Opinión Portafolio La Alianza Pacífico resume en un solo tratado lo bueno y lo malo del proceso de inmersión de nuestro país en las agitadas aguas del comercio global. Si bien desde la perspectiva política el acercamiento estratégico con Chile, México y Perú –miembros fundadores de la Alianza Pacífico– es un acierto digno de reconocimiento […]
Opinión Portafolio
La Alianza Pacífico resume en un solo tratado lo bueno y lo malo del proceso de inmersión de nuestro país en las agitadas aguas del comercio global. Si bien desde la perspectiva política el acercamiento estratégico con Chile, México y Perú –miembros fundadores de la Alianza Pacífico– es un acierto digno de reconocimiento y aplausos públicos, es igualmente necesario confesar que el ministro de Comercio, Santiago Rojas, y la viceministra, Claudia Candela, heredaron una bolsa de anzuelos que contiene todo lo que no se debe hacer en negociaciones internacionales.
Para comenzar, el entendimiento comercial de Alianza Pacífico es el único acuerdo negociado en los últimos 20 años en el cual la transparencia y la concertación con el sector privado brillan por su ausencia. El inevitable, e incluso previsible, retiro del ‘cuarto de al lado’ del gremio más antiguo del país, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), no tiene antecedentes conocidos. Es más, este acuerdo comercial –por medio del cual se eliminan los aranceles de los bienes agropecuarios e industriales nacionales– es el único pacto negociado en nuestro tiempo sin instrumentos legítimos de defensa comercial (salvaguardias, medidas antidumping y derechos compensatorios contra subsidios a las exportaciones). A diferencia de los demás tratados internacionales de última generación, este arreglo mercantil tampoco contempla la eliminación de los subsidios a las exportaciones, considerados abiertamente perjudiciales para la producción nacional.
De análoga manera, el pacto comercial de la Alianza Pacífico es, quizás, el único en estas dos décadas sobre el cual pesan ominosas constancias originadas en el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia. En ellas, varios honorables congresistas pertenecientes a diferentes agrupaciones políticas le solicitan de manera explícita y perentoria al Gobierno Nacional, que no ofrezca el Sistema Andino de Franjas de Precios, ni negocie los aranceles de los productos sensibles del agro, especialmente en arroz, maíz, lácteos, carne porcina, oleaginosas y azúcar. Los senadores y representantes que suscribieron estas constancias el 16 de mayo pasado le advierten al Gobierno que si sus recomendaciones no se acatan harán “oposición” a este tratado, “por considerarlo lesivo para el sector agropecuario”.
Pese a estos graves antecedentes y claras admoniciones políticas, según recientes declaraciones del canciller chileno, Alfredo Moreno, al diario Pulso, los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú podrían reunirse en diciembre o enero próximos para suscribir el acuerdo comercial de la Alianza Pacífico, el cual “contempla bienes, servicios, compras públicas, eliminación de todos los aranceles, sistemas de solución de controversias y de facilitación de comercio”.
Así pues, el acuerdo comercial de Alianza Pacífico y el camino al infierno tienen algo en común: ambos están empedrados de buenas intenciones.
Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies
andresespinosa@inver10.co
por: Andrés Espinosa Fenwarth
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
