EL TIEMPO 22 de septiembre de 2015 La Guajira, Vichada, Guainía y Vaupés, los departamentos que más padecen ese flagelo. No menos de 2,27 millones de habitantes del sector rural disperso (fuera de las cabeceras municipales y centros poblados) viven en condiciones de pobreza, indicó el cuatro informe del III Censo agropecuario, entregado este en Cali […]
EL TIEMPO 22 de septiembre de 2015
La Guajira, Vichada, Guainía y Vaupés, los departamentos que más padecen ese flagelo.
No menos de 2,27 millones de habitantes del sector rural disperso (fuera de las cabeceras municipales y centros poblados) viven en condiciones de pobreza, indicó el cuatro informe del III Censo agropecuario, entregado este en Cali por el director del Dane, Mauricio Perfetti.
Sin embargo, la concentración de este flagelo es mayor en los departamentos de La Guajira, Vichada, Guainía y Vaupés.
Para el director, los mayores condicionantes de la pobreza fueron la falta de alcantarillado, con 94 por ciento, seguida del bajo logro educativo, con 82,2 por ciento; mientras que los menores porcentajes de condicionantes correspondieron al material inadecuado de paredes exteriores y a la falta de acceso a servicios de cuidado de la primera infancia.
En cuanto al analfabetismo, la tasa en el área rural censada ha disminuido en los últimos diez años. “Para el censo, el 12,5 por ciento de la población mayor de 15 años reportó que no sabía leer ni escribir, mientras que en el censo poblacional del 2005 este indicador era de 19,1 por ciento”, dijo Perfetti.
La Guajira es el departamento con la mayor tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años, seguido por Cesar, Magdalena, Chocó y Sucre, que tienen una tasa de analfabetismo superior al 20,4 por ciento. Estas cifras contrastan con las del archipiélago de San Andrés, que alcanza el 1,2, y Bogotá, con el 4,3 por ciento.
Todos los departamentos presentaron incrementos, entre el 2005 y el 2014. en la cantidad de personas que saben leer y escribir.
Otro dato preocupante del censo es la deficiencia encontrada en la asistencia escolar de la población de 17 a 24 años, de la cual el 73,7 por ciento no asistía a clase alguna, mientras que el 26,3 por ciento sí lo hacía.
Al comparar los resultados con los del censo 2005, también se evidencia una mejoría: para entonces, el 84,7 no asistía a educación y el 15,3 sí lo hacía.
El archipiélago de San Andrés, Chocó, Guainía, La Guajira, Putumayo, Vichada, Valle del Cauca, Guaviare y Córdoba son los departamentos que registran mayor población estudiantil, mientras que en Atlántico, Cesar, Huila y Caquetá se observaron las menores tasas de asistencia.
El 78 por ciento de la población menor de 5 años permanecía con sus padres, en la casa, en el trabajo o bajo el cuidado de otro.
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
