Por: Mario Alejandro Valencia | junio 15, 2015 Las 2 Orillas Colombia vive un proceso de desindustrialización, resultado de la orientación económica hacia la extracción de recursos naturales y la creciente participación de la especulación financiera, en reemplazo de actividades productivas. Un nuevo capítulo de esta política oficial se ha comenzado a escribir con el azúcar. Este […]
Colombia vive un proceso de desindustrialización, resultado de la orientación económica hacia la extracción de recursos naturales y la creciente participación de la especulación financiera, en reemplazo de actividades productivas. Un nuevo capítulo de esta política oficial se ha comenzado a escribir con el azúcar.
Este producto agroindustrial hace parte de la dieta básica, como una importante fuente de energía para los humanos. Esto explica por qué el 67 % del azúcar que se produce en el mundo lo hace la Unión Europea y 8 países más del G20, las 20 economías más poderosas, entre las cuales el mayor productor es Brasil. Según la FAO, para 2017 se espera que Europa sea autosuficiente en su producción azucarera.
En contravía a esta realidad mundial, en Colombia viene cobrando fuerza la falsa idea de que el azúcar nacional afecta la competitividad de la industria de alimentos, confitería y chocolatería, por lo tanto es mejor importarla que producirla. El presidente Juan Manuel Santos ha reforzado esta creencia, al afirmar: “Si Colombia es el país supuestamente más eficiente como productor de azúcar en el mundo, (…) ¿por qué los industriales, y no solamente los industriales sino las amas de casa, acaban pagando por cada libra de azúcar un precio mayor al resto del mundo?”. Aunque fuera cierto, que no lo es, estas palabras entrañan un claro sesgo en contra de la producción. ¿En dónde está escrito que el manejo económico del país implica acabar con una industria para salvar a otra? ¿Quién y cómo deciden los sobrevivientes y los que se arruinan en Colombia? Ejemplos recientes, como el cierre de la Compañía Colombiana Automotriz, prueban el desinterés oficial por la producción nacional.
El cuento de la liberación comercial ha sido el caballito de batalla para hacer creer a la población que la mejor forma de beneficiar al consumidor es arruinar al productor y los empleos que él genera. Sin embargo, la actual crisis económica del país demuestra que la teoría de producir todo afuera y financiarlo con petróleo, fracasó.
En el caso del azúcar, los hechos prueban que el precio para los hogares colombianos es dos veces menor que en Estados Unidos y Australia, quienes son importantes productores. De hecho el precio de venta en Colombia es solo 0,16 centavos de dólar más caro que en Brasil. Así mismo, la industria de alimentos tiene la posibilidad de comprar azúcar a precios internacionales, sin aranceles, gracias al Plan Vallejo, lo que desestima por completo la acusación del presidente de precios más altos que en el resto del mundo.
En Estados Unidos y en Europa los aranceles al azúcar son de 103 % y el 132 % respectivamente. Además tienen cuotas de importación, salvaguardias, precios de garantía, exenciones a insumos, seguros a las cosechas y no liberan el azúcar en ningún acuerdo comercial. El gobierno colombiano esconde deliberadamente la información de esta excesiva protección, para justificar el desmonte de los únicos mecanismos para defender a la industria local: el Sistema Andino de Franja de Precios y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar. Estos garantizan la existencia de un sector que genera 188.000 empleos, más 350.000 de la producción panelera, un eslabón de la cadena del dulce. El azúcar significa la estabilidad económica de decenas de municipios del valle geográfico del río Cauca y el suministro de este producto para millones de hogares del país.
A este ritmo el presidente Santos será recordado como el superintendente liquidador de la industria nacional.
Twitter: @mariovalencia01
Azúcar amarga
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
