El Gobierno de Gustavo Petro presentó una nueva reforma tributaria con la promesa de modernizar el sistema tributario y asegurar más recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación.
Sin embargo, el texto del proyecto trae más impuestos para la gente, una amnistía fiscal y la multiplicación de beneficios para sectores puntuales, repitiendo lo que ya hicieron gobiernos anteriores.
En lugar de simplificar y hacer más equitativo el sistema, la reforma profundiza su complejidad y mantiene la incertidumbre sobre el verdadero alcance de la medida.
Presupuesto desfinanciado y la urgencia del recaudo
El punto de partida es un presupuesto desfinanciado. Tal como ocurrió con el Presupuesto General de la Nación de 2025, el presidente Petro presenta una hoja de gasto que depende en buena parte de la aprobación de nuevos tributos.
La reforma tributaria en la práctica se trata de un mecanismo urgente de recaudo. El Grupo Proindustria considera que este camino puede garantizar liquidez en el corto plazo, pero no resuelve los problemas estructurales de ingresos: un aparato económico débil y un sistema tributario complejo, plagado de beneficios, y que no impulsa el crecimiento de la capacidad productiva.
Colombia, entre los sistemas tributarios más complejos del mundo
El Tax Complexity Index 2024 ubica a Colombia en la posición 62 de 71 países, es decir, entre los sistemas tributarios más enredados del planeta. El puntaje general (0,46) indica que la normativa tributaria colombiana es difícil de entender, aplicar y cumplir, tanto en lo relacionado con el código tributario como con el marco de administración y fiscalización.
De acuerdo con la medición, la mayor dificultad está en la proliferación de normas sobre beneficios, impuestos complementarios, deducciones y excepciones.
Esto sucede porque cada reforma introduce más elementos que agregan complejidad, sin resolver los problemas de inequidad y eficiencia. La nueva reforma de Petro parece seguir ese mismo camino.
Incentivos para la transición energética
Uno de los bloques más llamativos del proyecto son los beneficios en materia ambiental y de energías limpias. El Gobierno propone:
- Bonos de transición energética: quienes inviertan en fuentes no convencionales de energía (FNCE) podrán deducir el 50 % de la inversión en renta. La medida aplica hasta por 15 años, siempre que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) certifique la inversión.
- Exención del IVA para equipos de energías renovables: cobija maquinaria y servicios destinados a proyectos de FNCE o eficiencia energética, nacionales o importados.
- No causación del impuesto al carbono: las empresas certificadas como carbono neutro no pagarán este tributo, aunque con un límite del 30 % sobre lo que deberían cancelar.
A simple vista, parecen estímulos alineados con la transición energética. No obstante, sin una política clara de evaluación y control, se corre el riesgo de repetir lo ocurrido en otros sectores: beneficios costosos en recaudo que no siempre generan resultados comprobables en empleo, inversión o sostenibilidad.
Beneficios para personas naturales
El proyecto también promete alivios para los contribuyentes individuales:
- Deducción por compras con factura electrónica: se podrá descontar un porcentaje de las adquisiciones, aunque decreciente con el tiempo: 5 % en 2026, 3 % en 2027 y 1 % a partir de 2028. El tope máximo será de 240 UVT al año.
- Devolución automática de saldos a favor: los trabajadores que reciban más del 80 % de sus ingresos como rentas de trabajo y tengan saldo a favor por retenciones en la fuente podrán recuperar el dinero en un plazo máximo de 90 días.
El problema es que la DIAN sigue teniendo líos operativos y tecnológicos. En la práctica, surgen dudas sobre si podrá cumplir los plazos sin congestionar aún más los procesos de devolución de impuestos.
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Reforma tributaria de Petro con amnistía fiscal encubierta
Un capítulo especialmente polémico es la creación del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria, que funcionará como un mecanismo transitorio para declarar activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2026. Con una tarifa del 15 %, los contribuyentes obtendrán beneficios sustanciales:
- No se genera renta líquida gravable por lo normalizado.
- Se eliminan sanciones asociadas a la omisión en renta, IVA, precios de transferencia o patrimonio.
- Se bloquea la acción penal, salvo prueba de origen ilícito de los recursos.
- Se permite registrar inversiones en el exterior sin sanciones cambiarias.
En otras palabras, quienes ocultaron patrimonio en el pasado podrán regularizarlo a bajo costo. El Gobierno lo vende como un incentivo para regularizar las finanzas, pero críticos lo llaman amnistía fiscal que premia a quienes incumplieron la ley.
Un sistema lleno de beneficios
Según el exdirector de la DIAN, Jairo Villabona, en Colombia existen más de 290 beneficios tributarios vigentes. Muchos de ellos están dispersos en leyes ajenas al Estatuto Tributario, lo que hace aún más confusa su administración.
Los sectores más favorecidos han sido el hotelero (incluyendo eco-hoteles), la economía naranja, la generación de energías limpias y territorios especiales como las ZOMAC, las ZESE y las zonas francas.
El patrón es que se crean beneficios sin una estrategia articulada, según la coyuntura o por presión de intereses particulares. Las grandes empresas, con equipos especializados, aprovechan estos mecanismos para reducir de forma sustancial su carga fiscal. A través de deducciones, rentas exentas y descuentos, logran una tarifa efectiva mucho menor que la establecida por ley.
Reformas parciales, sin un verdadero cambio
La primera reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro introdujo ajustes como la limitación de ciertos beneficios y la adopción de una tasa depurada. Sin embargo, se trató de un primer paso que no transformó el panorama y que hasta el momento ha logrado recuperar poco más de $600.000 millones, un 3,5 % de lo que el Estado deja de recaudar solo en el impuesto de renta de las empresas por las exenciones.
La nueva propuesta de reforma tributaria del Gobierno Petro parece repetir el mismo patrón: más impuestos para la gente, más beneficios para unos sectores y un sistema cada vez más enredado, con un problema adicional: el impacto sobre el aparato productivo.
