Por Miguel Ángel Rodríguez, Economista. Coordinador de Investigaciones de Cedetrabajo. El levantamiento de la mayor parte de las restricciones sanitarias, a finales de 2021, produjo un incremento del consumo que llevó los precios al alza. La subsecuente crisis en las cadenas de suministros empeoró la situación. El año pasado la inflación en Estados Unidos fue […]
Por Miguel Ángel Rodríguez, Economista. Coordinador de Investigaciones de Cedetrabajo.
El levantamiento de la mayor parte de las restricciones sanitarias, a finales de 2021, produjo un incremento del consumo que llevó los precios al alza. La subsecuente crisis en las cadenas de suministros empeoró la situación. El año pasado la inflación en Estados Unidos fue del 7%, en Europa alcanzó el 5% y en América Latina y el Caribe, la región más afectada, llegó a 7.2%. En el 2022 el conflicto en Ucrania se sumó a las causas del problema. Como resultado, la población en vulnerabilidad económica está viendo la progresiva reducción de su capacidad de consumo. De ahí que sea necesario tomar medidas para contener la inflación.
Latinoamérica es la principal víctima debido a la naturaleza de su intercambio con los países de ingreso alto: exporta materias primas e importa insumos industriales y agropecuarios. Brasil (12.3%), Chile (10.5%) y Uruguay (9.37%) puntearon la tabla de crecimiento de precios en abril de 2022. Aunque Colombia ocupó la sexta posición, su inflación no está lejana, pues fue de 9.23%, un nivel histórico.
Bolivia es el único país que ha logrado escapar de este fenómeno de forma estable: durante los últimos 12 meses los precios en esta economía no han superado el 1% de crecimiento anual. El caso boliviano ha sido exitoso gracias al manejo de la política macroeconómica, la cual está al margen de las recomendaciones de los organismos multilaterales. El gobierno de Bolivia mantiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar estadounidense e interviene en el mercado de alimentos. Aunque se pueden comprar y vender dólares libremente, el Estado actúa mediante inyecciones en el mercado de dólares. Por otra parte, hay compras estatales de alimentos y manejo de inventarios de alimentos que dan estabilidad a los precios.
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El ejemplo boliviano es heredero del Programa de Adquisición de Alimentos que funcionó en Brasil entre 2003 y 2010. La exitosa experiencia brasilera tenía como objetivo principal erradicar el hambre mediante un autoabastecimiento mínimo, con lo cual se fomentó la producción y el mercado interno. Al final, se creó una barrera de protección frente a la inflación de los alimentos. Aquí también fue necesario apartarse de los lineamientos económicos hegemónicos.
En Colombia se ha tratado de solucionar el problema por el camino de subir la tasa de interés. Por supuesto, ha fracasado. La tarea del próximo gobierno es mitigar los nefastos efectos de este fenómeno sobre la clase trabajadora y la población vulnerable y pobre. Las experiencias de Brasil y Bolivia muestran que un camino para contener la inflación es la participación activa del Estado en el mercado de alimentos. Pero la verdadera solución requiere cambiar el fracasado modelo neoliberal. En este sentido, una hoja de ruta es la propuesta del equipo asesor de las Centrales Obreras, donde se dan soluciones para el corto y el largo plazo.
Nota original publicada en Más Colombia.
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
