La actual situación económica del país es absolutamente crítica. El desempleo y la pobreza se mantienen en niveles realmente preocupantes, el aparato agropecuario e industrial no repuntan como resultado de los Tratados de Libre Comercio(TLC), la concentración de la riqueza y la desigualdad social continua profundizándose, la dependencia del capital extranjero como variable principal de […]
La actual situación económica del país es absolutamente crítica. El desempleo y la pobreza se mantienen en niveles realmente preocupantes, el aparato agropecuario e industrial no repuntan como resultado de los Tratados de Libre Comercio(TLC), la concentración de la riqueza y la desigualdad social continua profundizándose, la dependencia del capital extranjero como variable principal de la economía nacional se aumenta, y sus nefastas consecuencias se sienten en el persistente déficit de las cuentas externas y en el déficit fiscal, al no poder garantizar las elevadísimas tasas de ganancias o de rentabilidad que exige el gran capital financiero internacional, principalmente el norteamericano.
El alza de los impuestos indirectos como el IVA, o el impuesto a los combustibles gracias a la reforma tributaria aprobada recientemente, viene golpeando duramente el consumo de los hogares, en especial el de las capas medias y el de los sectores más vulnerables, mientras se mantienen las inmensas exenciones tributarias a las grandes corporaciones multinacionales, afectado por esa vía la capacidad de obtención de mayores ingresos y ocasionado que el país tenga que ver cómo crece su endeudamiento con la banca multilateral, como resultado de todo este haz de políticas públicas que traza el libre comercio y el neoliberalismo, el cual sea elevado a una fase superior en la actual administración del Presidente Juan Manuel Santos.
Para el caso específico del sector educativo, estas política consiste en el marchitamiento de la educación pública, atraves del recorte progresivo de los recursos que gira el gobierno central a las entidades territoriales y a las universidades públicas, además de seguir profundizado con todo rigor la política de la privatización de la educación, que convierte lo que es un derecho fundamental y esencial, en un execrable negocio.
Este es el contexto general que explica los resultados estadísticos que evidencian la profunda crisis educativa que viene experimentado el Departamento de Bolivar y el Distrito de Cartagena, en donde las administraciones tanto del Gobernador Dumek Turbay y del Alcalde Manolo Duque, implementan estas mismas políticas que tiene como característica esencial la privatización y la desfinanciación de la educación pública, y cuyos desfavorables resultados se exponen detalladamente en esta investigación elaborada por el Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) Capitulo Cartagena y el Sindicato Único de Educadores de Bolivar (SUDEB).
MEDARDO HERNÁNDEZ
Presidente del SUDEB
LEONARDO JIMÉNEZ
Director de Cedetrabajo Capitulo Cartagena.
LUIS RAMÓN PÁJARO
Secretario general del Sudeb
JUAN CAMILO DE ÁVILA
Investigador Línea educativa de Cedetrabajo
Resumen ejecutivo
- La cobertura general en materia educativa se redujo de 268 mil 666 estudiantes en 2010 a 226 mil 825 estudiantes, según las cifras de la Secretaria de Educación en Cartagena, 2017.
- La matrícula oficial que en el Distrito se viene disminuyendo de manera significativa al pasar de 121 mil 720 estudiantes a 116 mil 870 estudiantes entre 2010 – 2016.
- La matrícula privada que representa el 25% del total de la población estudiantil, entre 2010 – 2016 presento una tendencia constante al pasar de 56 mil 388 estudiantes a 56 mil 627 estudiantes.
- La tasa de deserción escolar en Cartagena viene aumentado de manera sustancial al franquear del 2.77% al 4.95% entre 2010 – 2015, siendo la tasa deserción oficial en el grado básica secundaria del 5.16% y en preescolar del 5.65%.
- Algunas de las Instituciones Educativas Oficiales que superan la media de deserción escolar Distrital son: Institución Educativa José María que en el 2010 tenía una tasa de deserción escolar de 2.27% para ubicarse en 10.19% para 2015; Igualmente en la Institución Educativa Omaira Sánchez cuenta con una deserción del 0.53% en el 2010 y en el 2015 es del 12.0%, asimismo la Institución Educativa de la Santa Ana paso de 4.6% a 12.93% en el 2015 entre otras.
- Según cifras de la Secretaria de Educación Distrital en el 2015 fueron 10 mil 637 estudiantes que abandonaron las aulas de clase en ese año.
- En la actualidad existen 4 mil 054 niños de 5 años que equivalen al 24% del total de la población en esas edades que se encuentran fuera del Sistema Educativo Distrital, esto significa que de 100 niños en esas edades, 24 están por fuera de las Instituciones Educativas.
- Asimismo, existen más de 16 mil 474 jóvenes que equivalen al 44.6% de los jóvenes entre 15 y 16 años que están por fuera del Sistema Educativo Distrital.
- La tasa de supervivencia que es un indicador técnico de eficiencia interna del Sistema Educativo paso de 62.21% al 52.88% entre 2010 -2016.
- Según la Secretaria de Educación Distrital y la Fuente Predis, el Presupuesto de la Educación en Cartagena se redujo de $415 mil 801 millones a $376 mil 081 millones entre 2016 – 2017, siendo los recursos provenientes del SGP Educación los que más se reducen al pasar de $360 mil 620 millones a $313 mil 137 millones, esto es un recorte de $47 mil 482 millones entre 2016 – 2017.
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El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
