El desarrollo económico requiere de una buena combinación de iniciativa privada y apoyo estatal, expresado a través del gasto público, en la dotación de bienes y servicios de disfrute colectivo. La crisis mundial de 1929 y la de 2008 demostraron que los mercados son incapaces de autorregularse y se necesita la intervención del Estado para […]
El desarrollo económico requiere de una buena combinación de iniciativa privada y apoyo estatal, expresado a través del gasto público, en la dotación de bienes y servicios de disfrute colectivo. La crisis mundial de 1929 y la de 2008 demostraron que los mercados son incapaces de autorregularse y se necesita la intervención del Estado para corregir el rumbo.
En países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Corea el gasto público representa porcentajes de participación significativos. En Estados Unidos es el 38% del PIB, en Francia el 57% y en Alemania el 44%. En cambio en países como Nicaragua es el 24,7% del PIB, en Haití es el 25%, en Zimbabue el 28% y Colombia no está muy lejos de estos niveles, con 29,4% del gasto público como porcentaje del PIB. Así se observa en el cuadro 1.
La discusión no es si los gobiernos deben tener gasto público, sino sobre la calidad del mismo, la selección de las áreas en las que se debe invertir, la eficacia y –por supuesto- el adecuado nivel de gasto que lleve al cumplimiento de las metas. Colombia es definida en el artículo 1° de la Constitución Política como un “Estado social de derecho”, y en su sentido teórico debe propender por la consecución del bienestar general de la población, supliendo las necesidades en materia de salud, educación, vivienda, saneamiento básico, entre otros, como se consagra en el artículo 334 de la Constitución, el cual establece:
“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones (…)”
En la literatura económica pueden encontrarse una diversidad de apreciaciones sobre los sectores en los que debe invertir el Estado, desde la clásica y la neoclásica del Estado mínimo o su actuación de manera residual, hasta las funciones musgravianas que le otorga una mayor responsabilidad al Estado, por ejemplo en la equidad distributiva, estabilidad macroeconómica y eficiencia en la asignación de recursos productivos. Así la literatura económica considera, en general, siete áreas mínimas en las que el sector público tiene responsabilidad de incidir, y donde por tanto su desempeño debe ser evaluado. Estas son:
• Equidad distributiva
• Estabilidad macroeconómica
• Desempeño económico
• Educación
• Salud 5
• Calidad institucional
• Pobreza
Después de delimitar por qué es necesario el gasto público en una sociedad o en lo que se debe o no se debe gastar el presupuesto público, la siguiente pregunta es saber cuánto se debe gastar, si se gasta correctamente y si lo que se gasta funciona. Es decir, la relación resultados/gastos (eficiencia) y la obtención de buenos resultados (efectividad).
La pregunta por la eficiencia del gasto público está relacionada con la pregunta por los resultados del gasto y el nivel de gasto, ya que la manera y la cantidad de lo que gasta el Estado, se espera se refleje en las condiciones de vida de la ciudadanía.
Realizar una caracterización de la función pública en Colombia a través del estudio de la eficiencia del gasto público de la Nación es una propuesta necesaria. Por ello, el presente estudio es una primera aproximación sobre la eficiencia del gasto público, que según respuestas obtenidas por Justicia Tributaria desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), no ha sido realizado.
Para esta investigación se utilizaron fuentes secundarias de información. Los datos utilizados en la investigación se basan en la información suministrada por fuentes oficiales a nivel nacional como el DANE, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y, a nivel internacional como: Cepalstat, Ocdestat, Unesco y el Banco Mundial.
Documento completo:
[gview file=»http://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2017/01/Gasto_publico_web.pdf»]
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
