Una nueva demanda fue interpuesta contra el Ministerio de Hacienda por la venta de Isagen. La Red por la Justicia Tributaria en Colombia, iniciativa de académicos, ex funcionarios de Estado y movimientos sociales, que pertenece a Tax Justice Network, interpuso una acción de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado. Con esta ya son […]
Una nueva demanda fue interpuesta contra el Ministerio de Hacienda por la venta de Isagen. La Red por la Justicia Tributaria en Colombia, iniciativa de académicos, ex funcionarios de Estado y movimientos sociales, que pertenece a Tax Justice Network, interpuso una acción de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado.
Con esta ya son cuatro las demandas contra la propuesta que impulsa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La Red ya había promovido una demanda por el incumplimiento de un requisito de ley, que obliga al gobierno a presentarle al Congreso el plan de enajenación de sus activos.
La nueva demanda se fundamenta en la violación del artículo 334 de la Constitución, que el mismo gobierno de Santos reformó, en el cual la dirección general de la economía, a cargo del Estado, estará regida por un marco de sostenibilidad fiscal, reglamentada por la Ley 1473 de 2011. Según Mario Alejandro Valencia, vocero de Justicia Tributaria, el gobierno violó una ley que ellos mismos aprobaron, y que obliga a que el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que no es una opción sino un requisito de ley, se establezca bajo los principios de la regla fiscal. La venta de Isagen no se contempló en el Maro Fiscal de Mediano Plazo que el gobierno presentó al Congreso este año, evidenciando su improvisación en el manejo de los asuntos económicos.
Para Valencia, la venta de Isagen no solamente es inconveniente, porque significa perder un activo que tiene una importancia enorme para el desarrollo del país, sino que en medio del desespero del gobierno de Santos por tapar el hueco fiscal que está produciendo la Reforma Tributaria, violó los procedimientos de ley. Por lo tanto, la enajenación de los activos de esta empresa es ilegal y debe detenerse. Finalmente, la red Justicia Tributaria ha planteado que debe adelantarse un debate nacional sobre la conveniencia o no de vender a Isagen.
Para ver la demanda aquí
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El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
