El Espectador 19 MAYO 2016 Con este son 16 afluentes a los que se les ha autorizado este tipo de intervención para favorecer la explotación de carbón en Cesar. En momentos en que el país se debate entre la explotación mineroenergética y la conservación del medio ambiente, nuevamente la ANLA se encuentra en el medio de […]
El Espectador 19 MAYO 2016
Con este son 16 afluentes a los que se les ha autorizado este tipo de intervención para favorecer la explotación de carbón en Cesar.
En momentos en que el país se debate entre la explotación mineroenergética y la conservación del medio ambiente, nuevamente la ANLA se encuentra en el medio de la polémica, esta vez porque autorizó el desvío del arroyo San Antonio en Cesar, un departamento donde el recurso natural que más escasea es el agua.
Según conoció El Espectador, hace pocos días la ANLA dio vía libre al plan de manejo ambiental del proyecto minero de La Loma a la empresa Drummond, a través de la Resolución 384 de 2016. En síntesis, se permite ampliar la mina, ubicada al lado de La Jagua de Ibirico y para este fin fue autorizado el desvío (realineamiento) del arroyo San Antonio.
Tal como ha ocurrido con la entrega de otras licencias, la ANLA desconoció la negativa de los pobladores al desvío del río y el rechazo que se dio en las audiencias públicas en las que se socializó el proyecto de ampliación del proyecto minero La Loma. Señalan ambientalistas que este proyecto no tuvo un adecuado análisis componentes ambientales afectados por la operación minera de La Loma como: aire, agua, suelos, ruido, vibraciones y paisaje.
Precisamente, en el marco de Audiencia Pública Ambiental, llevada a cabo el 29 de enero de 2016 en La Jagua de Ibirico (Cesar), las Secretarías de Minas y de Ambiente de la Gobernación del departamento manifestaron que hay una escasez de agua que ha derivado en un desabastecimiento para los municipios y que están cerca de la declaratoria de calamidad.
Esta desviación resulta más preocupante aun si se tiene en cuenta el Ideam ha reconocido la disminución del caudal del arroyo San Antonio, lo que implica que ha perdido su capacidad de mantener su caudal permanente y esta intervención podría significar la desaparición de este afluente.
Con esta licencia se dio vía libre a la creación de un nuevo Pit Minero, que en términos prácticos es el hueco de la mina que puede tener de ancho una dimensión que podría superar los 20 kilómetros. Este proyecto contempla la relocalización de dos tramos de la vía Las Marías — La Palmita, sin la determinación clara de los impactos que esto podría causar a las poblaciones vecinas.
En la ANLA acaba de ser nombrado como director Rodrigo Suárez, quien hasta esta semana se desempeñaba como director de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente. Este diario se comunicó con la entidad y señalaron que la desviación de Arroyo San Antonio se autorizó desde el año 2007 con la Resolución No. 017 del 05 de enero de este año. Dicha área no se encuentra dentro de las zonas de exclusión de minería. Agregaron que “está enmarcado en el Plan de Manejo Ambiental para del proyecto minero y desde la fecha se le han hecho cuatro relocalizaciones”.
Este no es el primer escándalo que se genera por la entrega de licencias ambientales por parte de la ANLA. El Espectador denunció la autorización de explotaciones petroleras en La Macarena que fue suspendida de forma definitiva y le costó el cargo al exdirector de la entidad Fernando Iregui. Además, también se ha abierto el debate por el desvío del arroyo Bruno, afluente del río Ranchería (Albania, La Guajira), para proveer agua a la mina El Cerrejón. Decisión que está congelada por una suspensión provisional hace pocos días por decisión del Tribunal de La Guajira.
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
