El fallo de la Corte surge tras revisar el caso de una niña indígena, víctima de violencia sexual, a quien se le negó el procedimiento legal bajo argumentos de justicia propia y barreras culturales al interior de su comunidad. El caso dejó al descubierto la persistencia de un sistema de salud que, a pesar de las disposiciones legales, sigue sin garantizar derechos básicos a mujeres y niñas en especial en las zonas rurales e indígenas.
En este contexto, la Corte no sólo amparó los derechos de la niña indígena, sino que también lanzó un ultimátum al Ministerio de Salud. Se debe diseñar e implementar una ruta clara y eficaz para garantizar el acceso a la IVE en contextos indígenas, con enfoque territorial, diferencial e intercultural.
El caso de la niña indígena ha expuesto con crudeza los límites de un Estado que legaliza derechos sin garantizar su implementación en todo el territorio. Y también ha evidenciado cómo, en nombre de la cultura, se silencian voces y se imponen violencias. El reto no es sólo normativo, sino ético, territorial y profundamente político.
Desigualdades territoriales profundizan un estigma persistente
Aunque el aborto es legal en Colombia hasta la semana 24 desde la Sentencia C-055 de 2022, su acceso efectivo sigue limitado por una penalización social obstinada, barreras institucionales y profundas desigualdades territoriales. En muchas regiones del país, especialmente en municipios apartados y comunidades indígenas, las mujeres enfrentan estigmas, desconocimiento y trabas médicas o administrativas para ejercer su derecho a decidir.
Un estudio conjunto de Profamilia y la organización RÍOS reveló que el 50% de los municipios colombianos tienen barreras severas para acceder al aborto seguro. Solo 15 de los 1.121 municipios evaluados superaron los 25 puntos sobre 100 en el Índice Municipal de Oferta de Aborto Seguro, lo que deja en evidencia una brecha crítica entre centros urbanos y zonas periféricas.
La violencia institucional como barrera
El 25,4% de las mujeres en Colombia no recibió información clara sobre sus derechos al solicitar una IVE, y el 16,5% fue directamente negada o recibió atención tardía, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025 (ENDS). A esto se suman denuncias de organizaciones como Oriéntame y Médicos Sin Fronteras, que señalan cómo la objeción de conciencia se aplica de forma arbitraria por parte del personal médico, muchas veces acompañada de presiones indebidas o incluso prácticas de violencia obstétrica.
En las zonas rurales, más del 70% de las mujeres que buscan abortar deben desplazarse a ciudades principales como Cali, Medellín o Pasto para acceder al servicio, lo que incrementa los costos, los tiempos de espera y los riesgos para su salud física y mental.
Las consecuencias de negar el derecho a decidir
Por su parte, un estudio publicado en 2025 reveló que negar el acceso al aborto antes de la despenalización completa aumentaba en un 161% la probabilidad de muerte en los nueve meses siguientes y en un 47% el riesgo de caer en pobreza extrema, afectando de manera desproporcionada a mujeres rurales, jóvenes e indígenas, a quienes también se les niegan frecuentemente derechos educativos y laborales.
Políticas públicas rezagadas
Sin embargo, los vacíos institucionales persisten. La Política Nacional de Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, vigente desde 2014, expiró en 2021 y aún no ha sido actualizada. Si bien el Ministerio de Salud expidió en 2023 la Resolución 051, que ajusta la ruta de atención materno-perinatal e incluye lineamientos para la IVE, Colombia sigue sin una política integral y actualizada en la materia. Observatorios internacionales como el EPU de la ONU advierten que falta voluntad política, presupuesto y un enfoque verdaderamente intersectorial e inclusivo que articule salud, educación y protección social.
La sentencia de la Corte Constitucional representa un avance clave en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, y envía un mensaje contundente sobre la obligación del Estado de garantizar estos derechos en todos los rincones del país. Pero sin una inversión sostenida en infraestructura de salud, formación del personal médico y campañas educativas que combatan el estigma, el fallo corre el riesgo de quedarse en el papel.
