Por: María Fernanda Arteaga Cuarán

En Colombia, el derecho a la salud se viola con frecuencia. Entre enero de 2021 y agosto de 2024, la Corte Constitucional dictó 123 resoluciones sobre problemas relacionados con este derecho, mientras que sólo emitió 25 sobre el derecho al trabajo y 77 sobre el derecho a la educación en el mismo periodo. Dentro de este panorama, las mujeres enfrentan una situación aún más difícil, ya que su acceso a una atención médica adecuada es especialmente problemático.

Más allá de las enfermedades resultantes de estilos de vida precarios, como la falta de una alimentación adecuada, seguridad y condiciones de salud en el trabajo, problemas que afectan a toda la población sin distinción de género o edad, las mujeres enfrentan un desafío adicional y grave: la violencia de género. 

Este problema no solo persiste, sino que muestra una tendencia alarmante a intensificarse. La violencia de género añade una vulnerabilidad específica, exacerbando las dificultades de acceso a recursos y servicios esenciales, y perpetúa un ciclo de desigualdad y sufrimiento que afecta profundamente la salud física y mental de las mujeres.

Una de las formas de violencia que afecta a las mujeres de manera más significativa es la violencia sexual. En 2024, según los datos de la tasa de notificación de «casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, por tipo de violencia» del Instituto Nacional de Salud, se han reportado 1,305 casos de violencia sexual. 

Es crucial señalar que, cuando existe una «sospecha» de violencia sexual, es casi siempre indicio de que la violencia efectivamente ocurrió, independientemente de si se denunció o no el hecho. Sin embargo, la mayoría de los casos de violencia sexual no se reportan a las entidades de salud debido a la desinformación y a la cultura de la violación predominante en el país, que tiende a juzgar a las víctimas en lugar de ofrecerles el apoyo necesario.

Los datos revelan que la mayoría de los casos de violencia, especialmente física y psicológica, afectan a mujeres adultas y ocurren dentro del entorno familiar, lo que resalta la necesidad de enfoques de género en la prevención. Los menores son particularmente vulnerables a la negligencia, el abandono y la violencia sexual, subrayando la urgencia de políticas de protección infantil.

Es alarmante que el 94.7% de los casos de negligencia y abandono sean cometidos por familiares, lo que subraya la necesidad de intervenciones que aborden la dinámica intrafamiliar y ofrezcan apoyo seguro a las víctimas. Con una sociedad predominantemente hostil hacia las víctimas, el Estado tiene un papel crucial: puede combatir o intensificar esta cultura de abuso. Lamentablemente, en el gobierno actual suele ser más frecuente lo segundo.

Las instituciones responsables de atender estos temas no están funcionando correctamente. Es necesario capacitar y remunerar adecuadamente al personal. Desde 2022, se han reportado múltiples denuncias por acoso y precarización laboral en la Secretaría de la Mujer, afectando la eficacia de la Línea Púrpura. Falta claridad y efectividad en las rutas para garantizar el bienestar físico y mental de las víctimas. La burocracia ha obstaculizado la creación de instalaciones adecuadas y herramientas esenciales para un acompañamiento y atención adecuados.

Las capacitaciones para la prevención de estos casos es escasa, por no decir nula, siendo un gran problema detectar qué es una violencia sexual y cómo se debe atender a una víctima/sobreviviente de violencia sexual.

Incluso es deficiente la aplicación y seguimiento a los protocolos de atención en las instituciones de salud, en las que se revictimiza, minimiza y desinforma a quienes acuden en busca de ayuda.

Además, el gobierno nacional ha incumplido sus promesas hacia las mujeres; tras dos años en el poder, el balance es negativo. No se ha actualizado la política nacional de derechos sexuales y reproductivos. La deficiencia del sistema de salud en Colombia agrava el trauma de las víctimas de violencia sexual, provocando complicaciones físicas y mentales y dificultando la posibilidad de construir una vida digna.

La bandera de apoyo al gobierno debe izarse solo para un gobierno que implemente un sistema de salud integral adaptado a las necesidades específicas de las mujeres, no para uno que solo lo mencione en discurso sin respaldarlo con políticas públicas y presupuesto adecuados. Es fundamental abandonar las posturas neo-liberales que han prevalecido en Colombia, y que, con las reformas propuestas, dificultan la protección y reparación de las víctimas de violencia sexual y otras violencias de género.

Aunque iniciativas de organizaciones de mujeres como la Fundación Las Guaguas brindan apoyo valioso, es preocupante que las políticas públicas no integren estos esfuerzos con las necesidades reales de las mujeres. El Ministerio de Igualdad y Equidad, encargado de garantizar los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables, no está cumpliendo seriamente con las promesas de campaña. En lugar de abordar efectivamente estos problemas, su ejecución parece centrarse en obtener la aprobación de organismos internacionales, sin realmente cumplir sus responsabilidades con la gente.