El señor Juan Manuel Obregón, quien trabajó como secretario de hacienda del Valle hasta el 1 de julio del 2014, fue encargado por el gobernador Ubeimar Delgado para dar respuesta a los reclamos de un grupo de trabajadores de la Biblioteca Departamental que denunciaban el no pago de las estampillas ProUnivalle y Procultura (correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio), como también por el subsecuente desfinanciamiento de los institutos descentralizados (Inciva, Incollbalet, Bellas Artes, Biblioteca Departamental) que ya acumulaban una deuda cercana a los 12.000 millones de pesos por concepto de transferencias.

Las declaraciones por parte del gobierno departamental fueron concisas y lapidarias: “las entidades (descentralizadas) deben reducir sus costos además de autogestionar recursos”. “Yo no mantengo a la biblioteca”, agregó Obregón (http://goo.gl/PakO1h).

Las sinceras declaraciones no pueden entenderse por  fuera de la situación económica del  departamento, el cual se encuentra en ley de quiebra y atado a las obligaciones que le impone la banca. Las deudas del departamento, producto de políticas erróneas y de la corrupción campante, suman medio billón de pesos (1/3  del presupuesto total) y deben ser canceladas sin discriminar qué tipo de políticas públicas se afecten o terminen. De ahí que la política de la gobernación sea liberar recursos públicos, permitiendo la participación del sector privado en el manejo y las finanzas de los institutos descentralizados.

Actualmente estos institutos no sobreviven únicamente con recursos públicos sino han logrado introducir en sus ingresos la denominada “autogestión” que ya representa un 50% en sus cuentas. Si hoy las entidades se manifiestan en contra de la gobernación es porque el modelo de autogestión ha tocado fondo. En el caso de Incolballet la situación es gravísima, pues en lo que va corrido del año no ha recibido absolutamente nada de los 2.000 millones que la gobernación debe destinarle, sin embargo, hace poco la institución logró realizar un festival de las mejores calidades con la ayuda de patrocinadores.

Es bueno recordar que la autogestión se introdujo desde el año de 1997 cuando el Departamento del Valle convirtió al Inciva, Bellas Artes, Biblioteca Departamental e Incolballet en institutosdescentralizados. Dicha figura administrativa concedió mayor autonomía en la gerencia y por contera, una mayor autonomía financiera en el entendido de buscar recursos propios.

En este orden de ideas, la autogestión que propone el ex secretario de hacienda como solución audaz para los institutos descentralizados, hace parte de la misma política que se viene aplicando desde hace varios años. Por lo tanto, a lo que en realidad estamos asistiendo es al colapso de este modelo. Hoy la región tiene un crecimiento económico por debajo del promedio nacional y no produce la riqueza que se necesita para sostener la cultura,  ya no queda empresa pública o privada a la que se le pueda pedir apoyo, lo que inevitablemente está conduciendo a un escenario de privatización  o  a lo que es peor: un cierre definitivo del patrimonio cultural.

En un supuesto panorama de autofinanciación total para la Biblioteca Departamental y teniendo en cuenta datos oficiales tales como: los ingresos por transferencia que dejaría de recibir la institución y el número de visitantes por año; se puede inferir que los costos de los servicios para los usuarios en préstamo de salas (hoy $70.000/hora), suscripción ($10.000/año), llave del saber (1.000 c/u), entre otros, podrían incrementarse en hasta un 1.000% (sólo para compensar los recursos no percibidos por parte de la gobernación) ¿No sería esto un despropósito?

Después de haber escuchado al ex secretario de hacienda del Valle desnudar su verdadera propuesta, sectores académicos, intelectuales, trabajadores y usuarios en general, se mostraron inconformes con el poco compromiso que se tenía con los asuntos culturales de la región, de modo que agendaron un foro denominado “por la defensa del derecho de la información”. Del foro, y de una protesta en vía pública de los trabajadores, se logró comprometer al gobernador Ubeimar Delgado para que destinara próximamente los recursos adeudados a la Biblioteca Departamental.

Sin embargo, el peligro continúa para todas las instituciones descentralizadas, principalmente porque el modelo seguirá imponiéndose. Por consiguiente, todas las fuerzas vivas que luchan por la cultura deben demandar del gobierno regional y nacional  los recursos  necesarios para que el patrimonio cultural de la región pueda cumplir su función social.

La comunidad debe estar presta a organizarse para defender nuestro patrimonio cultural.