Por: Yamid López – Shirley Jiménez. Centro de Estudios del Trabajo Antioquia El Tratado de Libre Comercio con la India es el TLC número 16. Por lo visto con los demás tratados, a Colombia no le va bien, y con India tampoco. Desde el 2012, la India -afirmaba el periódico Portafolio- estaba interesada en suscribir […]
Por: Yamid López – Shirley Jiménez. Centro de Estudios del Trabajo Antioquia
El Tratado de Libre Comercio con la India es el TLC número 16. Por lo visto con los demás tratados, a Colombia no le va bien, y con India tampoco.
Desde el 2012, la India -afirmaba el periódico Portafolio- estaba interesada en suscribir un acuerdo comercial con Colombia, pero sólo hasta el 2017, cuando la ministra de Relaciones Exteriores viaja a Nueva Delhi, las conversaciones tomaron un rumbo cierto. La insistencia de un TLC es porque “Colombia ofrece, sobre todo en el ámbito del turismo nuevos lugares que se están descubriendo, hasta ahora desconocidos a causa del conflicto con las FARC” afirmaba María Ángela Holguín.
El turismo no genera valor agregado, al igual que la economía basada solamente en la extracción y exportación de materias primas, que son, como en todos los casos de TLC de Colombia, lo que exportamos a India: Coques (combustible) y oro (el 74,1% de nuestras exportaciones a la India son de productos minero-energéticos), madera en bruto, piedras preciosas, y según la ministra, será un oasis de oportunidades para el café y el cacao.
Las importaciones desde India son, sin embargo, productos elaborados: motocicletas, textiles, automóviles medicamentos y neumáticos. Los sectores de autopartes y de textiles, golpeados en estos momentos por las ingentes importaciones chinas, se verán afectados porque son el 25% y el 16% respectivamente de las exportaciones indias hacia Colombia.
Pretendemos firmar un acuerdo comercial con un país con el que sostenemos un déficit comercial de más 682 millones de dólares[1]; sumado que la competencia entre los dos países en productos industriales es tan desigual, que parece una quimera. Mientras Colombia no subsidia su industria, la India invierte más del 2% de su PIB[2], de manera directa o indirecta, en productos que también producimos. El salario de los trabajadores colombianos (233€) quintuplica el de los indios (43€)[3] y, según organizaciones humanitarias y sindicales, los empresarios del gigante asiático están acusados de no pagar pensiones a sus trabajadores.
El crecimiento económico de Colombia será del 2,9%, mientras que el India, según estimaciones del Banco Mundial, estuvo entre el 2011 y el 2016, en 7.3%. Además, para el The Economist Intelligence Unit, la India representará un 15.1% del PBI mundial para 2050. Una potencia mundial.
Así funciona el modelo neoliberal en la economía colombiana: competimos contra una potencia mundial exportando commodities e importando industria, que, de ser producida en Colombia, nos haría un país desarrollado y menos desigual. Lo mismo ocurre con Perú y Chile, países similares al nuestro que tienen TLC con India: el 90% de las exportaciones de Chile son cobre y de Perú, oro y pescado.
El TLC con India, dice la ministra, sería el número 16 en hacerse con países del mundo, sin mostrar beneficios. El país no soporta una sopa más de libre comercio, sin embargo, le tocará tomarse 16 tazas, una más con un país frente al cual tiene grandes desventajas comerciales.
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
