COP 28: en materia de cambio climático, de todo como en botica

Dic 22, 2023

Por Enrique Daza, director de Cedetrabajo. Todo el mundo está de una forma u otra cantando victoria tras haber culminado la Cumbre sobre Cambio Climático en Dubái. Unos porque consideran que se lograron acuerdos históricos, otros porque registran positivamente avances, aunque insuficientes. Se confirma la afirmación de un negociador indio que señaló: “La primera regla […]

Todo el mundo está de una forma u otra cantando victoria tras haber culminado la Cumbre sobre Cambio Climático en Dubái. Unos porque consideran que se lograron acuerdos históricos, otros porque registran positivamente avances, aunque insuficientes. Se confirma la afirmación de un negociador indio que señaló: “La primera regla en las negociaciones climáticas es que nunca fracasan”.

La COP 28 produjo una resolución ambigua en un lenguaje que puede ser interpretado de muchas maneras.

Los partidarios de establecer un cronograma concreto para eliminar el consumo de combustibles fósiles, entre ellos los países de Occidente, aceptaron el texto “transitar hacia el abandono de los combustibles fósiles”.

La Resolución no habla de abandonar los combustibles fósiles sino de llegar en 2050 a unas emisiones netas cero. Se puede seguir emitiendo, pero se debe lograr un equilibrio entre las emisiones y la absorción.

Los países más resistentes a las medidas radicales también aceptaron la ambigüedad, entre ellos China, India y los países árabes, unos porque consideran que tienen en perspectiva construir infraestructura e industria vital para su desarrollo y otros porque son grandes productores de petróleo y gas.

Muchos países desarrollados han avanzado en la producción de energías renovables, sin suficiente protección aún ante acontecimientos como la guerra de Ucrania o ante problemas de suministro energético producto de la conflictiva situación geopolítica y también dependientes de la agenda de las grandes multinacionales, que marcan el ritmo y ven en ellas un nuevo nicho de negocios.


La inmensa mayoría de los países en desarrollo intentan la transición, pero no están dispuestos a renunciar a la construcción de infraestructura ni a la industrialización


La inmensa mayoría de los países en desarrollo intentan la transición, pero no están dispuestos a renunciar a la construcción de infraestructura ni a la industrialización.

A pesar de que se ha satanizado a China, John Kerry, jefe negociador de Estados Unidos, tuvo que reconocer que "China no está donde estaba en energía hace dos años; está fabricando más renovables que ningún otro país, está desplegando más renovables que ningún otro país y está a punto de llegar al pico de emisiones mucho antes de lo que tenía previsto".

Los países que no producen ni consumen energías fósiles, pero que son extremadamente vulnerables al cambio climático, como son las islas del Pacífico, han planteado exigencias mayores en materia de reducción de las emisiones y prevención y compensación por los daños.

Su justo reclamo se concreta en el Tratado de no Proliferación de los Combustibles Fósiles, en el cual participan una decena de. islas del Pacífico oriental. Del Hemisferio Occidental solo figuran Antigua y Barbuda y Colombia, a la que Gustavo Petro vinculó como consecuencia de su enfoque catastrofista.

No es lo mismo evitar las emisiones comprometiéndose a no realizar obras que las causen como la producción de cemento y acero, que reducir las emisiones de una infraestructura ya creada. En ello radican las diferentes responsabilidades entre los países desarrollados y los llamados países en desarrollo.

El fondo de la discusión es el papel de las energías fósiles en la promoción del desarrollo. Ejemplos de ello son la iniciativa china de la Franja y la Ruta, que requiere ingentes cantidades de acero y cemento, y los retos de India, que con un PIB per cápita de US $ 3000 adolece de un enorme atraso.

Una de las tareas acordadas desde la COP realizada en París fue hacer un balance mundial de las emisiones y posteriormente seguir haciéndolo cada cinco años. En sus conclusiones la COP 28 se reconoce que las metas de reducción en materia de energías fósiles no se han cumplido

Al hacer el balance de la cumbre, Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Minas y Energía, afirmó que la crisis hoy es más profunda y que en los últimos 30 años las emisiones de gases efecto invernadero han aumentado en un 60 %.

Son evidentes otras definiciones ambiguas. En el tema de los subsidios a las energías fósiles, la COP habla de eliminar los “subsidios ineficientes”, dejando abierta la puerta a los subsidios “eficientes”.

Para financiar la lucha contra el cambio climático se había creado en 2001 el Fondo de Adaptación en la COP 28. Ahora se acordó fortalecerlo con apenas USD 300 millones.

En la COP 27 se había aprobado un fondo para cubrir pérdidas y daños, dependiente de los apoyos voluntarios que den los países. Al finalizar la COP 28, solo había promesas por irrisorios USD 650 millones, muy por debajo de la meta optimista de anteriores COP, que proponían USD 100.000  millones para 2020.

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A este fondo de pérdidas y daños Estados Unidos solo contribuirá con USD 17,5 millones, casi plata de bolsillo, porque una contribución mayor no sería aprobada por el Congreso de mayoría republicana. La tónica de Estados Unidos fue visible en pasadas negociaciones cuando en 2015 el jefe de la delegación estadounidense en las negociaciones de París, Todd Stern, señaló: “Si la equidad está adentro, nosotros estamos afuera”.

El ambiente general fue el de la promoción de los “negocios verdes”, en los cuales pueden jugar un papel importante los capitales de los países árabes y de los países desarrollados, que encuentran en el Tercer Mundo un terreno fértil para la exportación de sus dineros y para abastecerse de materias primas como siempre lo han hecho.

Los mecanismos de financiación a través del mercado de capitales, principalmente privados, van a depender de la rentabilidad de los proyectos. Para ellos, la prevención y compensación por los daños, la adaptación, no son rentables.

Un tema sustancial y que ha atravesado todas las 28 cumbres es la falta de un reconocimiento concreto, con consecuencias monetarias vinculantes, de la responsabilidad que tienen los países desarrollados de financiar los daños que el cambio climático ha traído sobre los países en desarrollo y contribuir eficazmente a prevenir futuros daños.

Definiciones en el sentido de reducir las emisiones de vehículos y desplegar rápidamente vehículos de bajas y cero emisiones, así como multiplicar las energías renovables, son de dudosa aplicación si se tienen en cuenta los tradicionales incumplimientos de estos compromisos.

Al margen de las negociaciones formales se hicieron otros acuerdos como un comunicado de once países que exige eliminar en forma progresiva los subsidios a los combustibles fósiles. Pero, como se aprecia, no fue un acuerdo de la COP.

No deja de tener su ironía que la COP se haya realizado en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores emisores per cápita de CO2 y no menos la presencia de miles de lobistas para defender los intereses de las multinacionales del sector petrolero y energético. Según la ONG Kick Big Polluters Out, la cifra de lobistas superó los 2.400.

Entre ellos figuraban agentes de Exxon Mobil, Chevron, Repsol, ENI, Total Energies y Shell, mientras que, en 2022, durante la COP27, en Egipto, se identificaron 636 lobistas y en el 2021, durante la COP27 de Escocia, fueron 503.

Los resultados de las negociaciones sobre cambio climático dependen críticamente de los acuerdos entre China y Estados Unidos, los mayores emisores globales. El Congreso de Estados Unidos no aprobó en 1998 el Protocolo de Kioto alegando que violaba su soberanía nacional y posteriormente Trump se retiró del Acuerdo de París. La eventual victoria de Trump puede poner nuevamente en duda la continuidad de Estados Unidos en estas negociaciones.

La idea de un acuerdo general para la descarbonización inmediata bajo la coordinación del Banco Mundial y con recursos asignados por el FMI, planteada por el presidente Petro, no fue siquiera considerada.

En suma, la COP 28 no avanzó significativamente en el tema de la financiación, sus definiciones fueron ambiguas, las multinacionales petroleras y los grandes productores de petróleo aprovecharon para promover los negocios verdes y fueron postergados los temas sustanciales.

Nota original publicada en Las 2 Orillas.

Newsletter Cedetrabajo

El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.

Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.

Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.

Torre de perforación asociada a exploración de gas natural

El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.

Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.

Gustavo Petro habla en conferencia sobre transición energética

La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.

A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.

Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.

La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.

Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.

Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.

La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.

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