Los costos económicos del populismo de Gustavo Petro con el aumento del salario mínimo

Ene 25, 2026

El salario mínimo subirá 23,8% en 2026 por decreto. El ajuste supera inflación y presiona empleo formal, precios y presupuesto público.

El aumento del salario mínimo para 2026, fijado por decreto en 23,8%, fue una decisión política tomada sin concertación en la víspera de un año electoral. El incremento superó ampliamente la inflación de 2025 (5,1%) y también la cifra solicitada por las centrales obreras (16%).

El ajuste salarial se apoya en supuestos que no se corresponden con las condiciones reales del país. El primero es que un mayor salario se traduce automáticamente en mayor demanda interna y, por esa vía, en más crecimiento y empleo.

En Colombia, esta relación no es directa ni automática. Como lo señaló Jorge Iván González, la demanda agregada depende de múltiples factores, entre ellos las expectativas de consumidores y empresarios, la productividad, el acceso al crédito y la estabilidad de precios. El salario es solo una de esas variables.

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Además, Colombia es una economía con déficit comercial persistente y una estructura productiva limitada, un estímulo al consumo no necesariamente se traduce en mayor producción local. Cerca del 40% de la canasta básica son productos importados o dependen de insumos importados, lo que reduce el impacto del aumento salarial sobre la actividad económica interna y el empleo formal.

A esto se suma el desfase entre salarios y productividad. Aunque los incrementos salariales pueden incentivar mejoras tecnológicas en el largo plazo, el proceso no es inmediato. En el corto plazo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como comercio, restaurantes o vigilancia, el aumento de costos se traslada a precios o se compensa con reducción de empleo, en lugar de generar ganancias de productividad.

El aumento beneficia al 10% de los trabajadores formales, pero deja en aprietos a amplios sectores de la economía. Además del problema macroeconómico, que Petro hábilmente le deja al siguiente gobierno.

Trabajador organiza calzado en fábrica del barrio Restrepo afectada por costos laborales

Daño al sector productivo y al empleo formal

El aumento salarial, que se suma a otros costos laborales derivados de la reforma laboral, genera una presión acumulada que recae con mayor fuerza sobre micro y pequeñas empresas, que tienen menos margen para trasladar esos costos a precios o absorberlos internamente.

Para muchas de ellas, absorber un aumento salarial de esta magnitud implica decisiones de ajuste que van desde la reducción de personal hasta el cierre de operaciones. A este problema se suma el impacto sobre los márgenes de rentabilidad. El efecto es especialmente severo en sectores intensivos en mano de obra, donde el salario representa una proporción alta de los costos totales.

Las consecuencias de esta presión sobre las empresas se trasladan directamente al mercado laboral. Entre las respuestas esperables de las empresas se encuentran los despidos, la conversión de contratos de tiempo completo a medio tiempo y el recurso a esquemas de informalidad para evitar el pago de las crecientes cargas asociadas a la formalidad.

Ministro Germán Ávila Plazas escucha debate fiscal en reunión gubernamental

Irresponsabilidad fiscal y presión sobre el gasto público

El aumento se decreta en un contexto de estrechez presupuestal. En 2025, el déficit fiscal alcanzó cerca del 7,1% del PIB, uno de los niveles más altos de los últimos años, y el cierre del ejercicio dejó un faltante estimado en 10,5 billones de pesos. Sobre ese escenario se suma ahora el costo directo del reajuste salarial en el sector público.

Según las estimaciones de Kalmanovitz, el incremento del salario mínimo implica un aumento adicional en la nómina de aproximadamente 1,2 billones de pesos para cubrir el reajuste de cerca de 1,4 millones de servidores públicos.

A este efecto directo se suma una presión adicional sobre otros rubros del gasto. El exministro José Antonio Ocampo, advierte que el aumento del salario mínimo también eleva automáticamente gastos indexados, en particular las pensiones, cuyo peso sobre el presupuesto nacional ya es elevado y creciente.

Sede del Banco de la República en Valledupar en contexto de política monetaria

Riesgo macroeconómico: inflación, tasas e inestabilidad

El aumento salarial puede alimentar la inflación a través de dos canales. El primero es directo. Un conjunto amplio de bienes y servicios está indexado al salario mínimo, lo que implica que el ajuste se traslada de manera automática a los precios finales. Entre ellos se encuentran la vivienda de interés social, el transporte, algunos componentes del sistema de salud y los servicios de seguridad.

El segundo canal es indirecto y tiene que ver con los costos de producción. El aumento del salario se propaga a lo largo de toda la cadena productiva, elevando los costos empresariales y presionando al alza los precios de bienes y servicios de manera generalizada.

Ante ese escenario, los análisis coinciden en que el aumento de la tasa de interés de referencia del Banco de la República sería prácticamente inevitable para contener las presiones inflacionarias y anclar las expectativas. Aunque esta respuesta es coherente desde el punto de vista de la política monetaria, también actúa como un freno adicional a la economía, encareciendo el crédito para hogares y empresas, desincentivando la inversión y limitando el crecimiento.

A este panorama se suma la ruptura de lo que el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, denomina el “ancla” de la actividad económica. El salario nominal, en condiciones normales, cumple la función de estabilizar expectativas. Un aumento excepcional, que se sitúa cerca de 18 puntos porcentuales por encima de la inflación, rompe ese referente y reintroduce expectativas de inflación elevada en consumidores y empresarios.

En conjunto, la presión inflacionaria, el endurecimiento monetario y la pérdida del ancla salarial configuran un escenario de mayor inestabilidad macroeconómica.

Fachada del Congreso de la República durante discusión política sobre salario mínimo

Cálculo político y traslado de costos al próximo gobierno

El aumento del salario mínimo para 2026 no puede separarse del contexto político en el que fue adoptado. La magnitud del ajuste y, sobre todo, el momento en que se decreta han llevado a interpretar la decisión como una estrategia de corto plazo, más que como el resultado de una evaluación económica integral.

El candidato al Senado Jorge Enrique Robledo ha señalado que la decisión se adopta al final del mandato, lo que implica que los efectos adversos más significativos recaerán principalmente sobre el próximo gobierno.

Para Salomón Kalmanovitz la medida es parte de un cálculo político. Según su análisis, el aumento del salario mínimo puede entenderse como una señal dirigida al electorado en un contexto preelectoral, aun cuando ello implique agravar los problemas fiscales y macroeconómicos que heredará la siguiente administración.

En conjunto, el aumento del salario mínimo para 2026 no responde a una lectura responsable de la economía colombiana, sino a una decisión populista que prioriza el rédito político inmediato y traslada sus costos económicos al próximo gobierno.

Introducción

La segregación residencial es uno de los rasgos más persistentes en la configuración de las ciudades latinoamericanas. Bogotá se caracteriza por un orden residencial particularmente nítido, donde la localización del lugar de residencia de los hogares está estrechamente asociada a la posición socioeconómica (Alfonso, 2023a).

Tradicionalmente, el análisis de la segregación se ha centrado en indicadores objetivos como la localización de la población, la densidad o la distribución de ingresos. Partiendo de estos análisis que confirman la existencia de este fenómeno en la metrópoli nacional, se busca avanzar en la comprensión de cómo las desigualdades urbanas se traducen en la experiencia cotidiana de los habitantes. La forma en que las personas perciben su entorno ofrece una aproximación directa a cómo la estructura urbana condiciona la vida diaria (Guzman et al., 2025).

El presente documento de trabajo analiza la segregación residencial en Bogotá desde el punto de vista de las percepciones. Después de ofrecer una breve explicación sobre el concepto de segregación residencial y referenciar algunas mediciones existentes para Bogotá. Se examina a nivel de Unidades de Planeación Local (UPL), a partir de la Encuesta Distrital de Percepción (2025), el contexto socioeconómico de Bogotá. Luego se explora la relación entre la estructura de ingresos y la calificación al acceso a salud, educación, oportunidades laborales y espacios culturales. Finalmente se muestra la percepción de dos de sus principales estragos: el hambre y la movilidad. El análisis busca evidenciar que la segregación residencial también configura experiencias urbanas desiguales.

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1.     Segregación Residencial en Bogotá

La segregación residencial se define como un fenómeno socioespacial caracterizado por la distribución desigual de diversos grupos de población en el territorio urbano, manifestada a través de la proximidad física entre viviendas de grupos similares y la homogeneidad social de zonas específicas (J. M. Mayorga, 2019). Este fenómeno ha sido ampliamente abordado en la literatura urbana como un elemento estructurante del espacio de las metrópolis latinoamericanas, que hace referencia a la separación y a la acción de separar (Oberti & Préteceille, 2018).

Una de las primeras definiciones explícitas fue propuesta por White (1983), quien la describió como la “distribución desigual de los grupos sociales en el espacio físico”. Posteriormente, esta aproximación se profundizó al definirla como el “grado en que dos o más grupos viven separados unos de otros en diferentes partes del medio urbano” (Massey & Denton, 1988). Este enfoque fue el primero en ofrecer una metodología de medición de la segregación a partir de dimensiones como la uniformidad, exposición, concentración, centralización y agrupamiento.

Desde una perspectiva latinoamericana, Francisco Sabatini (2006) identifica tres dimensiones: la concentración espacial de los grupos sociales, la homogeneidad social de los vecindarios y el prestigio o desprestigio social de los barrios.

Desde un enfoque estructural, la segregación no se limita a describir un estado de separación, sino que se entiende como el resultado de dinámicas propias del modo de producción dominante. En este sentido, constituye una acción de separar en la que intervienen activamente grupos segregadores y segregados (Abramo, 2011; Alfonso, 2005; Oberti & Préteceille, 2018; Ruiz-Tagle, 2016).

En las metrópolis latinoamericanas, la segregación residencial opera como la principal variable de ajuste espacial del mercado de vivienda (Osorio, 2024). En este proceso interviene la renta de monopolio de segregación, entendido como el sobrecosto o “impuesto privado” que pagan las clases altas para garantizar la exclusividad y excluir a otros grupos sociales de sus vecindarios (Jaramillo, 2009).

Hombre pobre sentado frente a la Catedral Primada de Colombia

En Bogotá, este fenómeno presenta una configuración particularmente nítida en comparación con otras ciudades de la región, caracterizándose por la claridad de su orden residencial segregado (Alfonso, 2023a). Uno de sus rasgos más evidentes es la dualidad norte-sur: las clases altas se concentran en el norte y nororiente, en sectores como El Refugio, Chicó Lago, Santa Bárbara y Country Club, mientras que las clases populares se ubican principalmente en el sur y suroccidente, en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. La clase media, por su parte, se localiza predominantemente en un eje hacia el occidente y centro-occidente de la ciudad, en zonas como Teusaquillo y Galerías (Ibid).

Este patrón no es aleatorio, sino que responde a una segmentación del mercado de vivienda, el cual se encuentra dividido en 12 segmentos que van desde la vivienda informal hasta desarrollos de alta gama para las élites. Los productores inmobiliarios utilizan esta estructura para orientar sus decisiones de localización, reforzando así la segregación existente (Alfonso, 2023b).

Las desigualdades también se evidencian en los diferenciales de densidad urbana. Mientras vecindarios de altos ingresos como Chicó Lago presentan densidades inferiores a las recomendadas (0,7 veces), sectores populares como Diana Turbay alcanzan niveles críticos, llegando a 7,8 veces lo óptimo (Alfonso, 2023a).

En términos de medición, diversas metodologías han permitido cuantificar la magnitud de este fenómeno en la ciudad. Entre las principales se encuentran:

Índices de segregación por clases sociales (ISP, ISM, ISA): Propuestos por Alfonso (2023a), estos indicadores capturan el confinamiento de las clases sociales a nivel de UPZ a partir de variables como la posición ocupacional y el nivel educativo.

  • Clase popular (ISP): presenta un rango de 6,7 puntos, con La Flora como la zona más segregada (6,8) y Los Cedros como la menos segregada (0,1).
  • Clase media (ISM): registra un rango de 12,0 puntos, alcanzando su valor máximo en Parque Simón Bolívar – CAN y La Esmeralda (12,2).
  • Clase alta (ISA): muestra un rango de 5,5 puntos, siendo Ciudad Salitre Occidental el vecindario más exclusivo (5,5).

Índice de interacción o exposición: Mayorga et al (2020) estiman que la probabilidad de interacción entre clases es extremadamente baja. Un individuo de clase alta tiene una probabilidad de 0,004 de interactuar con uno de clase baja, mientras que en sentido inverso esta probabilidad es de 0,042.

Índice de disimilitud (Duncan): Duarte Mayorga et al (2013) calcularon un valor de 0,55 para Bogotá, indicando un alto nivel de segregación.

Densidad poblacional crítica: Sectores populares como Diana Turbay (7,8 veces), Patio Bonito (5 veces) y Bosa Occidental (47.643 hab/km²) concentran una sobreocupación severa, mientras zonas de altos ingresos como Chicó Lago (0,7) y Country Club (1,1) mantienen baja densidad, evidenciando que el 77,8% de las UPZ residenciales superan el umbral óptimo y consolidan un patrón de hacinamiento estructural en las clases populares (Alfonso, 2023a).

Estas configuraciones espaciales tienen efectos sociales profundos. La segregación genera “estragos” en las condiciones de vida de la población, tales como el hambre, el hacinamiento, la precariedad en la movilidad cotidiana y el empobrecimiento patrimonial de los hogares populares (Alfonso, 2023a; Alfonso & Osorio, 2025; J. Mayorga et al., 2017; J. M. Mayorga & Ortiz, 2020; Osorio, 2024).

Viviendas coloridas en ladera popular de Bogotá

2.     Metodología

Este documento se basa en el análisis de la Encuesta Distrital de Percepción (EDP) 2025, la cual cuenta con un diseño muestral amplio que permite realizar inferencias sobre las condiciones y percepciones de los hogares en Bogotá. Si bien en este ejercicio no se desarrollan estimaciones inferenciales, la representatividad de la encuesta permite identificar patrones territoriales robustos en la distribución de condiciones materiales y percepciones a nivel de UPL.

El análisis se estructura en tres momentos. En primer lugar, se presenta un contexto socioeconómico general de la ciudad a partir de la distribución de ingresos, la pobreza subjetiva y el estrato como proxy del acceso a servicios públicos a nivel de UPL. Este paso permite establecer la base material sobre la cual se configuran las desigualdades urbanas.

En segundo lugar, se examina la relación entre el nivel de ingresos y el acceso a servicios urbanos. Específicamente, se analiza cómo varía el acceso a salud, educación, oferta cultural y oportunidades de empleo en función del porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV. El objetivo es identificar si existen patrones territoriales consistentes con el orden residencial segregado de la ciudad.

Finalmente, el análisis se enfoca en la dimensión subjetiva de la segregación, explorando la satisfacción de los hogares a partir de dos de sus principales “estragos”: el hambre y la movilidad cotidiana. Estos elementos permiten aproximarse a cómo las desigualdades estructurales se traducen en experiencias concretas de privación y limitación de oportunidades en la vida diaria.

Edificios residenciales de ladrillo en barrio de altos ingresos

3.     Condiciones socioeconómicas en Bogotá

En el caso de Bogotá, y posiblemente en otras ciudades latinoamericanas con altos niveles de segregación, la desigualdad urbana no solo estructura el territorio, sino también la forma en que este es percibido y experimentado. Las personas no nombran directamente la segregación, pero sí la viven y la interpretan mediante atributos como la seguridad, la belleza, la comodidad o la funcionalidad de los entornos que habitan. Cuando se analizan de forma sistemática las percepciones sobre el entorno construido, emerge con claridad que estas están profundamente determinadas por la estructura socioeconómica de la ciudad (Guzman et al., 2025).

En la Figura 1 se observa la distribución de los ingresos en Bogotá, evidenciando una estructura marcadamente concentrada en los tramos bajos y medios. El PIB per cápita de la ciudad se sitúa en aproximadamente USD 15.000 (DANE, 2024), cifra significativamente inferior a la de otras metrópolis del mundo como Nueva York (USD 110.000), Berlín (USD 70.000) y Beijing (USD 33.000), lo que da cuenta de una brecha sustantiva en términos de capacidad económica.

Figura 1
Gráfico de distribución de ingresos por UPL en Bogotá

No sé observa ninguna UPL en la que no se registren hogares con ingresos inferiores a un salario mínimo. En términos de distribución, el 16% de los hogares reporta ingresos por debajo de un salario mínimo, el 55,7% se ubica entre 1 y 2 salarios mínimos, el 19,7% entre 2 y 4 salarios mínimos, y apenas el 8,7% supera los 4 salarios mínimos. Esta estructura se expresa espacialmente en la concentración de los hogares de menores ingresos en las UPL Lucero, Usme–Entrenubes, Arborizadora, Tibabuyes y Centro Histórico, mientras que los hogares de mayores ingresos se localizan principalmente en Niza, Salitre, Chapinero y Usaquén.

Figura 2
Gráfico de pobreza subjetiva por UPL en Bogotá

La Figura 2 muestra la distribución de la pobreza subjetiva en Bogotá, evidenciando que el 16% de los hogares se autoidentifica como pobre. Este indicador permite captar dimensiones no monetarias del bienestar y percepciones asociadas a las condiciones de vida. A nivel territorial, la mayor concentración de hogares que se consideran pobres se ubica en las UPL de Lucero, Arborizadora, Torca, Usme–Entrenubes y Rafael Uribe.

Figura 3
Gráfico de estratos socioeconómicos por UPL en Bogotá

La Figura 3 presenta la distribución de los estratos socioeconómicos según la clasificación de los servicios públicos. Si bien este indicador tiene limitaciones como proxy del estatus socioeconómico, llama la atención que en el 16% de las UPL se registran hogares que reportan no tener acceso a servicios públicos, particularmente en Lucero, Centro Histórico, Bosa, Tibabuyes y Niza.

4.     Desigualdad en la percepción del acceso a servicios urbanos según nivel de ingresos

Una vez establecida la estructura socioeconómica de la ciudad, se procede a analizar cómo esta se traduce en el acceso percibido a los servicios urbanos. En este sentido, se examina la relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y los niveles de acceso reportados, con el fin de identificar patrones territoriales consistentes con el orden residencial segregado de Bogotá.

Figura 4
El gráfico compara estratos por UPL y permite observar concentración de estratos bajos en el sur y suroccidente.

En la Figura 4 se observa que a medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV en cada UPL, el puntaje promedio de acceso a servicios de salud disminuye de forma sostenida, evidenciando una relación clara entre condiciones económicas y capacidad efectiva de acceso. Este comportamiento se organiza espacialmente en un patrón de segregación territorial marcado, donde las zonas se agrupan de manera consistente según su nivel socioeconómico.

Se identifican territorios con alta satisfacción en el acceso a salud tales como Usaquén, Salitre y Niza, que corresponden a áreas de mayores ingresos; un grupo intermedio conformado por Engativá, Kennedy y Fontibón; y, finalmente, UPL con rezagos significativos como Bosa, Lucero, Arborizadora y Patio Bonito.

Figura 5
Gráfico relaciona ingresos bajos y oportunidades laborales por UPL

A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso a oportunidades laborales disminuye de forma sostenida, evidenciando una relación negativa entre condiciones económicas y acceso percibido al empleo (Figura 5).

El patrón territorial muestra extremos bien definidos. En las UPL con menor proporción de hogares de bajos ingresos (entre 20% y 30%), como Niza, Salitre y Usaquén, se registran los puntajes más altos de acceso, cercanos a 3,2–3,3. En contraste, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables (más del 80%), como Lucero, Arborizadora y Usme–Entrenubes, los puntajes descienden a rangos entre 2,75 y 2,9.

En particular, Lucero, Usme–Entrenubes y Arborizadora se ubican en el extremo más bajo del indicador, coincidiendo con los mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica.

Figura 6
La relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y el acceso a educación muestra un patrón negativo (Figura 6), aunque menos pronunciado que en salud y empleo. A medida que aumenta la proporción de hogares de bajos ingresos, el puntaje de acceso a educación tiende a disminuir, evidenciando una brecha territorial persistente. El comportamiento espacial mantiene la lógica del orden residencial segregado. En las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, se observan puntajes más altos de acceso, mientras que, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables, como Lucero, Arborizadora y Tibabuyes, se registran los niveles más bajos del indicador. No obstante, a diferencia de otros servicios, el acceso a educación presenta mayor dispersión entre territorios de ingreso medio, lo que sugiere una oferta más extendida o menos segmentada. El acceso a la oferta cultural y recreativa presenta una de las relaciones más marcadas con el nivel de ingresos (Figura 7). A medida que aumenta la proporción de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso disminuye de forma clara y sostenida, evidenciando una fuerte asociación entre condiciones económicas y disponibilidad de este tipo de servicios. A diferencia de otros ámbitos, este indicador muestra una de las mayores brechas territoriales, con una diferencia cercana a un punto entre los valores más altos y más bajos (aproximadamente entre 2,7 y 3,7). Este rango evidencia una segmentación más profunda en el acceso a bienes culturales y recreativos, que no solo depende de la oferta urbana, sino también de la localización y las condiciones socioeconómicas de los hogares. El patrón territorial refuerza la lógica del orden residencial segregado. Las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, concentran los puntajes más altos, mientras que territorios con alta vulnerabilidad, como Arborizadora, Bosa y otras zonas del sur y suroccidente, presentan los niveles más bajos de acceso.

La relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y el acceso a educación muestra un patrón negativo (Figura 6), aunque menos pronunciado que en salud y empleo. A medida que aumenta la proporción de hogares de bajos ingresos, el puntaje de acceso a educación tiende a disminuir, evidenciando una brecha territorial persistente.

El comportamiento espacial mantiene la lógica del orden residencial segregado. En las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, se observan puntajes más altos de acceso, mientras que, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables, como Lucero, Arborizadora y Tibabuyes, se registran los niveles más bajos del indicador.

No obstante, a diferencia de otros servicios, el acceso a educación presenta mayor dispersión entre territorios de ingreso medio, lo que sugiere una oferta más extendida o menos segmentada.

El acceso a la oferta cultural y recreativa presenta una de las relaciones más marcadas con el nivel de ingresos (Figura 7). A medida que aumenta la proporción de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso disminuye de forma clara y sostenida, evidenciando una fuerte asociación entre condiciones económicas y disponibilidad de este tipo de servicios.

A diferencia de otros ámbitos, este indicador muestra una de las mayores brechas territoriales, con una diferencia cercana a un punto entre los valores más altos y más bajos (aproximadamente entre 2,7 y 3,7). Este rango evidencia una segmentación más profunda en el acceso a bienes culturales y recreativos, que no solo depende de la oferta urbana, sino también de la localización y las condiciones socioeconómicas de los hogares.

El patrón territorial refuerza la lógica del orden residencial segregado. Las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, concentran los puntajes más altos, mientras que territorios con alta vulnerabilidad, como Arborizadora, Bosa y otras zonas del sur y suroccidente, presentan los niveles más bajos de acceso.

Figura 7
Gráfico relaciona ingresos bajos y acceso cultural por UPL

Los resultados muestran que a medida que aumentan los hogares con ingresoso menores a los 2 SMMLV, empeora el puntaje otorgado a el acceso a servicios urbanos. Salud, empleo, educación y oferta cultural no se distribuyen de forma homogénea, sino que siguen la misma lógica espacial del orden residencial de la ciudad. Aunque la intensidad varía, es más fuerte en empleo y cultura, y más moderada en educación, la tendencia es consistente en todos los casos. Esto sugiere que la segregación no solo define dónde vive la gente, sino también qué tan satisfecha se siente con la accesibilidad.

5.     Percepción de dos estragos de la segregación residencial en Bogotá

Las percepciones sobre el entorno urbano constituyen una dimensión central para comprender la habitabilidad de las ciudades. Más allá de los indicadores tradicionales, la forma en que las personas valoran su experiencia en la ciudad refleja condiciones materiales concretas. En este sentido, el análisis de percepciones ofrece una vía para entender cómo las desigualdades urbanas se experimentan en la vida cotidiana.

En contextos de alta segregación, como el de Bogotá, estas percepciones no se distribuyen de manera aleatoria, sino que están fuertemente condicionadas por la estructura socioeconómica del territorio. La evidencia muestra que la calidad percibida del entorno urbano presenta una marcada heterogeneidad espacial, con mejores valoraciones concentradas en zonas de mayores ingresos y peores condiciones en áreas periféricas y vulnerables (Guzman et al., 2025). En este marco, se analiza la percepción de dos de los principales estragos de la segregación residencial: el hambre y la movilidad cotidiana.

5.1. Hambre

En Bogotá, uno de cada diez hogares reporta que, por falta de dinero, en la semana previa al levantamiento de la encuesta algunos (moderada) o todos (severa) sus miembros no pudieron consumir las tres comidas diarias (Figura 8). La distribución espacial del hambre muestra un patrón claro. La inseguridad alimentaria se concentra en el sur y suroccidente de la ciudad, configurando una gradiente territorial consistente con el orden residencial segregado

Figura 8
Gráfico relaciona ingresos bajos y acceso a salud por UPL

No existe ninguna UPL donde el indicador sea cero. Incluso en zonas de altos ingresos como Teusaquillo, Usaquén o Niza se registran casos de hambre, aunque en niveles bajos. Esto indica que la ciudad no se divide entre territorios con y sin hambre, sino entre distintos niveles de incidencia: zonas de baja afectación, zonas intermedias y territorios en situación crítica.

En los casos más extremos, como Lucero, Arborizadora y Torca, cerca de uno de cada cuatro hogares enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria. En particular, en Lucero se observa una condición especialmente grave: uno de cada diez hogares reporta que ningún miembro pudo consumir las tres comidas diarias durante la semana anterior por falta de recursos.

Figura 9
Gráfico relaciona ingresos bajos y seguridad alimentaria por UPL

La Figura 9 muestra que la percepción de seguridad alimentaria presenta una relación negativa clara con el nivel de ingresos. A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, disminuye de forma sostenida la percepción de seguridad alimentaria, evidenciando un gradiente socioeconómico consistente con el orden residencial segregado.

El patrón espacial muestra una concentración definida en la cola inferior del indicador. UPL como Lucero, Arborizadora, San Cristóbal y Usme–Entrenubes registran los niveles más bajos de percepción de seguridad alimentaria, coincidiendo con territorios de alta vulnerabilidad socioeconómica. En conjunto, estos resultados refuerzan que la inseguridad alimentaria no se distribuye de manera aleatoria, sino que sigue la estructura de desigualdad urbana

5.2. Movilidad

Como se observa en la Figura 10, en 23 de las 30 UPL urbanas, el transporte público es el principal medio de desplazamiento para más del 50% de los hogares, lo que refleja una alta dependencia de este modo en amplias zonas de la ciudad, particularmente en territorios de ingresos bajos y medios bajos. En contraste, en UPL de mayores ingresos como Niza y Usaquén, el uso del transporte privado (autos y motos) supera al del transporte público

Figura 10
Gráfico de medio principal de transporte por UPL en Bogotá

La relación entre el nivel de ingresos y el uso del transporte público muestra un patrón inverso al observado en el transporte privado (Figura 11). A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos menores a 2 SMMLV, se incrementa de forma sostenida la proporción de personas que dependen del transporte público como principal medio de desplazamiento.

Figura 11
Gráfico relaciona ingresos bajos y uso de transporte público

La relación entre el uso del transporte público y la satisfacción con el mismo evidencia un patrón inverso (Figura 12). A medida que aumenta la proporción de personas que utilizan transporte público como medio principal, la satisfacción tiende a disminuir de forma sostenida. Este resultado sugiere que los territorios con mayor dependencia de este modo enfrentan condiciones más precarias en la experiencia de movilidad.

Figura 12
Gráfico relaciona transporte público y satisfacción por UPL

Las UPL con mayor uso de transporte público tales como Lucero, Arborizadora, San Cristóbal y Usme–Entrenubes se ubican en los niveles más bajos de satisfacción, mientras que aquellas donde su uso es menor presentan valoraciones más altas. Para estimar la tendencia se excluyeron del cálculo las UPL donde el uso de transporte privado (autos y motos) supera al del transporte público, dado que estas presentan una lógica de movilidad distinta que podría distorsionar la relación observada.

En conjunto, los resultados muestran que la dependencia del transporte público en Bogotá está asociada a menores niveles de satisfacción, consolidando una brecha territorial en la experiencia de movilidad que padecen principalmente los hogares de menores ingresos.

Reflexiones finales

  1. La segregación no solo se mide, se percibe. Los datos muestran una relación clara entre ingreso y acceso a salud, empleo, educación y cultura. Pero lo más importante es que esa desigualdad también se refleja en cómo los hogares perciben sus oportunidades. En las zonas más vulnerables no solo hay peores condiciones objetivas, también hay una percepción más limitada de acceso.
  2. La segregación es material, pero también es una experiencia subjetiva cotidiana. La experiencia urbana está determinada por el lugar donde se vive. El porcentaje de hogares con ingresos bajos se asocia de forma consistente con peores percepciones en múltiples dimensiones de accesibilidad. Esto implica que la ciudad no ofrece una experiencia homogénea.
  3. El hambre no está focalizada, está extendida en toda la ciudad. Un hallazgo es que no existe una sola UPL sin presencia de hogares que pasan hambre. No es un problema de bolsillos aislados, sino ante un fenómeno distribuido en toda la ciudad. La diferencia entre territorios no es la existencia o no de hambre, sino su intensidad. La inseguridad alimentaria es una condición estructural, no excepcional.
  4. La movilidad evidencia una desigualdad en la experiencia de la ciudad. Los datos muestran un patrón claro: a mayor uso de transporte público, menor satisfacción con el transporte. Y ese mayor uso se concentra en las zonas con más hogares de bajos ingresos.  Esto implica que quienes más dependen del sistema son quienes tienen una peor experiencia.
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