Por Bernardo Useche, Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston.
El asesinato a sangre fría y minuciosamente premeditado de un niño de 5 años por su padre, el suicidio en años recientes de madres que se lanzan al vacío desde un puente, arrastrando consigo a sus hijos, y tantos casos más, que no solo ocurren en Colombia, simbolizan lo profundo de la crisis de salud mental en que se vive. Los pocos estudios que se realizan documentan la gravedad de la situación. También emergen con notoriedad fenómenos que involucran situaciones de alto riesgo para la salud mental y que todavía no se abordan integralmente por las autoridades de salud pública. Por ejemplo, la práctica cada vez más frecuente del denominado “chemesex”.
Ante esta realidad, se necesita una política firme de prevención, atención y promoción de salud mental que sea implementada de manera coordinada en el territorio nacional a través de planes de acción efectivos. Pero eso es lo que no ha existido en Colombia, así se haya aprobado una ley (2013), una política nacional (2018) y hasta un documento CONPES (2020) de salud mental. Así exista una Política de Atención Integral en Salud (2016) y un Modelo de Atención Integral Territorial (2019). Para que cobre vida lo que en la teoría se establece en estos documentos de política pública se necesitan cambios de fondo.
Para las Naciones Unidas es prerrequisito que los gobiernos asuman una actitud en la que se valore la salud mental en su verdadera dimensión y que exista un compromiso con la financiación apropiada de planes y programas. En Colombia no se conoce el monto específico destinado a salud mental dentro del presupuesto de salud aprobado para este 2022, que fue de $44,88 billones. Sí se sabe que, en América Latina, el gasto público promedio en salud mental ronda el 2% de dicho presupuesto.
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Se requiere una estructura organizativa nacional que esté al frente y dinamice las estrategias puestas en marcha. Sería conveniente que el Ministerio de Salud cuente con una oficina de Dirección de Salud Mental y que los Comités Departamentales de Salud Mental, creados por la Ley 1616 (art. 29) se conformen en todo el país. El Representante a la Cámara, Jorge Gómez, presentó el proyecto de ley 397 de 2020, por medio del cual se creaba la Dirección de Salud Mental. Difícil de creer, pero el Ministerio de Salud se pronunció en contra y el proyecto se hundió en la legislatura pasada. No se corresponde con la magnitud del problema que lo concerniente a salud mental continúe siendo manejado desde una instancia secundaria del Ministerio. Luego de 9 años de expedida la ley, se ha avanzado muy lentamente en la constitución de los comités departamentales y no todos los que se han conformado funcionan regularmente.
Insiste también la OMS en un cambio radical en los modelos de atención de los trastornos mentales y propone iniciar un proceso que conduzca al cierre de los hospitales psiquiátricos en donde se internan los pacientes por largos períodos y a que sean variadas formas de atención comunitaria las que prevalezcan. Se propone todo lo contrario a lo establecido hasta ahora para el manejo de los trastornos psiquiátricos en Colombia. Aquí prevalece el abordaje biomédico de la enfermedad y prácticamente no hay prevención. Cuando finalmente se diagnostican casos severos de enfermedad mental, básicamente las opciones se reducen al manejo con psicofármacos y a la institucionalización del paciente.
Tal vez el punto más crítico para que se logren materializar planes efectivos de prevención y la población cuente atención oportuna y de calidad en salud mental, tiene que ver con la forma como se conciba e implemente el enfoque de salud preventivo y predictivo que anuncia el nuevo gobierno. El rumbo va a depender también de si la reforma de la salud elimina las EPS o del papel que la reforma les asigne en el futuro. Por lo pronto, según el Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031, la Atención Primaria en Salud opera en el marco del aseguramiento y las acciones de salud pública continúan realizándose a través de los Planes de Intervenciones Colectivas. Es decir, más de lo mismo, lo cual en salud mental significa predominio de proyectos aislados que llegan a grupos reducidos de personas con intervenciones de pocos resultados y menor impacto.
El lema de este 10 de octubre es: “Hacer de la salud mental y el bienestar de todos, una prioridad mundial”. En Colombia, hasta el momento no lo ha sido.
Nota original publicada en Más Colombia.