El aumento del salario mínimo para 2026, fijado por decreto en 23,8%, fue una decisión política tomada sin concertación en la víspera de un año electoral. El incremento superó ampliamente la inflación de 2025 (5,1%) y también la cifra solicitada por las centrales obreras (16%).
El ajuste salarial se apoya en supuestos que no se corresponden con las condiciones reales del país. El primero es que un mayor salario se traduce automáticamente en mayor demanda interna y, por esa vía, en más crecimiento y empleo.
En Colombia, esta relación no es directa ni automática. Como lo señaló Jorge Iván González, la demanda agregada depende de múltiples factores, entre ellos las expectativas de consumidores y empresarios, la productividad, el acceso al crédito y la estabilidad de precios. El salario es solo una de esas variables.
Además, Colombia es una economía con déficit comercial persistente y una estructura productiva limitada, un estímulo al consumo no necesariamente se traduce en mayor producción local. Cerca del 40% de la canasta básica son productos importados o dependen de insumos importados, lo que reduce el impacto del aumento salarial sobre la actividad económica interna y el empleo formal.
A esto se suma el desfase entre salarios y productividad. Aunque los incrementos salariales pueden incentivar mejoras tecnológicas en el largo plazo, el proceso no es inmediato. En el corto plazo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como comercio, restaurantes o vigilancia, el aumento de costos se traslada a precios o se compensa con reducción de empleo, en lugar de generar ganancias de productividad.
El aumento beneficia al 10% de los trabajadores formales, pero deja en aprietos a amplios sectores de la economía. Además del problema macroeconómico, que Petro hábilmente le deja al siguiente gobierno.
Daño al sector productivo y al empleo formal
El aumento salarial, que se suma a otros costos laborales derivados de la reforma laboral, genera una presión acumulada que recae con mayor fuerza sobre micro y pequeñas empresas, que tienen menos margen para trasladar esos costos a precios o absorberlos internamente.
Para muchas de ellas, absorber un aumento salarial de esta magnitud implica decisiones de ajuste que van desde la reducción de personal hasta el cierre de operaciones. A este problema se suma el impacto sobre los márgenes de rentabilidad. El efecto es especialmente severo en sectores intensivos en mano de obra, donde el salario representa una proporción alta de los costos totales.
Las consecuencias de esta presión sobre las empresas se trasladan directamente al mercado laboral. Entre las respuestas esperables de las empresas se encuentran los despidos, la conversión de contratos de tiempo completo a medio tiempo y el recurso a esquemas de informalidad para evitar el pago de las crecientes cargas asociadas a la formalidad.
Irresponsabilidad fiscal y presión sobre el gasto público
El aumento se decreta en un contexto de estrechez presupuestal. En 2025, el déficit fiscal alcanzó cerca del 7,1% del PIB, uno de los niveles más altos de los últimos años, y el cierre del ejercicio dejó un faltante estimado en 10,5 billones de pesos. Sobre ese escenario se suma ahora el costo directo del reajuste salarial en el sector público.
Según las estimaciones de Kalmanovitz, el incremento del salario mínimo implica un aumento adicional en la nómina de aproximadamente 1,2 billones de pesos para cubrir el reajuste de cerca de 1,4 millones de servidores públicos.
A este efecto directo se suma una presión adicional sobre otros rubros del gasto. El exministro José Antonio Ocampo, advierte que el aumento del salario mínimo también eleva automáticamente gastos indexados, en particular las pensiones, cuyo peso sobre el presupuesto nacional ya es elevado y creciente.
Riesgo macroeconómico: inflación, tasas e inestabilidad
El aumento salarial puede alimentar la inflación a través de dos canales. El primero es directo. Un conjunto amplio de bienes y servicios está indexado al salario mínimo, lo que implica que el ajuste se traslada de manera automática a los precios finales. Entre ellos se encuentran la vivienda de interés social, el transporte, algunos componentes del sistema de salud y los servicios de seguridad.
El segundo canal es indirecto y tiene que ver con los costos de producción. El aumento del salario se propaga a lo largo de toda la cadena productiva, elevando los costos empresariales y presionando al alza los precios de bienes y servicios de manera generalizada.
Ante ese escenario, los análisis coinciden en que el aumento de la tasa de interés de referencia del Banco de la República sería prácticamente inevitable para contener las presiones inflacionarias y anclar las expectativas. Aunque esta respuesta es coherente desde el punto de vista de la política monetaria, también actúa como un freno adicional a la economía, encareciendo el crédito para hogares y empresas, desincentivando la inversión y limitando el crecimiento.
A este panorama se suma la ruptura de lo que el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, denomina el “ancla” de la actividad económica. El salario nominal, en condiciones normales, cumple la función de estabilizar expectativas. Un aumento excepcional, que se sitúa cerca de 18 puntos porcentuales por encima de la inflación, rompe ese referente y reintroduce expectativas de inflación elevada en consumidores y empresarios.
En conjunto, la presión inflacionaria, el endurecimiento monetario y la pérdida del ancla salarial configuran un escenario de mayor inestabilidad macroeconómica.
Cálculo político y traslado de costos al próximo gobierno
El aumento del salario mínimo para 2026 no puede separarse del contexto político en el que fue adoptado. La magnitud del ajuste y, sobre todo, el momento en que se decreta han llevado a interpretar la decisión como una estrategia de corto plazo, más que como el resultado de una evaluación económica integral.
El candidato al Senado Jorge Enrique Robledo ha señalado que la decisión se adopta al final del mandato, lo que implica que los efectos adversos más significativos recaerán principalmente sobre el próximo gobierno.
Para Salomón Kalmanovitz la medida es parte de un cálculo político. Según su análisis, el aumento del salario mínimo puede entenderse como una señal dirigida al electorado en un contexto preelectoral, aun cuando ello implique agravar los problemas fiscales y macroeconómicos que heredará la siguiente administración.
En conjunto, el aumento del salario mínimo para 2026 no responde a una lectura responsable de la economía colombiana, sino a una decisión populista que prioriza el rédito político inmediato y traslada sus costos económicos al próximo gobierno.
