Del 1 al 4 de diciembre se realizó en Lima, Perú la reunión de los Grupos Consultivos del TLC UE-Andinos con delegados de la UE y países andinos. Cedetrabajo participó con Diana Guevara, economista e investigadora. El encuentro acordó recursos, seguimiento del tratado, participación social y articulación productiva.
La Participación de la Sociedad Civil en la reunión de los Grupos Consultivos Internos (GCI) de la UE, de Colombia, de Ecuador y de Perú establecidos en virtud del Título IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, por una parte, y países andinos, por otra, volvió a ocupar un lugar central del debate internacional tras la reunión realizada del 1 al 4 de diciembre en Lima, Perú, donde representantes de los GCI trabajaron una agenda conjunta orientada a evaluar temas pendientes, mejorar el seguimiento del acuerdo y plantear nuevas rutas de cooperación. El encuentro, realizado en el marco del Acuerdo Comercial UE-Andinos, concluyó con la firma de una declaración conjunta que marca un precedente para fortalecer el diálogo civil-gubernamental y avanzar hacia una gobernanza participativa y sostenible del comercio internacional.
Durante la semana se desarrollaron actividades oficiales, foros públicos y espacios técnicos que reunieron a actores de gobiernos, delegaciones de la UE, organizaciones de trabajadores, representantes del sector empresarial, movimientos sociales y colectivos ambientales. La agenda contempló temas relacionados con comercio y desarrollo sostenible, cumplimiento de compromisos, derechos laborales, sostenibilidad productiva, transparencia, acceso a información y mecanismos de participación ciudadana vinculados al tratado.
Propuesta de una secretaría técnica
Uno de los resultados más relevantes fue la proposición formal elevada a la Unión Europea y a los gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia para garantizar recursos suficientes, permanentes y con autonomía administrativa, financiera y técnica. El objetivo es permitir el adecuado funcionamiento de los grupos consultivos tanto a nivel nacional como regional a través de una secretaría técnica que asegure continuidad en la gestión, sistematización de información, seguimiento a compromisos y una relación dinámica y efectiva con los puntos de contacto gubernamentales y el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible.
Este fortalecimiento no solo responde a necesidades operativas; también es una condición clave para asegurar que la participación de la Sociedad Civil TLC UE-Andinos sea efectiva y no meramente consultiva. Contar con recursos permitirá ampliar la capacidad de análisis, diálogo, monitoreo independiente, generación de propuestas y evaluación de impactos derivados del TLC. Asimismo, facilitará una deliberación informada entre actores multisectoriales y una interlocución equilibrada entre sociedad civil y gobiernos.
Otro punto destacado de la declaración conjunta fue el impulso a la Agenda Nacional de Desarrollo Productivo, concebida como una herramienta estratégica para que cada país articule la implementación del tratado con los objetivos de transformación económica de los países andinos. Esta agenda contempla ejes prioritarios como diversificación económica, innovación, transición energética justa, bioeconomía, sostenibilidad ambiental y empleos de calidad.
Pymes cadenas de valor sostenibles
Un aspecto central de esta propuesta es la integración de “Pymes cadenas de valor sostenibles”, reconociendo el papel decisivo que tienen las pequeñas y medianas empresas en la economía andina. Su participación en el comercio internacional continúa enfrentando barreras de acceso, financiamiento, certificaciones, logística y tecnología. Una agenda productiva vinculada al TLC permitiría evaluar de forma concreta si los compromisos adquiridos están generando oportunidades equitativas y contribuyendo a la reducción de brechas estructurales.
A lo largo del encuentro, diversos representantes de los países andinos expresaron preocupación por la creciente implementación de barreras no arancelarias vinculadas al “Pacto Verde Europeo”, particularmente aquellas relacionadas con nuevas exigencias de trazabilidad, huella ambiental, uso de insumos, certificaciones de sostenibilidad y estándares laborales diferenciados. Si bien estas medidas responden al objetivo europeo de acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, en la práctica se han convertido en condicionantes de acceso al mercado que afectan la competitividad de las exportaciones andinas, especialmente de sectores agrícolas y Pymes que no cuentan con financiamiento ni capacidades técnicas para adecuarse a dichos estándares en los plazos propuestos. La falta de mecanismos de cooperación y financiamiento específico puede profundizar asimetrías preexistentes, transformando políticas ambientales legítimas en barreras de acceso que limitan la participación equitativa de los países andinos en el comercio con la UE.
Soberanía de los Estados amazónicos
El documento también integró un apartado sobre la Amazonía, subrayando la necesidad de garantizar la soberanía de los Estados amazónicos sobre sus recursos naturales y la adopción de un principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto implica que los estándares de sostenibilidad vinculados al comercio reconozcan realidades territoriales, limitaciones económicas y la urgencia de proteger ecosistemas críticos bajo un modelo de desarrollo que no sacrifique derechos sociales ni ambientales.
El encuentro abrió nuevas expectativas y dejó tareas concretas. Por un lado, avanzar en mecanismos de transparencia y acceso a información oportuna sobre el funcionamiento del acuerdo. Por otro lado, consolidar espacios de seguimiento con participación continua, no episódica, de los GCI y demás actores sociales. La participación de Cedetrabajo tuvo un rol más propositivo y de vigilancia constructiva, su propuesta de crear una secretaría técnica, de sostenerse con recursos financieros y voluntad política, puede convertirse en una base real para democratizar la gobernanza del comercio internacional.
Hacia un modelo de integración comercial con inclusión productiva
La declaración conjunta representa un paso importante hacia un modelo de integración comercial que incorpore innovación, inclusión productiva, sostenibilidad ambiental y justicia social. El reto inmediato será transformar estos acuerdos en políticas, presupuestos, agendas públicas y resultados palpables para las comunidades y sectores económicos de los países andinos. La experiencia de Lima demuestra que el comercio internacional puede ser un vehículo de desarrollo, siempre que vaya acompañado de visión estratégica, participación social real y decisiones compartidas.
