23 de agosto de 2016 A pesar del aumento de 6,6% en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2017, la realidad es que la inversión se vio afectado con un recorte de 10,3%, según el proyecto del Gobierno Nacional. A finales del mes de julio, el gobierno presentó el PGN para la vigencia […]
23 de agosto de 2016
A pesar del aumento de 6,6% en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2017, la realidad es que la inversión se vio afectado con un recorte de 10,3%, según el proyecto del Gobierno Nacional.
A finales del mes de julio, el gobierno presentó el PGN para la vigencia 2017, con el argumento de un aumento nominal respecto a lo aprobado para 2016, sin embargo cabe hacer varias consideraciones al respecto:
El presupuesto crece por debajo de lo que actualmente va la inflación (12 meses), que está del orden de 8,97%, lo cual habla del crecimiento de unos recursos que están por debajo del avance del nivel general de precios en el país.
Hay que recordar que para el presupuesto de 2016, el gobierno realizó el 4 de marzo de 2016[1] un aplazamiento de $ 6 billones (2,8%) en el presupuesto, siendo la inversión el rubro más afectado con un recorte de poco más de $ 3 billones, lo que significó un decrecimiento el año pasado de 6,9% tan solo en este aspecto, fundamental para el desarrollo de las actividades del país. En cambio, el presupuesto de funcionamiento apenas sufrió una reducción de 2% y lo destinado a pago de deuda en 1,1%.
Para 2017, en el primer proyecto presentado por el gobierno, la inversión sufrió un nuevo golpe con una reducción del 10,3%, lo que significa un recorte por $ 3,8 billones. Además, teniendo en cuenta el presupuesto total por sectores, se tiene que el sector agropecuario fue al que más le recortaron, con una caída del 33,6% (producto del recorte en 5,4% en funcionamiento y del 41% en inversión), seguido por minas y energía con un recorte de 33%; por su parte los que más crecen son el sector hacienda con una aumento del 22,9% y empleo público con 19,3%, aunque este último apenas representa el 0,2% del total presupuestado para 2017.
Vale la pena resaltar que el servicio a la deuda es el sector que se sigue llevando la mayor porción del presupuesto de los colombianos, con una destinación del 24,2% del total, lo que representa alrededor de unos $ 54,34 billones, un aumento de $ 7,14 billones (15,1%) con respecto a lo presupuestado en 2016, aumentando 1,8 puntos porcentuales de la participación total en el PGN, que para 2016 representó el 22,4%.
Por su parte en el sector educación, a pesar del aumento en 6,3% del presupuesto, hay que remarcar la caída en el rubro de inversión dentro del sector que llega al 12,1%, en un escenario donde el gobierno quiere implementar la jornada única en todo país, financiar la universidades públicas, entre otros, por lo que esto requiere de recursos de inversión para la construcción de aulas y dotaciones para las mismas, por lo que este recorte desmiente los anuncios de priorizar la educación. Adicionalmente, el sector salud perdió peso dentro del presupuesto nacional, pasando de 15% en 2016 a 14,9% en 2017, con una enorme crisis de los hospitales.
Cabe recordar que educación hace parte de los sectores clasificados dentro del gasto social, a este rubro también se suman: cultura, deporte y recreación, inclusión social y reconciliación, salud y protección social y vivienda, ciudad y territorio; que en el presupuesto para 2017 apenas aumentó en 2,8%, teniendo una fuerte reducción en la inversión, cuya caída llega al 8,7%, pasando de $ 14,2 billones en 2016 a $ 13 billones en la propuesta actual; así mismo, la pérdida en la participación del gasto social pasó de 31,7% en 2016 del total del presupuesto a 30,6% en el proyecto para 2017.
Finalmente, se debe recalcar que el gasto social en Colombia es muy bajo comparado con países de la región como Perú y Argentina, con gastos sociales de 39,5%[2] y 63,5%[3] respectivamente sobre el presupuesto total para 2016 de esos países; incluso, comparado con países europeos como España donde el gasto social asciende al 44,8%[4], lo cual demuestra que el país aún se encuentra muy rezagado en este aspecto, ya que rubros como la deuda se siguen llevando casi un cuarto del total del presupuesto.
[1] Decreto 378 de 2016.
[2] Ministerio de Economía y Finanzas (2016)
[3] Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2016)
[4] Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2016), Presupuestos Generales del Estado.
[gview file=»http://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2017/01/Apunte-Económico-N°12.pdf»]
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
