Por: Iván Ríos, historiador e investigador de Cedetrabajo Antioquia No cabe duda que la Escuela representa el lugar desde donde se emanan todos los contenidos de nuestra cultura y civilización, además donde la sociedad acude al encuentro con todos los conocimientos y avances que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia, para […]
Por: Iván Ríos, historiador e investigador de Cedetrabajo Antioquia
No cabe duda que la Escuela representa el lugar desde donde se emanan todos los contenidos de nuestra cultura y civilización, además donde la sociedad acude al encuentro con todos los conocimientos y avances que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia, para que las nuevas generaciones encaminen su proyecto de vida hacia el progreso intelectual, social y material de su sociedad. La educación es un factor indispensable para el desarrollo de toda nación. Sin embargo, esto no es un principio en el que convengan todos aquellos quienes tienen la responsabilidad de garantizarla. Salvo los maestros, se le han venido atribuyendo mayores compromisos como la cobertura, la calidad, la eficiencia, desproveyéndola de su pilar fundamental, la financiación, y en ello el Estado es el verdugo.
Antes del 2001, la educación contaba con aportes constantes año a año que permitían un funcionamiento óptimo. Sin embargo, para 2001 se modifica, mediante ley, al Sistema General de Participaciones, en el cual, para el año 2007, se despojan 60 billones de pesos de los aportes que hace el Estado para prestar el servicio de educación en los departamentos y municipios.
Este panorama ha ido de mal en peor. En el Plan de Desarrollo del segundo gobierno de Juan Manuel Santos 2014-2018 se evidencia una reducción de 30 billones de pesos en el presupuesto destinado a la educación básica. Esto no se compadece con las exigencias que desde hace seis días el magisterio al gobierno nacional con la negociación de su pliego de peticiones, y que, ante los claros incumplimientos, decidió declararse en Paro Nacional.
Es claro que los compromisos de Santos no son con la inversión para el bienestar y progreso de las regiones, tampoco con la salud ni mucho menos con la educación. Su política refleja el compromiso que tiene con la OCDE y sus países miembros, los cuales controlan los destinos de las naciones menos desarrolladas, a costa del envilecimiento de la población colombiana. ADIDA como la organización más firme en la defensa de los intereses de los educadores en Medellín y Antioquia, se une al Paro Nacional decretado desde el pasado 11 de mayo, considerando que están en todo su derecho, porque la razón los asiste para declararse en cese actividades. Rechazo cualquier iniciativa de sanción, castigo u otra medida oprobiosa por parte del gobierno nacional que afecten sus ya mancilladas condiciones materiales a través de los distintos decretos para el ejercicio de sus funciones y la defensa de sus derechos.
Desde Antioquia expresamos solidaridad y manifestamos decidida participación en la defensa de la educación pública, entendiéndola como un patrimonio que debe ser universal para el conjunto de la sociedad colombiana, pilar fundamental para el desarrollo científico, económico y social de nuestro país, que lo queremos próspero y para el beneficio del interés general, en virtud de nuestra soberanía.
Queremos hacer un llamado a todos los antioqueños que, de manera consciente y decidida, respaldemos la justa lucha de los trabajadores de la educación de nuestro país, entendiendo que protestamos por promesas incumplidas, mientras se cumplen exigencias ajenas a costa de quienes las padecemos.
VIVA EL PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
