En 2022, el gobierno de Gustavo Petro aprobó una reforma tributaria que introdujo los llamados “impuestos saludables” en Colombia. Se trataba de un nuevo gravamen sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. La narrativa oficial sostenía que el objetivo era reducir el consumo de productos nocivos para la salud. Sin embargo, el comportamiento de las cifras y la reacción de la industria apuntan en otra dirección: estos impuestos fueron diseñados principalmente para obtener más recursos, no para proteger a la población.

Un recaudo en ascenso que contradice el discurso oficial

Entre enero de 2024 y mayo de 2025, los impuestos saludables generaron 4,48 billones de pesos, lo que equivale al 1,1% del recaudo tributario total del país. Los ultraprocesados aportaron 3,7 billones, y las bebidas azucaradas, 776 mil millones. El recaudo aumentó un 25% frente al mismo periodo del año anterior. En términos corrientes los comestibles ultraprocesados subieron un 20%, pero las gaseosas y bebidas similares lo hicieron un 54,2%.

En apariencia, la medida funcionó como un instrumento fiscal eficaz. Y en efecto, eso es lo que fue. No una estrategia de salud pública, sino una vía para tapar huecos en las cuentas del Estado. La regla fiscal no se cumplió. El déficit persiste. El endeudamiento crece. En ese contexto, Petro ha anunciado una nueva reforma tributaria. Una más. Otra que seguramente volverá a pasarle la cuenta a los hogares populares y a las pequeñas empresas.

El impuesto saludable: regresivo y sin efecto claro sobre la salud

Lo primero que salta a la vista es que estos impuestos no han demostrado ser efectivos para transformar hábitos alimentarios. La disminución en la frecuencia de compra o el volumen de ventas ha sido marginal. Algunas marcas cambiaron sus fórmulas para evitar el tributo. Los consumidores migraron a opciones más baratas dentro del mismo grupo de productos. Nada indica una transición sostenida hacia dietas más sanas.

Pero lo más grave es el efecto económico. Miguel Ángel Rodríguez, Director de Investigaciones de Cedetrabajo, advierte que los impuestos saludables han agudizado la regresividad del sistema tributario. Afectan con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, que dedican una proporción más alta de su presupuesto a alimentos. Un gravamen sobre la canasta básica, como este, termina ampliando la brecha de desigualdad.

Bernardo Useche, Director de Salud de Cedetrabajo, ha sido más tajante: el impuesto es “regresivo, inconstitucional e inequitativo”, porque castiga a quienes menos tienen. Para las familias más pobres, los alimentos ya representan el 38,3 % del gasto. Si encima tienen que pagar más por los productos que efectivamente están a su alcance, el resultado es un empobrecimiento encubierto.

La paradoja de precios y la trampa fiscal

FENALCO alertó desde el inicio sobre la caída de ingresos en tiendas de barrio. Reportaron pérdidas del 10 al 15%. Muchos comerciantes de zonas populares vieron disminuir sus ventas porque los productos con impuesto salieron más caros y los clientes dejaron de comprarlos en la misma cantidad.

Lo irónico es que mientras los ultraprocesados subieron de precio moderadamente, los alimentos frescos—los supuestamente “no gravados”—se encarecieron aún más. Resultado: comer sano sale caro, y ni siquiera el impuesto logra orientar las decisiones de compra. La gente sigue eligiendo según lo que le alcanza.

El consumo no baja: determinantes sociales que nadie quiere ver

Los defensores del impuesto citan con frecuencia el caso del Reino Unido, donde se redujo el contenido de azúcar en algunos productos tras la introducción de un tributo similar. Pero esa comparación resulta poco útil cuando se traslada al contexto colombiano. Aquí no se puede suponer que subirle el precio a una gaseosa hará que una persona cambie su dieta. ¿Por qué? Porque hay un contexto que condiciona todo: la falta de acceso al agua potable.

Según la Encuesta de Calidad de Vida 2024, cerca del 40% de los hogares del país no tiene acceso a fuente de agua mejorada. Y aun entre quienes sí tienen conexión formal a acueducto, la calidad del agua sigue siendo deficiente. El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) rural para ese año fue de 17,5 a nivel nacional, pero superó el 40 en departamentos como Chocó, Sucre y Nariño, lo cual los ubica en nivel de riesgo alto o inviable sanitariamente.

En departamentos como Guainía (21,7% de cobertura), Vaupés (27,4%), Chocó, Vichada o Putumayo, las tasas de cobertura están por debajo del 50%. Y a la vez, son también los departamentos con mayor consumo de bebidas azucaradas: más del 87% de los hogares en Guainía y Vaupés reportan consumo regular. No es una elección libre. Es una respuesta frente a un sistema que no garantiza agua segura ni asequible. ¿Y en esos contextos qué termina siendo lo más parecido al agua para calmar la sed? Una bebida azucarada que aguanta meses —o incluso años— guardada sin dañarse.

México y el espejo que no queremos mirar

El caso mexicano es ilustrativo. Desde la firma del TLCAN en 1994, Estados Unidos inundó el mercado con comida chatarra y bebidas azucaradas. Alyshia Gálvez lo documenta en su libro Comiendo NAFTA. La dieta tradicional mexicana fue desplazada. Para 2015, México era el país con mayor consumo de ultraprocesados y el primero en obesidad global. Ese año, el promedio por persona era de 214 kilos de comida basura anuales.

Las muertes por diabetes se dispararon. Pasaron de 46.000 en el año 2000 a más de 150.000 en 2020, y aunque bajaron levemente después, en 2023 aún superaban las 110.000. La tendencia sigue siendo crítica. El gobierno reaccionó con un impuesto a las bebidas azucaradas en 2014. ¿Funcionó? En parte. Pero no solucionó el problema. Porque el acceso al agua potable seguía siendo limitado. En estados como Chiapas, donde Coca-Cola incluso tiene más presencia que el acueducto, el consumo sigue imbatible. Se estima que allí se beben más de dos litros de gaseosa al día por habitante.

El TLC, la globalización alimentaria y el caso colombiano

Colombia ha seguido un camino parecido. Desde que entró en vigencia el TLC con Estados Unidos en 2012, el país vivió una “nueva transición nutricional”. Los productos importados desplazaron la producción local. Las frutas nacionales fueron reemplazadas por snacks y bebidas de marcas globales. Se consolidó una dieta industrial basada en combos de gaseosa y fritura.

El Dr. Useche lo resume así: “Con los TLC, los estantes se llenan de ultraprocesados y la comida natural desaparece”. El deterioro de la soberanía alimentaria no solo afecta la economía campesina, sino también los hábitos de consumo. Comer saludable ya no depende sólo de decisiones individuales, sino de un entorno cada vez más restringido por intereses comerciales y acuerdos internacionales.

La industria no pierde: el consumidor paga

En Colombia, Postobón—la mayor embotelladora nacional—no solo no vio caer sus ingresos tras el impuesto. Los aumentó. En 2023, sus ganancias subieron casi 70% y entró en el top 5 de empresas del sector. ¿Cómo lo lograron? Reformulando productos, cambiando etiquetas y evitando el impuesto.

Cuando se discutía la reforma tributaria, el gobierno propuso gravar bebidas con más de 4 gramos de azúcar por cada 100 ml. Pero en el Congreso se subió ese umbral a 6 gramos. El resultado: gaseosas como Colombiana, Uva y Mr Tea quedaron exentas. Coca-Cola hizo lo mismo con marcas como Sprite. Otras, como Fanta, fueron reformuladas. Así, el peso del impuesto recayó en menos productos, pero la industria mantuvo márgenes. A veces más.

Además, muchas marcas reforzaron su portafolio de bebidas sin azúcar. Postobón promovió su línea H2O y Coca-Cola empujó su “Zero Sugar”. En la práctica, el negocio se reacomodó. Y los consumidores… simplemente pagaron más.

¿Una solución? No si no cambia lo estructural

El Dr. Useche lo advierte con claridad: “Los determinantes sociales de la salud son más importantes que el impuesto. Si la gente no tiene acceso a agua potable ni a alimentos frescos, no se puede hablar de elección saludable”. El problema de fondo no se resuelve penalizando el consumo, sino garantizando condiciones para una dieta sana. Es decir: agua segura, precios accesibles, educación alimentaria y soberanía productiva.

Y nada de eso puede lograrse con una medida tributaria aislada. Ni con una campaña de etiquetas negras. Ni con la ilusión de que subirle $200 a una gaseosa hará que desaparezca la obesidad.

Epílogo sin moraleja: el dilema persiste

En cuanto al objetivo de salud pública, el impacto en la reducción del consumo está por verse. El impuesto empezó a regir en noviembre 2023, así que habrá que esperar un tiempo prudente para saber si hay algún cambio importante en los indicadores de salud pública.

Hasta ahora, los impuestos saludables no han demostrado cambiar patrones de consumo en Colombia. Sí han mejorado el recaudo fiscal. Pero a un costo social evidente. Han presionado el bolsillo de los hogares populares. Han afectado al pequeño comercio. Y no han modificado sustancialmente los hábitos alimentarios ni las condiciones estructurales que los determinan.

Más que una política de salud, son una fórmula para financiar un Estado endeudado. Mientras tanto, el gobierno mantiene los tratados comerciales que inundan el país de comida chatarra. No renegoció el TLC, como lo prometió en campaña, no invierte lo suficiente en acueducto ni en producción nacional de alimentos saludables y mantiene el sistema de salud en vilo, mientras pilotea una reforma de salud que no ha tenido sino dificultades en su trámite y que está lejos de ser aprobada. Y luego culpa al consumidor de sus enfermedades.

El discurso oficial habla de salud. Pero las cifras y los hechos apuntan a otra motivación: recaudar y recaudar.  La salud sigue en veremos.