El reciente hundimiento de la Reforma Tributaria en el Congreso dejó al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 en una situación crítica. Este proyecto, también conocido como Ley de Financiamiento, que tenía como objetivo recaudar 12 billones de pesos para asegurar los recursos necesarios para financiar el presupuesto de 2025 y necesario para cubrir un faltante en los gastos del gobierno, especialmente en sectores como la salud, la educación y la vivienda. El gobierno enfrenta una de las mayores crisis presupuestales de los últimos años, El hueco fiscal asciende a 33 billones de pesos.

El 11 de diciembre, las comisiones conjuntas del Congreso rechazaron tanto la Reforma Tributaria como el PGN de 2025, estimado en 523 billones de pesos. Esta doble negativa ha puesto en evidencia las dificultades del gobierno para garantizar una estabilidad fiscal adecuada, además de reflejar las consecuencias de decisiones cuestionables tomadas en ejercicios anteriores.

Ejecución presupuestal en 2024: problemas y retrocesos

El manejo del presupuesto en 2024 ya había mostrado serias limitaciones. Las decisiones adoptadas en 2023 dejaron un déficit de más de 28 billones de pesos. Entre las causas principales está el incumplimiento en las metas de recaudo tributario, que se vio afectado por ajustes realizados en la Reforma Tributaria de 2022. Estos ajustes redujeron los ingresos provenientes de regalías y litigios fiscales. Además, el bajo desempeño de las actividades económicas empeoró la situación, lo que resultó en una disminución del 6,87% en el recaudo durante los primeros diez meses del año en comparación con 2023.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta noviembre de 2024 solo se había comprometido el 80,8 % del presupuesto aprobado, dejando 97 billones de pesos sin ejecutar de los $503,6 billones del Presupuesto aprobado para 2024. Este nivel de ejecución es el más bajo desde 2019. Sectores como Hacienda, Trabajo y Deporte estuvieron entre los que tuvieron un menor desempeño, mientras que el Ministerio de la Igualdad apenas ejecutó el 3,1 % de su asignación presupuestal. Este panorama refleja una preocupante falta de eficiencia en la gestión de los recursos asignados.

Según el ministro Ricardo Bonilla, el presupuesto de 2024 tendrá un recorte de $18,2 billones en funcionamiento. Esto afectará principalmente a sectores como Hacienda ($11,8 billones), Trabajo ($3,9 billones), Defensa ($606.000 millones), la Rama Judicial ($452.000 millones) y la Fiscalía ($347.000 millones).
En cuanto a la inversión, la reducción será de $10,1 billones, con los mayores ajustes en Inclusión Social ($1,8 billones), Hacienda ($1,7 billones), Transporte ($1,4 billones), Agricultura ($1,2 billones) y Vivienda ($647.000 millones).

Recortes presupuestales inevitables para 2025

Tras el hundimiento de la Reforma Tributaria, el gobierno nacional se ha visto obligado a anunciar recortes, estimados en unos $33 billones de pesos,  en áreas importantes para 2025.

 Los sectores más afectados por el momento son salud, educación, vivienda, agricultura y transporte. Según Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación, cerca de 26 sectores enfrentarán reducciones que afectarán su capacidad operativa.

Uno de los casos más destacados es el del Departamento de Prosperidad Social (DPS), cuyo presupuesto pasará de 10,1 billones de pesos en 2024 a solo 5,3 billones en 2025. Según Gustavo Bolívar, director,  esta medida busca promover alternativas más sostenibles que los subsidios tradicionales para combatir la pobreza. Sin embargo, las reducciones podrían tener graves consecuencias para las comunidades que dependen de estos recursos.

En el sector educativo, los recortes podrían comprometer programas destinados a reducir la deserción escolar y mejorar la infraestructura en zonas rurales. En salud, las limitaciones presupuestales podrían afectar la atención primaria y la adquisición de medicamentos esenciales. Estos ajustes también impactarán al sector agrícola, dificultando el apoyo a los productores nacionales en un contexto ya complicado por la inflación y la competencia internacional.

Los análisis presentados en la Mesa de Concertación del Salario Mínimo muestran que, el comportamiento de la economía ha tenido un rendimiento por debajo de lo requerido para cumplir con las metas de crecimiento y financiamiento.

Factores internacionales y su repercusión en la economía local

El panorama global también ha influido negativamente en la situación fiscal del país. Las tensiones geopolíticas, combinadas con conflictos comerciales, han interrumpido las cadenas de suministro y aumentado los costos de importación. Esto ha afectado las posibilidades de crecimiento económico y ha reducido las oportunidades de acceso a financiamiento externo.

En el ámbito interno, las reformas estructurales impulsadas por el gobierno han generado incertidumbre. La reforma laboral y los cambios al Sistema General de Participaciones han planteado preguntas sobre la sostenibilidad del sistema fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que el país podría enfrentar un déficit de 33,3 billones de pesos si no se implementa una nueva estrategia para aumentar los ingresos.

Corrupción: un obstáculo persistente

 La gestión fiscal del gobierno también se ha visto empañada por escándalos de corrupción. Las investigaciones que involucran a familiares del presidente y altos funcionarios han erosionado la confianza en las instituciones. Además, sectores clave como la Agencia Nacional de Tierras y Ecopetrol han enfrentado denuncias de irregularidades.

La corrupción no solo afecta la confianza ciudadana, sino que también dificulta la atracción de inversión extranjera. En un momento de crisis fiscal, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental para estabilizar la economía y recuperar la credibilidad.

Soluciones para un panorama complejo

Frente a estos retos, el gobierno tiene la responsabilidad de implementar estrategias fiscales más inclusivas y efectivas. Diseñar políticas que fortalezcan el recaudo tributario y prioricen la inversión en áreas clave será crucial. Además, es imprescindible establecer un diálogo abierto con los diferentes sectores sociales para generar consenso y confianza.

Expertos coinciden en que una política fiscal integral, acompañada de medidas contundentes contra la corrupción, podría ser la clave para superar esta crisis. Sin embargo, esto requerirá un compromiso real por parte del gobierno, que debe demostrar una gestión transparente y eficiente en el manejo de los recursos públicos.