El día de hoy (miércoles 18 de enero de 2017), José Roberto Acosta, integrante del Consejo de Coordinación de Cedetrabajo y de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, y el senador Jorge Enrique Robledo, ofrecieron una rueda de prensa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con el fin de presentar nuevos elementos que involucrarían al Banco Agrario con los escándalos de Odebrecht, en este caso en el contrato de navegabilidad del Río Magdalena.

Según las denuncias, Banco Agrario realizó un préstamo por $ 120.000 millones al consorcio Navelena S.A.S., empresa integrada por Odebrecht y Valorcon, encargada del contrato de navegabilidad del Río Magdalena por un valor de $ 2,5 billones y adjudicado en 2014. Dicho préstamo serviría para la etapa de pre-construcción del proyecto, apalancando la operación del consorcio antes del cierre financiero del mismo.

La Junta Directiva del Banco Agrario, a la que pertenecen los ministros de Hacienda Mauricio Cárdenas y de Agricultura Aurelio Iragorri, otorgó el crédito sin tener en cuenta los problemas financieros de Odebrecht, que en 2015 tenía un patrimonio negativo de $ 3.905 millones. Adicionalmente, las facilidades del crédito, el cual se pactó a un interés preferencial de la DTF + 2 puntos, mientras que a un campesino tan solo le ofrecen la DTF + 5 puntos.

Presuntamente, una de las garantías del pago del dinero era el cierre financiero, pero al día de hoy no existe cierre financiero para esta megaobra que se ha prorrogado en tres ocasiones.

Los hechos relatados pueden considerarse indicios de que un crédito de estas características solo se puede deber a presiones sobre la Administración y/o la Junta Directiva que deben ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. “No es aceptable que por presiones políticas o peor, por política pública, se estén otorgando crédito blandos o subsidios a constructores privados de dudosa reputación internacional y nacional. Esto es lo que se denomina corrupción técnica”, mencionó José Roberto Acosta.

El llamado hecho por parte del senador Robledo y la Red por la Justicia Tributaria a través de su vocero José Roberto Acosta, es que los entes hagan un control firme a la situación, contrario a lo hecho por el fiscal Néstor Humberto Martínez el 5 de enero de 2017, en donde declaró que no hay rastro de corrupción en este caso.