El País, 10 de julio de 2013 “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí pero, […]
El País, 10 de julio de 2013
“Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada por mí”.
En 1993, el desempleo en Colombia era 7,8% y el subempleo 10,7%, para un total de 18,5%. Al cierre de 2012, el pésimo modelo económico de apertura hacia adentro que sufrimos desde ese entonces ha elevado esos indicadores a 10,4%, 32,4% y 42,8%, respectivamente. ¡De 18,5% a 42,8%, casi la mitad de la fuerza laboral, sin empleo formal, en sólo 20 años! Nada más en 2012, mientras el sector financiero, que se llevó $39,7 billones en utilidades, empleó un total de 256.000 personas, en el sector manufacturero se perdieron 250 mil empleos y en el agro 171 mil.
Lamentablemente, el segundo corolario de la ley de Murphy enseña que “toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorarse”, y eso pareciera ser lo que este perverso modelo económico nos deparará en cuanto a generación de empleo. Las dos últimas décadas fueron pésimas, pero es previsible que lo venidero será peor. Para eso están los innumerables TLC que sin ton ni son -y sin estudios serios ni participación ciudadana- se están firmando en forma tan acelerada como irresponsable.
Con ellos se está urdiendo una telaraña que acabará por atrapar a virtualmente todo el aparato productivo colombiano. Si los lecheros creyeron que se salvaron del TLC con EEUU, el de la Unión Europea los quebrará. Y si los azucareros y los paneleros creyeron que esos dos no les harían daño, está el de Mercosur para atacarlos. Y si los fabricantes de autopartes pensaron que estaban a salvo de esos tres, el de Corea los alcanzará. Y así sucesivamente, uno tras otro, todos los sectores productivos se tropezarán con un TLC en el que se pactó su asfixia, si no su desaparición.
La cercanía y gravedad del peligro son tales que ya hasta los empresarios, tan ocupados ellos en sus negocios, están empezando a darse cuenta de lo que se les viene encima. Todos en el agro, desde los arroceros o los cañicultores hasta los avicultores o los ganaderos, y todos en el sector manufacturero, desde los siderúrgicos hasta los zapateros, claman hoy por ayuda estatal para sobrevivir ante la amenaza de los TLC que apenas ahora reconocen, y piden que, por lo menos, retrasen sus inicios.
Lo malo es que cada uno chilla por su lado, y no se dan cuenta de que el suyo es parte de un problema general, fruto de un torcido modelo económico que los condena para privilegiar a los extranjeros y enriquecer ilimitadamente a unos pocos sectores, en especial al financiero. La amenaza no debe ser enfrentada pidiendo ayudas y plazos que nunca serán suficientes para emparejar la lucha desigual a la que están sometidos, sino actuando unidos para cambiar un modelo que ha traído a Colombia el mayor desempleo en la región.
Si continúan su silencio ante lo que les sucede a los otros, buscando solamente negociar individualmente su salvación, les va a suceder, como al pastor alemán Martin Niemöller, encarcelado por el régimen de Hitler de 1937 a 1944, citado al inicio de esta columna al referirse a la persecución nazi, que cuando les llegue el turno de cerrar, ya no quedará nadie que diga nada por ellos. Los TLC vendrán por todos.
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
