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Héctor Mondragón
Economista /Asesor de ILSA
hhmondragon@hotmail.com

En medio de una ola mundial de compras y arrendamientos de grandes extensiones de tierras por poderosos inversionistas, el pasado 23 de agosto la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos del Plan Nacional
de Desarrollo que permitían incorporar dentro del proceso internacional de acaparamiento de tierras a Colombia, país que ya tiene una alta concentración de la propiedad de la tierra con fines especulativos.

Con la sentencia C-644 de 2012, la Corte resolvió la demanda presentada por los congresistas Jorge E. Robledo y Wilson Arias, defendiendo el derecho de los campesinos al progresivo acceso a la propiedad de la tierra y declarando que los tres artículos del Plan que fueron demandados atentaban contra ese derecho.

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