Especialmente desde que han proliferado en los años 1990, los tratados de libre comercio (TLC) han recibido una fuerte oposición de movimientos sociales, organizaciones sindicales y entidades de la sociedad civil debido a la amenaza que representan para lxs trabajadorxs alrededor del globo.

Sus dictámenes de corte neoliberal suelen favorecer a las grandes corporaciones, socavando la soberanía de decisión de los Estados y los derechos humanos, en favor de los intereses corporativos transnacionales. Asimismo, los llamados nuevos acuerdos comerciales en realidad sobrepasan el ámbito puramente comercial y buscan desregular amplios sectores de las economías, como por ejemplo el de los servicios públicos, para facilitar la entrada de inversores internacionales.

Por lo tanto, los críticos de los TLC consideran que estos traen consecuencias muy dañinas a lxs trabajadorxs y el desarrollo en todo el mundo, especialmente en los países del Sur, tales como la desindustrialización, desempleo, privatizaciones de empresas y de servicios públicos estratégicos, junto con la pérdida de la capacidad de los Estados de adoptar políticas públicas nacionales en pro de sus poblaciones: el poder de las instituciones nacionales queda en las manos de las corporaciones. En este sentido, los TLC restringen la actuación del Estado en situaciones de crisis, como sucede en este momento en el combate a la pandemia de Covid 19, en la medida en que:

• Imponen limitaciones para restringir las importaciones y fomentar la producción local de insumos industriales necesarios para producir elementos básicos para atender la crisis.

• Generan dependencia alimentaria debido a que eliminación de aranceles obliga a dar prioridad a las importaciones de alimentos e impide el fomento de la producción agraria local.

• Generan dependencia de la compra de medicamentos importados, lo que ha deteriorado la capacidad de los laboratorios nacionales de producir medicamentos básicos.

• Causan sobrecostos de los medicamentos importados, que enfrentan
restricciones de oferta y que se venden en el mercado internacional a precios especulativos.

• Hacen que el Estado tenga poco margen para controlar sus finanzas por el temor de ser acusado de proteccionismo, lo que violaría las reglas de los tratados.

• Los países desarrollados presionan para que los demás países mantengan las compras de productos que forman parte de los tratados.

• Devienen en la privatización de los servicios públicos, que muchas veces van a las manos de multinacionales, lo que dificulta la capacidad del Estado de suministrarlos a la población en condiciones excepcionales. La calidad y el alcance de la prestación de estos servicios, entre ellos los de salud, no es garantizada por el sector privado.

• Imponen condicionamientos que impiden la diversificación de relaciones comerciales.

• Imponen prohibiciones de que los gobiernos orienten las compras estatales hacia la producción nacional de manera directa y rápida en momentos de crisis, debiendo someterse a licitaciones internacionales.

• Sus disposiciones en materia de propiedad intelectual dificultan
la producción de medicamentos genéricos.

Todos estos son factores que como se mencionó anteriormente han debilitado la capacidad de los Estados que firmaron TLC en las últimas décadas de satisfacer las necesidades de la población. Pero eso se ve enormemente agudizado en un momento en que se conjuga la crisis sanitaria con la depresión económica mundial causada por la caída de los precios del petróleo, a lo que se añaden las políticas de equilibrio fiscal, autonomía de la banca central y flexibilización laboral impuestas por las entidades multilaterales de crédito y que forman parte integral de la arquitectura mundial de los TLC y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

Por otra parte, la suscripción de estos acuerdos ocupó un papel central en la ruptura de los mecanismos de integración regional, dificultan el abordaje subregional y continental de la crisis. Así, los TLC contribuyeron para el debilitamiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) y se convirtieron en un obstáculo insuperable para procesos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), porque de ellos se derivan alineamientos geopolíticos ya que crean dependencia de los mercados e inversiones de los países desarrollados y de su sistema financiero, y con ello se reduce la capacidad de diversificar mercados.