El Fox River, en los Estados Unidos; el Rin, que atraviesa varios países de Europa, el Sena en Paris y muchos otros cursos de agua que sufrieron la contaminación durante décadas empiezan a lucir mejor gracias al saneamiento mediante grandes proyectos ligados a políticas públicas de largo aliento.[1]

Grandes ciudades europeas y norteamericanas padecieron por largos años la contaminación de sus ríos[2], y solo pudieron sanearlos merced a su pujante desarrollo capitalista con su consecuente producción de riqueza y ahorro interno en manos estatales[3]. Esta no parece ser la suerte del río Bogotá dado las escuálidas fuerzas productivas de Colombia que hoy padecen un retroceso con  desindustrialización y desagriculturización, paralelo a la disminución del tamaño del Estado, dictada por el Consenso de Washington.[4] Su suerte parece inclinarse por la deuda pública, mecanismo de extorsión por excelencia adoptado por el capital financiero originario de los países donde el capitalismo da muestras de su senectud y descomposición, bajo cuya coyunda han perecido y padecen las naciones que han perdido su soberanía económica, política y financiera.

De allí que el BM y el FMI, ya asoman sus narices con sus préstamos condicionados para las grandes inversiones que requiere la descontaminación del río Bogotá. Entrometiéndose en el Sistema Nacional Ambiental y el manejo de los cuantiosos recursos a invertir para la descontaminación, dictando políticas que garanticen el pago de sus préstamos con intereses usureros.

A ello obedece, en lo fundamental, el fallo del Consejo de Estado de 2014, donde aparece en consideración la fiducia como mecanismo de administrar los recursos,  con cobro de tarifa, además de toda su reglamentación para sacarle provecho a estos recursos públicos, en el casino de la especulación y la usura.

El fallo señala a la totalidad de los entes estatales para que coloquen sus recursos y exonera de esta carga a la inversión extranjera que incursionó con la privatización de la EEB y hoy utiliza las aguas del río Bogotá para la generación de energía, ocasionando grandes problemas al bombear a la represa del Muña las aguas contaminadas, EMGESA[5] filial de ENDESA[6]  es eximida de dichas inversiones para descontaminar el río, pese a que es la principal beneficiaria del proyecto , tal como está concebido, y que controla los embalses que hoy regulan su caudal. De hecho, lo tiene privatizado.

Por el contrario se condena  a los 42 municipios de la cuenca  del río incluyendo a Bogotá D.C., a la EAAB, a la Secretaría de Ambiente del Distrito Capital, al Ministerio, a la CAR, entre otras. Y se apunta certeramente a que el pago de los créditos se garantice vía tarifa esquilmando aún más a los usuarios del acueducto y alcantarillado a los que ahora se le suma el pago de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales –PTAR-, haciendo uso del artículo 365 de la CP del 91 y de la Ley 142 de 1994 con toda su maraña de reglamentaciones ajustadas, de manera calculada y sínica,  a los intereses del gran capital financiero que impuso la privatización de los servicios públicos domiciliarios, y adecuó el marco constitucional y legal para ello.

Magnitud de las inversiones y sus negocios.

En los diferentes países las inversiones han sido y serán cuantiosas, por lo general en cabeza del Estado[7]. Las inversiones que aportan los entes públicos mencionados, provenientes de tarifas e impuestos, se calculan para el período, 2014 a 2040, alrededor de los 6 billones de pesos, pero todo indica que puede ser mayor. Ya están en ejecución créditos del BM  en el denominado proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, en cabeza de la CAR a través del FIAB o Fondo de Inversiones del Río Bogotá. Por otro lado la EAAB ha acometido grandes inversiones para la construcción de los ductos para canalizar las aguas residuales y llevarlas a PTAR del Salitre[8] que se ampliará y a la PTAR de Canoas por construir. Atravesado por pleitos jurídicos donde EMGESA, además de exonerarse de inversiones para la descontaminación manipula las obras de infraestructura de tal manera  que le garanticen mayor generación de energía eléctrica, y que las aguas se descontaminen con recursos públicos y privados colombianos.

Bogotá, los pobladores del altiplano y Colombia han de librar la batalla para que no sean asfixiados vía impuestos y tarifas[9] con el fin de garantizarles el oportuno y cumplido pago del servicio de la deuda además de darle ganancias  a la principal beneficiaria de las aguas del río Bogotá, como lo es EMGESA. Con mecanismos como los subsidios financiados con impuestos para cubrir las deficiencias de inmensos sectores de la población que literalmente no tienen con qué pagar la tarifa plena con los márgenes de ganancia exigidos por privatizadores, ya que han sido menguados en sus condiciones de vida  por la quiebra de la producción y la eliminación o desmejoramiento del empleo público y privado.

Una necesidad sentida de los bogotanos convertida en oportunidad de negocio del capital financiero, similar a lo que está ocurriendo con la salud, la vivienda y la educación donde primero está la ganancia esquilmando a los usuarios y al Estado antes que la solución de las más básicas necesidades sociales de los colombianos, todo para postrar a la nación ante el altar del capital financiero trasnacional convertido en el ídolo de nuestros gobernantes cipayos con sus dogmas neoliberales como la seguridad inversionista reclamada por sus amos.

Oliverio Castillo Burbano

Fiscal de la Asociación de Servidores Públicos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –ASERCAR.

Bogotá D.C. 05/02/2015 – 3114929166 – oliveriocastillo53@gmail.com –