Este miércoles, el presidente colombiano Juan Manuel Santos celebró la entrada del país sudamericano en la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), anuncio que se llevó a cabo la pasada semana y que convierte a Colombia en el miembro número 37 de la agrupación. Hasta el momento, solo Chile y México representaban […]
Este miércoles, el presidente colombiano Juan Manuel Santos celebró la entrada del país sudamericano en la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), anuncio que se llevó a cabo la pasada semana y que convierte a Colombia en el miembro número 37 de la agrupación. Hasta el momento, solo Chile y México representaban a América Latina en la OCDE.
Tras siete años y medio de proceso, la adhesión de Colombia en la OCDE se formalizaba este miércoles con la firma en Paris del acuerdo de acceso a la organización, documento firmado por parte de Santos y del secretario general de la organización en el marco de una reunión del Consejo de Ministros de la OCDE. «¡Ya somos parte de las grandes ligas!», escribía el presidente de Colombia en su cuenta oficial de Twitter para anunciar el ingreso oficial del país a la institución, la cual fue creada en el año 1961 con el objetivo de ayudar a sus miembros a alcanzar de manera sostenible el mayor crecimiento económico y los mejores niveles de vida para sus ciudadanos.
El grupo ofrece un foro donde los gobiernos de los países miembros pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. «Trabajamos para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental», señala la OCDE en su página web oficial. Al respecto, Santos indicaba ante los medios de comunicación que la entrada del país en la OCDE «abre inmensas oportunidades para seguir avanzando en materia de educación, salud, generación de empleo formal, transparencia, lucha contra la corrupción y protección del medioambiente».
«Mucha gente piensa que la OCDE es una organización que dicta normas de regulación, que otorga préstamos o que forma parte de un tratado de libre comercio. Nada más alejado de la realidad. Simplemente es una organización que hace recomendaciones desde el punto de vista de las políticas públicas, sobre cómo mejorarlas», apuntaba por su parte el director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Luis Fernando Mejía, a ‘BBC News Mundo’.
Colombia ha sido objeto de diversos exámenes, diagnósticos y recomendaciones por parte de 23 comités distintos, los cuales han conllevado la aprobación de siete nuevas leyes y la mejora de su regulación: «Generamos independencia en varias de las superintendencias» con «periodos fijos para sus mandatos para (…) garantizar su independencia y transparencia», señalaba el director. Además, se ha implementado una política de «crecimiento verde» que permite «un mayor crecimiento económico con menor impacto ambiental y en mejores empleos, con un mayor grado de formalización».
Por el contrario, algunas voces cuestionan la funcionalidad de la OCDE en el caso de Colombia, como es el caso del director del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), Mario Valencia, quien indicaba a la Agencia de Información Laboral que «es un club de países ricos, que por su desarrollo tienen la posibilidad de cumplir los estándares de calidad y buenas prácticas. Pero imponer esos estándares a un país tan desigual, con tanta pobreza, desempleo e informalidad como Colombia, es una carga muy grande, porque no nos parecemos a los países de la OCDE».
Tomado de: Notimérica
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
