana de millones de colombianos.
En el corto plazo, los efectos se traducirán en más inflación, reducción del ingreso disponible y contracción del consumo interno, factores que pueden frenar la recuperación económica. En el mediano plazo, se refuerza un modelo tributario regresivo que consolida la desigualdad social y debilita la capacidad adquisitiva de la población.
