dw.com Francia vive una interminable serie de huelgas y manifestaciones. Estos cinco números explican por qué es tan difícil en Francia ponerse de acuerdo sobre una (modesta) reforma del mercado de trabajo. 3.511.100 Ese es el número de personas sin empleo en Francia. Esto significa una tasa de desempleo del 10,3%, ligeramente por debajo del […]
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Francia vive una interminable serie de huelgas y manifestaciones. Estos cinco números explican por qué es tan difícil en Francia ponerse de acuerdo sobre una (modesta) reforma del mercado de trabajo.
3.511.100
Ese es el número de personas sin empleo en Francia. Esto significa una tasa de desempleo del 10,3%, ligeramente por debajo del récord del mandato del actual presidente. Pero este es, en cualquier caso, demasiado alto como para que Hollande pueda hablar de una «caída significativa» de la desocupación. Lo especialmente preocupante es la tasa de desempleo juvenil: el 24% de los jóvenes no encuentra trabajo, algo que se traduce en problemas para el futuro de Francia. Un hecho que tradicionalmente genera tensiones en las calles de las grandes ciudades.
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Este es el porcentaje de la población francesa activa que es oficialmente miembro de un sindicato. Es un número bajo, en comparación con la afiliación sindical en Dinamarca (66,8%) o incluso en Alemania (18,1%). Pero no hay que subestimar el poder que tiene. Un promedio del 70 al 80% de los empleados participa en las elecciones para los consejos de trabajadores de las empresas. Así que, aunque la mayoría no pertenece a un sindicato, participa activamente en el gremio que los representa.
Algunos sindicatos están a favor de la prevista reforma del mercado de trabajo, pero algunos decididamente no lo están. Entre estos últimos está el izquierdista CGT, que tradicionalmente tiene mucha influencia sobre los trabajadores. La CGT rechaza de plano la reforma y quiere demostrar que todavía tiene suficiente poder para bloquear todo el proyecto. Así eso implique afectar la Eurocopa.
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… como el artículo 2 de la reforma laboral prevista, también llamada «Ley Khomri», según el nombre de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri. Ella estaba apuntando a darle un toque de liberalismo a la Francia socialista y se metió en un avispero, especialmente por este artículo.
¿Qué pasaría si entra en vigor? El asunto es complicado, pero lo esencial es dar a las empresas el derecho a negociar sus propios acuerdos con los sindicatos y otros colaboradores de planta. Hasta ahora ha sido al revés. Algunos sindicatos están aterrorizados de que esto pueda erosionar su poder y, de hecho, probablemente conduzca a una reducción del coste de las horas extras en algunas empresas, por lo que la carga laboral de la semana de 35 horas en Francia pueda ser más ligera para algunos empresarios. Pero nada está garantizado y el artículo 2 tiene límites muy claros. Sin embargo, es la mayor piedra en el zapato de algunos sindicatos.
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Este es el lugar que Francia ocupa en competitividad internacional, asociada a la (in)flexibilidad de su mercado laboral. Eso es bastante malo. En otras categorías a Francia le favorece tener una gran infraestructura ferroviaria y la disponibilidad de Internet de alta velocidad. Pero la segunda mayor economía de UE tiene que mejorar en todos los campos. Actualmente, la baja productividad de Francia está arrastrando los índices de la Unión Europea hacia abajo.
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El 14% de los franceses votaría a favor de Hollande, en caso de volver a presentar su candidatura. Una cifra sorprendente, toda vez que su Gobierno no tiene, en la realidad, nada exitoso que mostrar en todo el tiempo de su mandato, hasta ahora. Ahora, él está claramente empeñado en hacer algo que mejore la competitividad mundial de su país. Pero no es muy probable que logre cambiar el ambiente antes de la Eurocopa.
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
