¡Vamos al paro nacional el 10 de septiembre!

Sep 2, 2013

Elías Fonseca Cortina, Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, Bogotá, septiembre 1 de 2013 A solo tres meses de haberse llegado a un acuerdo en la negociación del pliego nacional de peticiones del magisterio entre el gobierno y FECODE, la junta nacional aprobó por absoluta mayoría la realización de un paro nacional del magisterio a […]

Marchas_Fecode_Educadores_ColombiaElías Fonseca Cortina, Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, Bogotá, septiembre 1 de 2013

A solo tres meses de haberse llegado a un acuerdo en la negociación del pliego nacional de peticiones del magisterio entre el gobierno y FECODE, la junta nacional aprobó por absoluta mayoría la realización de un paro nacional del magisterio a partir del 10 de septiembre. Las razones principales que le asisten al magisterio son:

1- La grave situación que atraviesa la prestación del servicio medico a los maestros y su familia, las condiciones de atención están establecidas en el modelo especial de salud ganado en batalla por los docentes en la ley 91 de 1989, a pesar de las reclamaciones insistentes tanto a nivel nacional como regional, el servicio médico cada día es peor. El gobierno nacional ha venido recortando las condiciones favorables del modelo en forma sistemática, desde la modificación de los pliegos de condiciones conducentes a la restricción de las bondades del plan de salud, los recortes financieros a los valores de los contratos, la vista gorda frente a los incumplimientos de las empresas prestadoras, la retención de los pagos por los servicios prestados equivalentes a 260 millones de pesos, en fin, acciones que buscan marchitar el servicio, maniobras que buscan crear el ambiente propicio para asaltar el modelo especial y enviar al magisterio al régimen de salud de las fatídicas EPS de la ley 100. A esta situación se le suma el incumplimiento por parte del gobierno en los plazos para realizar el estudio técnico sobre la sostenibilidad financiera a cargo de la comisión acordada para tal efecto.

2.- El incumplimiento de los acuerdos pactados en la negociación del pliego de peticiones en mayo pasado; el pago de las añejas deudas reconocidas, reportadas y liquidadas que por distintos conceptos se tienen con los educadores, ascensos, estímulo por zonas de difícil acceso, primas extralegales y sus retroactivos que sumados llegan a 800 mil millones de pesos; la solución al derecho de ascenso para los docentes del 1278 que ejercen el derecho a permiso sindical; modificación del decreto sobre prima de servicio expedido violando lo acordado de pleno reconocimiento como factor salarial para todas las prestaciones y orden de pagar, no de establecer algo que ya está vigente para todos los servidores públicos menos los maestros, todo con la intención de entrabar el reclamo de la retroactividad a que tenemos derecho; la refinanciación del fondo de prestaciones, que no es otra cosa que el pago parcial de la deuda del estado que llega a $ 88 billones, lo cual garantizaría el pago oportuno de las prestaciones económicas a su cargo.

3.- La desenfrenada carrera privatizadora de la educación manifiesta en la entrega de la prestación del derecho a la educación a los intermediarios privados a través de los colegios y zonas en concesión, los bancos de oferentes y los convenios con instituciones privadas.

Ante la declaratoria del paro, el presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a realizar una reunión con el Comité Ejecutivo de Fecode, en la cual estuvieron presentes miembros de una comisión accidental del Congreso de la República, Minhacienda, Mintrabajo, Mineducacion y la Fiduprevisora, quedando claro que es mentira la afirmación de la ministra María Fernanda Campo del cumplimiento del 100% de los acuerdos. Muestra de ello es la conformación de una nueva mesa de negociación sobre los puntos planteados por Fecode, que tendrá la tarea de tramitarlos y darles solución favorable. Fecode solicitó la exclusión del magisterio de la aplicación de la ley ordinaria de salud que se tramita en el Congreso Nacional, con la finalidad de preservar su régimen especial de salud.

Fecode ha puesto sobre la mesa en esta primera reunión tres temas específicos de los docentes del 1278: El primero tiene que ver con que los nuevos docentes que obtengan titulo de maestría o doctorado, asciendan sin necesidad de esperar ganar la evaluación de competencia. El segundo que ya fue acordado pero no cumplido, exige la expedición del protocolo para ascenso que reemplace el requisito de la evaluación de desempeño de los docentes que tienen permiso sindical. Finalmente, se informo que el Congreso de la República nombró una nueva delegación en la comisión tripartita que discute el contenido de un nuevo estatuto docente único, con el fin de acelerar este trámite.

Es necesario resaltar que todos los puntos acordados en el pliego de peticiones cobija a todo el magisterio sin excepción alguna, tanto del estatuto 2777 como del 1278; los asuntos de salud, de las deudas, del fondo de prestaciones y las relaciones laborales son comunes. Hoy más que nunca se necesita la férrea unidad del magisterio para enfrentar los atropellos del gobierno de Santos. La tarea de la hora es la preparación sin vacilación alguna del paro nacional del magisterio, en donde aun persistan las dudas sobre la necesidad del paro, es necesario realizar la labor de persuasión y convencimiento que nos aliste para iniciar con fuerza el paro nacional el próximo 10 de septiembre.

En Bogotá y en todo el país, estaremos desde Tribuna Magisterial realizando la labor que incansablemente venimos realizando para colocar al magisterio colombiano en condiciones de batallar por nuestros derechos laborales y la defensa de la educación pública como en derecho de todos. La herramienta de la huelga como parte integrante de las libertades sindicales la utilizamos para obligar al gobierno de Santos a que cumpla con los acuerdos pactados, el paro es para forzar la negociación y llegar a un acuerdo, es hora de emular las luchas de los sectores agropecuarios, que con su lucha valerosa y sus peticiones claras y contundentes defienden la producción nacional y el trabajo de millones de colombianos desnudando los graves daños ocasionados por los tratados de libre comercio contra la nación y los trabajadores, ganando la simpatía y el respaldo inmenso de la población. Los maestros juntaremos nuestras fuerzas y voces con la de todos los sectores en conflicto el próximo 12 de septiembre, estaremos al lado de campesinos, productores agrarios, mineros, camioneros, madres comunitarias, sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y demás exigiendo la revisión de los TLC y la solución a todas las peticiones gremiales y sectoriales planteadas.

Newsletter Cedetrabajo

El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.

Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.

Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.

Torre de perforación asociada a exploración de gas natural

El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.

Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.

Gustavo Petro habla en conferencia sobre transición energética

La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.

A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.

Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.

La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.

Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.

Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.

La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.

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