Red por la Justicia Tributaria en Colombia

Septiembre de 2015

Elaborado por:

Mario Alejandro Valencia. Vocero de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia. Economista, Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Subdirector de Cedetrabajo y profesor universitario.

Sneyder Rivera Sánchez. Investigador de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia. Economista, Especialista en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo.

PRESENTACIÓN

A mediados de 2014 los precios del petróleo y otros minerales iniciaron un camino a la baja que ha afectado sustancialmente las finanzas de la nación, terminando de esta forma un auge que pudo haber sido aprovechado para impulsar sectores productivos.

Durante la última década, las políticas económicas estuvieron dirigidas a especializar al país en la explotación y exportación de recursos naturales no renovables como principal fuente de desarrollo, otorgando beneficios jurídicos y fiscales a la inversión extranjera, y profundizando el modelo de apertura con la suscripción de Tratados de Libre Comercio.

La situación actual del país, que trajo una desaceleración del crecimiento económico y un aumento en el precio del dólar, no corresponde a un escenario imprevisto. Tanto el Gobierno Nacional como el Banco de la República tenían la información y las herramientas necesarias para impedir que la economía se contagiara de la llamada ‘enfermedad holandesa’, que afectó gravemente a la agricultura, la industria y servicios de alto valor agregado.

Ahora se busca que las consecuencias recaigan sobre los habitantes, a través de un recorte insensato del presupuesto en actividades como la agricultura, industria, ciencia y tecnología, y una reforma tributaria que probablemente incrementará los impuestos sobre el consumo y al ingreso de los trabajadores.

En este documento se mostrará que la actual fue una situación previsible, que pudo ser evitada y que un manejo económico diferente generaría crecimiento y prosperidad para la mayoría de ciudadanos.

1. LA ENFERMEDAD QUE TODOS VIERON LLEGAR

El estado actual de las finanzas públicas y el débil crecimiento económico obligan a recordar la crisis que atravesó Colombia en 1999, una de las más profundas del último siglo. Para esa época, a la acelerada, improvisada e irresponsable apertura económica del gobierno de Cesar Gaviria, se le sumaron los descubrimientos de los yacimientos petroleros de Cusiana y Cupiagua. Entre 1990 y 1997, la inversión extranjera directa aumentó 10 veces, al pasar de US$ 484 millones a US$ 5.562, como resultado también de las privatizaciones.

Ante la ausencia de una política nacional para estimular y fortalecer la producción, el auge petrolero de finales del siglo XX se dilapidó, creando una enfermedad holandesa que apreció el tipo de cambio entre 35 y 41%, provocando un déficit en la cuenta corriente de 11% del PIB, una inflación superior al 20%, un aumento de la deuda externa de 376%, hasta llegar a la recesión económica de 1999 con un crecimiento negativo de 4,2% del PIB, que solo resolvió el aumento de precios del petróleo después de ese año.

Es difícil pensar que los rectores de la economía: el gobierno y el Banco de la República, no conocían el escenario y carecían de elementos para actuar en contra de la nueva enfermedad holandesa incubada con la escalada de precios de petróleo sin antecedentes ocurrida en el año 2003 hasta mediados de 2014. Más de una década de incremento en la cotización del crudo que pudo ser aprovechada en inversiones productivas para haber evitado la actual crisis.

En 1997, el entonces director de Fedesarrollo, Mauricio Cárdenas Santamaría, dirigió un estudio en el que recomendaba aumentar los recursos del Fondo de Estabilización Petrolera, un ajuste fiscal (reducir el consumo público) y evitar un mayor endeudamiento1.  Una década después publicó otro estudio en el que explicaba cómo países que atravesaron por bonanzas de recursos naturales aprovecharon esta situación para generar crecimiento estructural, teniendo “entornos macroeconómicos estables que han permitido neutralizar los posibles efectos nocivos de las oscilaciones de los precios internacionales de los productos básicos, así como los síntomas de la enfermedad holandesa”2. Países como Canadá y Australia han construido una minería “con grandes eslabonamientos hacia otras actividades productivas, que han permitido jalonar mayor empleo y valor agregado, y que han promovido el surgimiento de clusters productivos alrededor de polos de desarrollo minero”, afirmaba el estudio.

Una persona versada en este tema, como el actual Ministro Mauricio Cárdenas, tenía las suficientes herramientas teóricas y la información necesaria para haber actuado en coherencia con sus propios estudios, invirtiendo las ganancias de un recurso no renovable en la construcción de elementos de competitividad para sectores productivos en la agricultura y la industria, pero no lo hizo.

El Banco de la República también sabía de las consecuencias de no aprovechar una bonanza petrolera. En diciembre de 2008 publicó un estudio mostrando qué había ocurrido con el auge petrolero entre 1990 y 1997 y advirtió: “es necesario llamar la atención sobre las consecuencias fiscales que traerá la reducción del precio internacional del crudo, ya que la caída en los ingresos provenientes de la actividad petrolera podrá ser similar al monto de recursos obtenidos durante la bonanza”3.

Un experto mundial como el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en noviembre de 2009 advirtió a Colombia que el crecimiento basado en recursos naturales “no genera empleo y sí muchos problemas en el manejo monetario” y que si no se reinvertía el dinero de la bonanza “corre el riesgo de quedar pobre”4.

En abril de 2010, en pleno auge de precios, el entonces candidato a la presidencia Juan Manuel Santos afirmó: “tenemos que evitar la enfermedad holandesa, que en cierta forma ya nos está golpeando (…) El objetivo no sólo es contrarrestar el efecto monetario, sino guardar para el futuro”5. Y en agosto de 2011, en una conferencia en la CEPAL en Chile, el Presidente Santos dijo: “ya estamos en el preámbulo de la enfermedad holandesa, porque la inversión extranjera se está concentrando mucho en esos sectores”6.

Aparte de esto, muchos analistas económicos en Colombia han planteado durante décadas que la especialización en la producción y extracción de productos con bajo valor agregado crean una adicción a la inversión extranjera que acaba con las actividades de mayor creación de riqueza y cuando se va del país provoca un síndrome de abstinencia que termina de ahogar a la economía. De hecho el análisis profundo de esta situación fue el preámbulo de la creación de la Red de Justicia Tributaria, cuando en diciembre de 2011 se publicó el documento: Los beneficios que no deja la inversión extranjera: análisis de los sectores minero y financiero en Colombia, en donde se advertía sobre “las altas cifras de desindustrialización y pérdida de la soberanía alimentaria, la acrecentada adicción al capital internacional y la desigualdad escandalosa”7.

En conclusión, un análisis riguroso de la situación económica actual de Colombia necesariamente debe estudiar las causas que originaron:  el déficit comercial y en cuenta corriente más alto en la historia del país, un precio del dólar que también rompió record y una perspectiva de crecimiento cada vez menor. Así mismo, se presenta un panorama fiscal desalentador para el año 2016, un recorte presupuestal en 15 de 29 sectores, en los que se destacan la caída del agro (38,5%), ciencia y tecnología (19,9%), ambiente y desarrollo sostenible (18,9%), deporte y recreación (40,4%), transporte (18,2%), entre otros.

En estos fenómenos hay una clara responsabilidad en la planeación, diseño y ejecución de políticas económicas a cargo del Gobierno Nacional y del Banco de la República, los ejecutores del manejo económico del país.  Amerita cuestionamientos políticos por parte del Congreso de la República, las autoridades locales y regionales, la academia, los trabajadores y los gremios de la producción. ¿En qué se malgastaron los recursos del auge petrolero y de minerales de la última década? Es una pregunta que los colombianos deben hacer a los coordinadores de la economía.

Existe evidencia histórica que debió haber sido utilizada para evitar que Colombia cayera en la enfermedad holandesa. Esta responsabilidad recae especialmente sobre los hombros del Gobierno Nacional, porque la orientación económica consistió justamente en abandonar a su suerte al aparato productivo nacional, dedicando todos los esfuerzos a la locomotora minero-energética y a la confianza inversionista. No suficiente con esto se provocó una mayor exposición a los desiguales mercados internacionales con la firma de lesivos tratados de libre comercio. Por esto los resultados no deben sorprender.

2.1. Resultados macroeconómicos

La situación macroeconómica del país es lamentable. En los años del auge de precios, entre 2003 y 2013, la producción aumentó 52,3% pero el empleo solo lo hizo 11,5%, probando que la apuesta por actividades extractivas intensivas en maquinaria y en capital financiero de tipo especulativo, no tiene una articulación con la creación de trabajo estable y de alta calidad.

Durante este mismo periodo el sector agropecuario creció en promedio al 2,3% anual y el industrial lo hizo al 3,2%. En comparación con la minería que creció al 6% en promedio anual, el agro aumentó 2,5 veces menos que este sector extractivo y la industria lo hizo 2 veces menos8 . Los sectores productivos combinados (agro e industria), redujeron su participación en el PIB total de 21,9 % en 2003 a 17,2% en 2014.

Como era de esperarse, durante el auge minero-energético la economía creció como burbuja pero los sectores productivos cayeron como bola de acero. En consecuencia, el impacto sobre el comercio exterior del país es altamente lesivo y tiende a agravarse. Es importante aclarar que no es cierto que la crisis de las exportaciones del país sea resultado exclusivo de la caída en los precios de los recursos naturales, pues esta caída en las ventas externas comenzó al menos un año antes de la baja en el precio del petróleo y los demás minerales. En la actualidad se puede mostrar que las exportaciones no tradicionales también están en caída libre y ni siquiera la alta devaluación ha logrado detener este fenómeno.

En 2013 las exportaciones ya experimentaban una caída de 2,2%, en 2014 aumentó la contracción a 6,8% y entre enero y junio de 2015 han caído 31,3%. Solo en este último periodo se exportaron US$ 8.739 millones menos que en los primeros seis meses de 2014. También se evidencia que todos los sectores están exportando menos, no solo el minero-energético. Este, por supuesto explica las menores ventas, con una caída de 42,8% en los primeros seis meses de 2015, pero el agro cayó 2,3% y las manufacturas lo hicieron en 3,7% 9 .

Además, con los países con los que hay TLC vigentes presenta las mayores caí- das en las exportaciones. A Estados Unidos bajaron 28% entre enero y junio de 2015, a la Unión Europea 36,4%, a Canadá 19,2% y a México 2,4%. Para completar este sombrío panorama, si se quitan las exportaciones minero-energéticas, a Estados Unidos en todo caso se exportó US$ 282 millones menos y a la Unión Europea US$ 76 millones menos10.

La balanza comercial en 2014 presentó el peor déficit de su historia, superando los US$ 6.290 millones. Y aunque las importaciones cayeron 10,9% a junio de 2015, otra mala noticia para el país es que en los primeros seis meses de 2015 la balanza comercial acumulaba un déficit por US$ 6.717 millones, superando en 7% el déficit total de 2014.

Otros indicadores como los términos de intercambio (índice de precios de exportaciones/índice de precios importaciones) acumulan una caída de 43% desde 2012 hasta mayo de 2015, lo que significa menos ingresos nacionales. Adicionalmente, la formación bruta de capital fijo en el primer trimestre de 2015 creció menos de la mitad que el mismo periodo de 2014, pasando de 13,3 a 6,0 por ciento. También el crecimiento del consumo total pasó de 5,3% a 3,3% y la inversión extranjera cayó 26% en el primer trimestre de 2015.

Por último, aunque el país ha experimentado una devaluación superior al 56 % en el último año, las exportaciones no repuntan, pero en cambio la inflación ha subido 4,46% también en el año corrido desde agosto de 2015, más del doble de la inflación del mismo periodo del año anterior.

2.2. Resultados fiscales

Una prueba adicional del manejo irresponsable de la economía y de las finanzas del país por parte del Gobierno Nacional, se muestra con el hecho de que en el periodo de mayores precios petroleros, entre 2003 y 2013, el consumo del gobierno fue 8% más alto que el crecimiento total de la economía y la deuda pública aumentó 112% en ese mismo periodo.

Cuando se mira por tipo de gasto, también se observa que a pesar de tener suficiente evidencia que mostraba qué hacer con los recursos obtenidos por el auge petrolero, sistemáticamente se siguió fortaleciendo al sector minero-energético en detrimento de las actividades productivas. Así, el crecimiento promedio del presupuesto para minería fue de 69% anual entre 2003 y 2015, mientras para el agro fue de 16% y para industria de 8%. En este periodo, además, el índice de percepción de corrupción se mantuvo invariable en un índice de 37 (siendo 100 una menor percepción de corrupción), según Transparencia Internacional.

De esta forma, a pesar de que el presidente Santos había advertido la necesidad de “guardar para el futuro”, es cuestionable el hecho de saber por qué los $ 55,5 billones de ingresos petroleros obtenidos entre 2010 y 2013 no se invirtieron en actividades productivas, como lo demuestra la situación actual de la industria y el agro.

2.3. Resultados tributarios

En 2010 el candidato Juan Manuel Santos dijo que: “eso de estar haciendo reformas tributarias cada dos años a nadie le conviene”11. Efectivamente tenía razón. A estas alturas es claro que las reformas de 2012 y 2014 no resolvieron los problemas de la estructura tributaria del país, ni lograron los objetivos propuestos.

Por el contrario, las cifras de la DIAN prueban que la tasa de crecimiento del recaudo perdió dinamismo, pues de pasar de una tasa de crecimiento de 23% en 2011, se llegó a una tasa de 8,4% en 2014, como se ve en la gráfica 1. Estos resultados no son sorprendentes, pues en la medida que las actividades productivas caen y que sectores que jalonan el crecimiento como la minería y el sector financiero tienen enormes beneficios tributarios, las fuentes del recaudo necesariamente deben resentirse.

Así mismo, la regresividad de la estructura no ha logrado corregirse. En cambio, los impuestos directos tienen una tendencia decreciente, mientras los impuestos indirectos una tendencia creciente.

Un aspecto que debe alertar es el hecho de que la brecha entre el recaudo y el gasto del Gobierno Central se ha venido ampliando en los últimos años. Es decir, que el gasto crece a un ritmo mayor que el recaudo como se observa en la gráfica 2.

Entre 2000 y 2014 el recaudo aumentó 5,9 puntos del PIB, mientras el gasto en inversión creció tan solo 1,7 puntos del PIB. Por el contrario las transferencias disminuyeron pero el gasto de funcionamiento sí aumentó 3,3 puntos del PIB.

Entonces esto prueba que las reformas tributarias no son para que el Estado busque el crecimiento económico, sino para continuar con el derroche fiscal de los últimos años.

De hecho, se espera que para 2015 la brecha entre ingreso tributario y gasto con intereses sin amortizaciones, sea del 6,8% del PIB y para 2016 de 5,6%, eso contando con los supuestos macroeconó- micos optimistas del gobierno, que nadie más comparte.

La Red por la Justicia Tributaria no se opone a un mayor gasto gubernamental. Por el contrario, considera que una de las funciones más importantes del Gobierno es la activa intervención en la economía, como lo hacen los países más desarrollados a través de subsidios, inversión en elementos de competitividad, compras públicas, entre otras formas. Como lo ha afirmado el economista Dani Rodrik, “la empresa capitalista más grande de Estados Unidos es el Gobierno Federal”. El problema es que ese mayor aumento del gasto gubernamental en el caso colombiano no solo no se realiza para estimular a sectores productivos, sino que para colmo se realiza en contra de ellos.

Ni la reforma de 2012 ni la de 2014 sirvió para disminuir los índices de desigualdad. En lugar de esto, el GINI caía a una tasa más rápido antes de la reforma de 2012. Nada más entre 2011 y 2012 el índice de GINI pasó 0,548 a 0,539, una reducción de 0.009 puntos; mientras que después de la aplicación de la Ley 1607 de 2012, la reducción a 2014 acumula solo un 0.001, ubicando el índice en 0,538 (gráfica 3). Según la llamada Comisión de Expertos, en Colombia el 10% más rico tiene ingresos 11 veces más alto que el 10% más pobre. En Europa es 3 veces, en EE.UU. 6 veces y es un escándalo. También se sabe que el 1% de la población concentra el 20% del ingreso y que el 88% del ingreso del 1% más rico no está gravado. Así quiere el gobierno que Colombia ingrese a la OCDE.

Peor resulta el que la desigualdad se mantiene intacta después de impuestos, lo que prueba que la estructura tributaria del país no cumple con la función redistributiva, como se observa en la gráfica 4.

Finalmente, la causa fundamental de esta situación es la proliferación, de las dos pasadas reformas, de impuestos indirectos tales como el IVA, la creación de nuevos como el Impuesto Nacional al Consumo y el Impuesto Nacional a la Gasolina y el ACPM. La participación de los impuestos indirectos en el recaudo nacional pasó de 26,9% en 2012 a 28,9% en 2014; mientras que, a pesar de la creación del CREE, entre 2012 y 2014 la participación de este impuesto junto con el impuesto de renta, impuestos directos, ha crecido solo un 0,1%. Así mismo, la tasa de crecimiento de los impuestos indirectos es mucho mayor que la de los impuestos directos. Teniendo en cuenta el año 2014, los impuestos indirectos crecieron un 12,9%, muy por encima del 6,2% de los impuestos directos (Cuadro 1), reflejo de que la estructura tributaria se está recostando sobre el grueso de la población, la clase media trabajadora.

2.3.1. Los beneficios tributarios en la estructura de Renta

En 2014 la Red por la Justicia Tributaria mostró que el costo fiscal de los beneficios tributarios en renta puede ser aproximadamente de $ 9,2 billones al año. De este monto, el sector financiero obtiene $2,77 billones de manos del Estado y el sector minero $476.000 millones. Actividades como el comercio, entre otros tipos de servicios, recibirían $3 billones, mientras la agricultura y la industria juntas no sumarían $310.000 millones en beneficios al año.

Aún se mantienen 89 tipos diferentes de beneficios tributarios en renta que no están justificados y sobre los cuáles no hay un análisis que indique si efectivamente están jugando un papel en incentivar actividades productivas o si se necesitan técnicamente para garantizar eficiencia en el recaudo.

Por eso la inequidad fiscal se mantiene. Muchas rentas del capital permanecen exentas mientras las del trabajo aumentan. Por ejemplo, para 2014 los ingresos no constitutivos de renta de los rentistas de capital son 8,7 veces más grandes que los de los asalariados.

Con relación a una reforma tributaria estructural, un tema ineludible es la revisión a fondo de estos beneficios tributarios, como una de las fuentes que garantice un mayor recaudo, tan necesario en tiempos de crisis.

3. PROPUESTAS DE JUSTICIA TRIBUTARIA

En el actual escenario de crisis económica que afronta el país, y que se espera se profundice para el año 2016, es necesario que el Congreso de la República, los gremios de la producción, los trabajadores, académicos y en general los ciudadanos insistan en una transformación de la polí- tica económica del país y de su estructura tributaria.

Algunos elementos generales sobre los cuales ha insistido la Red por la Justicia Tributaria, en sus casi tres años de creación, se enuncian a continuación:

1. El país mantiene 89 tipos diferentes de beneficios tributarios en el impuesto sobre la renta que tendrían un costo fiscal por $ 9,2 billones. La conveniencia y eficiencia de estos beneficios deben ser estudiados a fondo y si es necesario eliminar los de sectores que no le están aportando al desarrollo del país, como el minero-energético y el financiero.

2. Entre los beneficios al sector minero-energético, existe la posibilidad de deducir del pago de impuestos lo que se pagó por regalías, gracias a una decisión técnica de la DIAN que debe revertirse.

3. Se debe cobrar un impuesto a los dividendos, que existe en otros paí- ses miembros de la OCDE, y que en promedio pagan una tarifa del 24% por este impuesto. En Colombia se ha propuesto con una tarifa de entre el 10% y 15% para dividendos mayores a $42 millones, protegiendo así a pequeños accionistas.

4. En concordancia con este punto, se debe eliminar el impuesto a la riqueza, por considerarlo como un castigo al ahorro y a la inversión en actividades productivas, mientras es un estímulo a la importación de mercancías. Es necesario reemplazar este impuesto por el de los dividendos.

5. Así mismo, se debe cobrar nuevamente el impuesto a las remesas, en relación a la salida de capitales, que fue desmontado en el año 2006 cuando estaba en una tarifa de 7%.

6. Finalmente, desde la Red por la Justicia Tributaria se rechaza la insistente propuesta de Fedesarrollo, el coordinador de la Comisión de Expertos de la Reforma, en aumentar el IVA u otros impuestos al trabajo. No es justo que los platos rotos de la crisis la paguen los trabajadores y las clases medias.

7. Actuar decididamente en contra de la evasión tributaria que se realiza a través de paraísos fiscales. En concordancia, se debe declarar a Panamá, Islas Vírgenes, Anguila y Luxemburgo, entre otros, como paraíso fiscal.

4. CONCLUSIONES

El manejo económico de los últimos años desconoció la evidencia histórica, haciendo repetir los mismos errores del pasado, con relación a no aprovechar el auge de precios del petróleo. Por el contrario, se derrocharon los recursos sin invertir en actividades productivas, que hubieran construido un mejor andamiaje para resistir la actual coyuntura mundial de caída de precios de los commodities y fortalecimiento del dólar.

Como consecuencia, los indicadores macroeconómicos, fiscales y tributarios muestran una situación precaria de la economía colombiana, a la que se suma el agotamiento de las reservas petroleras y los fuertes impactos negativos causados por la voraz explotación minera.

El panorama futuro no es alentador, toda vez que mantener la tasa de crecimiento de recaudo en impuestos será difícil, por cuenta de la caída en los ingresos petroleros, mineros y el desmantelamiento de buena parte del aparato productivo agrícola e industrial. También el presupuesto para 2016 ya plantea una “austeridad inteligente”, que va en el camino recesivo de Grecia. De esta forma, aumentan las propuestas para un incremento del IVA y otros impuestos a los ingresos provenientes del trabajo, que terminará de hundir la economía.

Esta crisis debe motivar a un debate sobre la inequitativa estructura tributaria de Colombia, como incluso lo reconoce la comisión de expertos para la reforma tributaria. Desde el Congreso de la Repú- blica, entidades territoriales, academia, gremios y organizaciones de trabajadores, se debe insistir en la urgencia de discutir a fondo sobre los beneficios tributarios, especialmente aquellos dirigidos a sectores como el minero y financiero, que han obstaculizado el desarrollo económico del país.

Otras propuestas para lograr un mayor recaudo deben ser consideradas. Por ejemplo, las necesidades tributarias de la nación deben ligarse inexorablemente a su capacidad productiva. El futuro de las finanzas públicas depende del fortalecimiento del aparato productivo nacional y su capacidad de creación de alimentos y mercancías en reemplazo de importaciones innecesarias. De esta forma, como ocurre en los países más ricos del planeta, se crea verdadera riqueza, se generan trabajos de alto valor, estables y bien remunerados, que estimulan la capacidad de consumo y produce un círculo virtuoso de progreso. Al final, con un adecuado manejo de los ingresos estatales, se puede dar un salto cualificado hacia el desarrollo.

 Lograr lo anterior requiere actores polí- ticos con voluntad y capacidad de emprender las transformaciones económicas necesarias, iniciando por la revisión a fondo de los acuerdos económicos internacionales y las cláusulas que limitan la autonomía y restringen la intervención del Estado en la orientación de la economía. La Red por la Justicia Tributaria en Colombia está comprometida con el análisis, la producción y la difusión de información con el objetivo de abordar el debate sobre el futuro económico.

Así mismo, para acompañar a los congresistas, empresarios, trabajadores, estudiantes, movimientos sociales y ciudadanos convencidos de que una política económica diferente puede ubicar al país entre los países con más desarrollo y mejor calidad de vida para su población, resolviendo de fondo los problemas sociales más graves como la pobreza y la desigualdad.

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1. El Tiempo. Enfermedad holandesa se engendra en Colombia. 17 octubre 1997. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-692480

2. Cárdenas, M. y Reina, M. La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal. Fedesarrollo, abril de 2008. Disponible en: http://www.repository.fedesarrollo.org.co/ bitstream/11445/893/1/CDF_No_25_Abril_2008.pdf

3. Rincón, H. y Lozano, I. Rentas petroleras, subdisios e impuestos a los combustibles: ¿Qué ocurrió durante el choque reciente de precios?. Banco de la República, borradores de economía No. 541, 2008.

4. Semana. “El gobierno tiene un rol importante en la economía”: Stiglitz. 21 noviembre de 2009. Disponible en: http://www.semana.com/politica/articulo/el-gobierno-tiene-rol-importante-economia-stiglitz/110095-3

5. Portafolio. ‘Veo al país dando el salto hacia la prosperidad’: Juan Manuel Santos. 26 de abril de 2010. Disponible en: http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-7672907

6. Sistema Informativo del Gobierno. Palabras del Presidente Juan Manuel Santos ante la Cepal. 17 de agosto de 2011. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Agosto/Paginas/20110817_08.aspx

7. Valencia, M. y Orjuela, H. Los beneficios que no deja la inversión extranjera: análisis de los sectores minero y financiero en Colombia. Recalca, diciembre de 2011. Disponible en: http://cedetrabajo.org/ los-beneficios-que-no-deja-la-inversion-extranjera/

8. DANE. PIB por oferta a precios constantes.

9. DANE. Anexos exportaciones a junio de 2015

10. Ibid.

11. Portafolio. ‘Veo al país dando el salto hacia la prosperidad’: Juan Manuel Santos. 26 de abril de 2010. Disponible en: http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS- 7672907

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