El gobierno de Gustavo Petro ha convertido la “transición energética justa” en uno de sus pilares discursivos, pero expertos apuntan a un error de fondo en la política aplicada por el gobierno: confundir la transición con una sustitución abrupta de fuentes energéticas.
Según el especialista en gestión de sistemas energéticos, Juan Benavides, “no existe una transición energética en la historia entendida como un reemplazo. Lo que hay es una agregación de fuentes”. Cada avance tecnológico, desde el carbón hasta la energía solar, se suma, no elimina lo anterior.
Para el exministro de Minas Amylkar Acosta, la salida está en una “transición a la colombiana”, gradual y adaptada a la realidad del país: “Colombia no puede copiar la ruta de Alemania. Somos exportadores de energía, no importadores. Debemos avanzar prudentemente, no frenando en seco la exploración”.
El error conceptual detrás de la transición energética en Colombia
El modelo promovido por el Ejecutivo parte de que reducir la exploración de hidrocarburos acelerará la descarbonización. Sin embargo, los datos muestran que el sector energético no es el principal responsable de las emisiones en el país. En Colombia aporta apenas el 34–35%, mientras que la agricultura y la deforestación concentran el 55%.
“El Pareto de la política pública debería enfocarse en los cuatro factores críticos: deforestación, cambio de uso del suelo, agricultura y ganadería”, advierte Acosta. “Ahí está el verdadero cuello de botella climático”.
Pese a ello, el gobierno ha centrado su política en la narrativa del “pospetróleo”, descuidando sectores clave para el crecimiento. “Somos verdes, pero por pobres”, resume Benavides, al recordar que el consumo per cápita de energía en Colombia (35 GJ) es menos de la mitad del promedio latinoamericano.
Caída en la autosuficiencia y crisis de confianza energética
El efecto de las decisiones políticas se ha sentido en la exploración, la inversión y las reservas. Colombia perdió la autosuficiencia en gas en diciembre de 2024 y comenzó a importarlo a precios superiores, encareciendo las tarifas. La dependencia de combustibles externos vulnera tanto la seguridad como la soberanía energética.
El sector minero-energético, que en 2022 representaba más del 30% de las exportaciones, cayó un 10% en el primer semestre de 2025. Ecopetrol, en lugar de fortalecer su exploración, ha desviado recursos hacia activos eléctricos como ISA, una decisión que para Benavides “debilita su foco estratégico y erosiona su competitividad”.
Fracking y doble moral energética
El veto al fracking es otra muestra de contradicción. Mientras se prohíbe en el país, Colombia importa gas producido con fracking desde Estados Unidos, y su negocio más rentable en el exterior producto de la alianza con OXY en la cuenca Permian utiliza precisamente esa técnica.
“El fracking 4.0 emplea nitrógeno o CO₂ en lugar de agua, y sus emisiones son ocho veces menores que las del petróleo convencional colombiano”, afirma Benavides. En la Permian, las emisiones son 8 kg de CO₂ por barril, frente a 64 kg en Colombia.
La oposición oficial, más ideológica que técnica, ha terminado debilitando la posición del país en el mercado energético global.
Energías renovables: discurso ambicioso, resultados limitados
Pese a que la transición energética en Colombia es una de las banderas de Petro, los avances en energías renovables no convencionales son mínimos. De los 2.400 MW eólicos asignados en La Guajira entre 2019 y 2021, ninguno ha entrado en operación.
El país cayó del puesto 29 al 35 en el índice global de desempeño de transición energética del Foro Económico Mundial, y del tercero al sexto en América Latina. La falta de hoja de ruta, la inseguridad y los conflictos sociales frenan el progreso.
Las fuentes eólica y solar son esenciales, pero intermitentes. Su papel, coinciden los expertos, no es reemplazar, sino complementar a las fuentes firmes como el gas o el carbón.
Una transición con desarrollo, no con decrecimiento
Frente al panorama actual, los expertos proponen un giro hacia el pragmatismo tecnológico y la planificación integrada de recursos. Para Benavides, el país debe evaluar todas las tecnologías, incluido el fracking, sin prejuicios ideológicos, analizando costo-beneficio y riesgo.
Acosta, por su parte, insiste en que la transición energética en Colombia solo será viable si se acompaña de una transformación productiva que diversifique la economía: “Peor que depender del carbón o del petróleo es depender de las importaciones”.
El aprovechamiento responsable de los recursos fósiles podría financiar nuevas industrias limpias, como el hidrógeno verde y la producción de fertilizantes, pilares de una reindustrialización sostenible.
Política sin evidencia, transición sin brújula
La política energética del Gobierno Petro carece de fundamento técnico y económico. Confunde metas climáticas con restricciones productivas, pone en riesgo la soberanía energética del país y el desarrollo económico.
Colombia no puede darse el lujo de frenar su desarrollo bajo una narrativa sin base científica. La verdadera transición energética en Colombia debe ser gradual, racional y sustentada en evidencia, combinando sostenibilidad con crecimiento económico.
