El lado oscuro de la formación médica en Colombia

Jul 26, 2024

La formación médica en Colombia está marcada por el maltrato y la sobrecarga, afectando gravemente la salud mental de los residentes.

Por Rosa Barreto.

Médica Cirujana egresada de la Universidad Nacional

Con gran consternación se ha tomado en el país y más entre los estudiantes y trabajadores del área de la salud el suicidio de una residente de cirugía general en la ciudad de Bogotá.

Hemos visto múltiples declaraciones al respecto, este suceso ha generado una ola de denuncias y pronunciamientos de quienes también se han sentido en algún punto de su formación médica profesional víctima de maltrato en sus diferentes formas. Lamentablemente son estos hechos en extremo trágicos los que nos mueven a hablar e intentar hacer lo poco o mucho posible para que algo cambie. Este no es un caso aislado, es un problema de hace décadas, es estructural y arraigado a la formación médica.

 Por años se ha creído que el rigor en la formación médica es proporcional al sacrificio. Para los estudiantes de diferentes programas, internos y residentes enfrentarse a jornadas extenuantes, turnos de 24, 36,  y hasta 48 horas, es el pan de cada día. Se convierte en rutina llegar a nuestras rotaciones a las 4 o 5 de la mañana, horarios impensables para un estudiante en otra área. Se normalizó no tener horarios para comidas, dejar de ver a nuestras familias y pensar en tener actividades propias o pasatiempos, es casi una ilusión.

 A esto se suma el poco enfoque pedagógico de los programas de formación médica. Es muy frecuente ver que el estudiante aprende sobre la marcha patologías, manejos, procedimientos sin ningún acompañamiento y sin objetivos claros. Sin que se cuente con una actitud de verdaderos profesores, muchos de quienes ostentan estos títulos no tienen incluso la formación como educadores en salud. Esto se agrava cuando quienes están a cargo de formar nuevos profesionales usan el insulto, la humillación, el acoso como herramientas. Esto se ha convertido en la cadena del maltrato, "como a mí me formaron así".

Los residentes son víctimas por parte y parte. En primer lugar, de un sistema de educación muy débil, en la práctica las facultades ni siquiera cumplen lo establecido en la ley de residentes en términos de horarios, por ejemplo. En segundo lugar, de un sistema de salud que al igual de injusto para los pacientes lo es para los profesionales. Ante la escasez y precaria contratación de profesionales en las instituciones y la sobre carga laboral que estos manejan, en muchas ciudades con facultades de medicina se recargan al extremo funciones asistenciales en profesionales en formación.

Son numerosos los hospitales a los que podemos llamar "interno dependiente" o "residente dependiente". Estos profesionales en formación terminan asumiendo roles sin el acompañamiento necesario e ideal en el proceso de formación médica ante la ausencia de los profesionales o especialistas suficientes. Finalmente viven y laboran en un sistema con mil falencias, servicios sobresaturados, falta de insumos, barreras administrativas, una lista larga de razones por las que hoy nuestros pacientes padecen.

Son múltiples los factores que afectan la vida de los internos y residentes; situaciones de sobrecarga asistencial y académica, exposición emocional a trabajar en contextos donde la enfermedad y la muerte son cotidianos, tener que desempeñarse en medio de un sistema de salud con tantas limitaciones para el paciente y los trabajadores, servicios sobreocupados, deprivación del sueño, alimentación deficiente y un ambiente donde el maltrato por parte de "superiores" está por completo normalizado.

Cabe mencionar que las especialidades médicas son programas con altísimos costos para quienes los cursan, un residente en una institución privada actualmente puede pagar más de 20 millones de pesos semestrales por unos 3 a 5 años, sin contar con que solo hasta hace unos pocos años, tras la fuerte organización y movilización del sector salud se logró un pago a los residentes que equivale solo a 3 salarios mínimos, lo que era una realidad en el resto del mundo hace muchos años.

La muerte de la colega Catalina Gutiérrez es un caso del desenlace más trágico posible, que nos debe motivar a hablar y movilizarnos. En las facultades de medicina y desde el gobierno nacional y los locales se deben revisar los programas de formación de profesionales en salud. Es necesaria una veeduría de los casos de maltrato, se convierte en prioritario hablar sobre salud mental. Es muy llamativo como crece, el número de suicidios en mujeres profesionales de la salud, en contra de la estadística general donde la mortalidad por suicidio es mayor en hombres. Es importante considerar como en los ambientes de "formación" aún son muy frecuentes los comentarios sexistas y conductas machistas por parte de otros profesionales y compañeros.

Este caso debe prender nuevamente las alarmas, no es el primero y existe un índice muy elevado de residentes que viven con depresión, ansiedad, burnout entre otros; puede ser un punto de inflexión para hacer cambios en los programas de formación médica y las condiciones de bienestar. Es claro que un futuro médico o especialista se debe formar con rigor académico y debe cumplir unos roles asistenciales propios del aprendizaje. Pero esto no debe implicar en ningún punto la pérdida de la dignidad, la salud y mucho menos la vida.

Para defender esto, es necesario seguir pronunciándonos, exigiendo medidas a los directores de programas y decanos. Colombia necesita un sistema de salud más justo con los pacientes y usuarios, más humanizado y con mejores condiciones para quienes brindan atención, trabajadores y profesionales en formación.

Newsletter Cedetrabajo

El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.

Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.

Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.

Torre de perforación asociada a exploración de gas natural

El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.

Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.

Gustavo Petro habla en conferencia sobre transición energética

La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.

A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.

Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.

La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.

Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.

Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.

La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.

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