El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea (UE) entró en aplicación provisional en 2013, bajo la promesa de impulsar la diversificación exportadora, fortalecer la industria nacional y generar empleo.
Doce años después, los resultados observables permiten realizar una evaluación del acuerdo. El balance muestra un deterioro significativo de la balanza comercial, mayor dependencia de bienes primarios y pérdida de competitividad en sectores manufactureros, a lo que se suman nuevas barreras regulatorias derivadas del Pacto Verde Europeo.
De superávit comercial a déficit estructural
Antes de la entrada en vigor del acuerdo, Colombia mantenía una relación comercial equilibrada e incluso superavitaria con la UE. En 2012, el país registró un superávit cercano a USD $1.200 millones.
Tras la puesta en marcha del TLC, la tendencia se invirtió. Actualmente, Colombia presenta un déficit comercial superior a USD $2.800 millones (DANE y Eurostat, 2023-2024), configurando un desequilibrio persistente.
El déficit se explica principalmente por la caída de las exportaciones hacia la UE, que pasaron de aproximadamente USD $7.300 millones en 2012 a cerca de USD $5.200 millones en 2024, con descensos significativos en volumen y precio.
Reprimarización de la canasta exportadora
A pesar del incremento en el número de empresas exportadoras, de 1.606 en 2012 a 3.593 en 2023 (Analdex), la estructura exportadora no se diversificó. Por el contrario, se consolidó una dependencia de bienes primarios.
En las exportaciones hacia la UE predominan:
- Carbón
- Café sin procesar
- Banano
- Petróleo y derivados
- Oro no monetario
Estos cinco productos representan cerca del 70-75% del total exportado, mientras que los bienes manufactureros de mayor contenido tecnológico aportan menos del 5%.
Este comportamiento confirma un proceso de reprimarización, donde el país se consolida como proveedor de materias primas, sin avanzar en encadenamientos productivos industriales.
Pérdida de competitividad en sectores manufactureros
De acuerdo con los análisis de desempeño sectorial publicados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit, 2021), varios sectores que antes mostraban potencial exportador hacia la UE (como la industria alimentaria, productos químicos, plásticos, calzado e instrumentos ópticos) perdieron participación y dinamismo tras la entrada en vigor del TLC.
El acuerdo no se tradujo en:
- Mayor valor agregado
- Desarrollo de capacidades industriales
- Mejoras relevantes en empleo manufacturero
El impacto sobre el empleo total fue calificado por el propio Mincit como no significativo.
Nuevas barreras regulatorias: el pacto verde europeo
A partir de 2020, el Pacto Verde Europeo introdujo nuevas regulaciones ambientales y sanitarias que operan como barreras no arancelarias, especialmente para productos agrícolas.
Entre ellas destacan:
- Reglamento contra la deforestación importada (EUDR).
- Estrategia “De la Granja a la Mesa”.
- Restricciones a residuos de plaguicidas y trazabilidad obligatoria.
Estos requisitos afectan alrededor del 80% de las exportaciones agrícolas colombianas, en particular café, cacao, banano y aceite de palma. Las normas fueron aplicadas de manera unilateral, alterando las condiciones originales del acuerdo, sin mecanismos de compensación ni revisión conjunta. Los nuevos enfoques europeos se dirigen a propiciar lo que se denomina colonialismo verde que significa promover una especialización en materias primas energéticas para la transición energética europea.
Necesidad de revisión y redefinición estratégica
El balance de doce años del TLC con la Unión Europea evidencia:
- Un desequilibrio comercial estructural.
- Mayor dependencia de productos primarios.
- Desindustrialización relativa y pérdida de sectores con potencial.
- Nuevas barreras regulatorias que elevan costos y riesgos para los exportadores.
Los mecanismos de seguimiento y participación de la sociedad civil en el acuerdo no han funcionado, son puramente retóricos y carecen de estabilidad, apoyo gubernamental y de acceso a la información relevante.
En este contexto, continuar bajo un esquema de adaptación pasiva no resulta sostenible para la política productiva y comercial del país. Se requiere abrir un proceso de evaluación y renegociación, orientado a:
- Establecer condiciones de reciprocidad.
- Introducir cláusulas de desarrollo productivo e industrial.
- Reconocer impactos diferenciales en agricultura y manufacturas.
- Establecer mecanismos de transición regulatoria frente al Pacto Verde.
La política comercial debe alinearse con un objetivo central: fortalecer la capacidad productiva nacional y promover el empleo industrial en Colombia.
