Petro tiene como objetivo acabar el régimen especial de salud de los docentes
En el Consejo de Ministros del pasado 15 de septiembre, el presidente Gustavo Petro expresó por fin con claridad meridiana que no está de acuerdo con los regímenes especiales de salud del magisterio, Ecopetrol y las Fuerzas Armadas.
Durante la sesión del consejo, Petro presionó reiteradamente porque se reemplace a cabalidad el sistema de salud del del Magisterio por el “Nuevo modelo preventivo y predictivo” impuesto por sus ministros mediante acuerdo 003, 2024 del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG.
El nuevo modelo de salud del petrismo en FECODE parte de una concepción equivocada, poco eficiente y efectiva de la Atención Primaria en Salud (APS). Su implementación ha sido un desastre administrativo, con un sistema de contratación caótico, costoso y vulnerable a la corrupción, que tiene al FOMAG en vía a la bancarrota, y en estado de coma a la atención en salud de docentes en ejercicio, pensionados y sus familias.
Tan crítica es la situación, que la Junta Nacional de FECODE no tuvo otra alternativa que aprobar para el próximo 30 de octubre un paro de los maestros de todo el país exigiendo soluciones al gobierno de Petro.
Tanto el Acuerdo 03 de 2024 como la Resolución de la Superintendencia delegada de Aseguramiento del 23 de septiembre de 2025, que ordena medidas cautelares al FOMAG, dejan en evidencia que, en el nuevo modelo, la FIDUPREVISORA pasa de simple fiduciaria administradora, como se estableció en la Ley 91, a ser la EPS del sistema de salud del magisterio.
Actualmente, a la FIDUPREVISORA se le exige cumplir funciones propias del sistema de aseguramiento de la Ley 100 y de las EPS, tales como contratación y pago de prestadores, auditoría de facturas, gestión del riesgo, creación de redes integrales de servicios, entre otras. Lo que ha hecho Petro con el sistema de salud del magisterio es negar el régimen exceptuado de la Ley 100.
A la par con una retórica populista y demagógica en contra de las EPS, Petro convirtió la FIDUPREVISORA en una aseguradora a la que no ha podido controlar totalmente, lo que explica el reto en el consejo de ministros al funcionario que su gobierno nombró de vicepresidente de la entidad para que diga si es capaz de terminar la tarea.
Gustavo Petro e Iván Duque contra los regímenes exceptuados de la Ley 100
En el Consejo de Ministros, Gustavo Petro adoptó públicamente una posición similar a la de Iván Duque, con cuyo apoyo y el de su ministro de Salud, Fernando Ruiz, ochenta y seis congresistas de la bancada de gobierno incluyeron en el artículo 18 del Proyecto de Ley 010 de 2020 normas dirigidas a extinguir los regímenes especiales de salud.
Con la oposición de las centrales obreras y del movimiento social, el proyecto se hundió en el Congreso de la República.
Con el acuerdo 03 de 2024, Petro simplemente renovó con algo de imaginación la política de transformar el régimen exceptuado en una versión del régimen contributivo de la Ley 100 que se había diseñado al comienzo de su gobierno, siendo su ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
Baste recordar que el 30 de diciembre de 2022, con la firma de su viceministro, se expidió el Acuerdo 5 del Consejo Directivo del FOMAG. El artículo primero de dicho acuerdo, derogado posteriormente, establecía que el régimen de excepción del magisterio debía adaptarse al modelo de APS y la Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS) elaborado con apoyo del BID cuando Gaviria era ministro de Salud de Juan M. Santos.
No es casual entonces que el decreto presidencial 0858 de 2025, que reglamenta el Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo para todo el país se aplique también al régimen especial del magisterio sin diferenciarlo del sistema general de salud. Cómo se dijo en su momento: con dicha norma, Gustavo Petro decretó “el comienzo del fin del régimen especial de los maestros”
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La política de Petro contra los regímenes de salud exceptuados de la Ley 100 se alinea perfectamente, aunque sin hacerlo explícito, con los intereses de los gobiernos anteriores. Eliminar estos regímenes especiales de salud es una vieja aspiración de los partidos tradicionales, fieles seguidores de los dictados del FMI, aspiración que se remonta a la administración de César Gaviria, y los gobiernos que le sucedieron. Los fondos públicos que financian estos regímenes suman billones y son lo suficientemente cuantiosos para despertar el interés de distintos grupos por manejarlos.
La Atención Primaria en Salud que propone Petro, la misma APS del Banco Mundial
Petro presenta su modelo preventivo y predictivo basado en la APS como algo revolucionario y completamente contrario al sistema vigente de la Ley 100 y a sus EPS. El presidente no ha ahorrado calificativos para denigrar de las EPS y la culpa de todos los males que aquejan a los pacientes y al sistema de salud desde 1993 hasta el día de hoy.
Sin embargo, el gobernante del “cambio” olvida que el modelo vigente de salud combina la APS con las EPS y que, por tanto, la atención primaria no necesariamente es incompatible con el aseguramiento individual. De hecho, si entre la exministra Carolina Corcho y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo suman tres años contratando Equipos Básicos de Salud a lo largo y ancho del país, es porque se lo permite la Ley 1438 de 2011, que introdujo la APS en el sistema colombiano sin derogar la Ley 100.
Tan alineado está Petro con una APS anidada en un modelo de aseguramiento, que en la sesión de la Comisión 7ª del Senado del 30 de septiembre de 2025, la senadora Martha Peralta Epieyu, ponente del proyecto de reforma a la salud del gobierno, afirmó que el sustento “técnico y científico” de dicha reforma está dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Lo que no explicó la senadora del Pacto Histórico es que el 4 de diciembre de 2023, la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial establecieron una “alianza para fortalecer la atención primaria de salud en las Américas”
Dicha Alianza OPS-Banco Mundial no elimina el aseguramiento ni las EPS, sino que por el contrario las promueve. Dicha alianza es la que según la senadora Peralta brinda guía y da sustento al modelo de salud preventivo y predictivo que actualmente impulsa Petro para todos los colombianos, incluido los afiliados al FOMAG.
Cuando la superintendencia le exige a la FIDUPREVISORA que contrate los equipos básicos para atender a los maestros, cuando Petro le exige a Aldo Cadena que no contrate hospitales privados para la atención primaria del magisterio y sus familias, sino que los maestros e incluso sus estudiantes deben buscar atención directamente en puestos de salud y hospitales públicos, se están ya cumpliendo las orientaciones de la OPS y el Banco Mundial. Esas orientaciones incluyen “Asegurar financiamiento sostenible, priorizando la inversión predominantemente pública en la APS”
En suma, la APS de Petro no es nada original ni revolucionario. No es la APS que se planteó en la reunión de Alma Ata en 1978 asociada al desarrollo de las economías nacionales y a la producción de riqueza que cambie las condiciones de vida de la población y con ellas las condiciones de su salud. Es una política elaborada por los mismos autores del sistema con EPS que el presidente promete eliminar. Por los mismos autores de la Ley 100, versión colombiana de las reformas neoliberales de la salud impuestas en muchos países por el Banco Mundial en la década de 1990.
El valor real y simbólico de los sistemas de salud exceptuados de la Ley 100
La naturaleza del trabajo docente con su exigencia intelectual y pedagógica y la responsabilidad de formar niños y adolescentes en comunidades pobres urbanas y rurales, las duras condiciones materiales de la exploración y producción de petróleo, los riesgos inherentes a la función propia de las fuerzas armadas hacen que la prevención de la enfermedad y la atención de la salud sean una prioridad.
Lo ideal es que todos los grupos poblacionales de un país disfruten del mejor sistema de salud del mundo, pero la terca realidad es que en las sociedades capitalistas actuales se cumple la ley inversa de la salud formulada por el médico Julian Tudor Hart en 1971 y que se puede enunciar así: mientras más esté sometido a las fuerzas del mercado un sistema de salud, menos atención recibirán quienes más lo necesitan
Una manera efectiva de revertir esa ley es la organización y la acción sindical. Gracias al alto nivel de organización gremial y las movilizaciones en procura de mejores condiciones laborales, los sindicatos petroleros (la USO) y docentes (FECODE) no quedaron cobijados por el sistema que introdujo las aseguradoras de salud con el nombre de EPS y que estableció planes de beneficios restringidos y diferenciados entre régimen contributivo y régimen subsidiado, como el Plan Obligatorio de Salud (POS), al igual que copagos y demás gasto de bolsillo.
El sistema de salud de Ecopetrol ha sido el mejor del país. Conquistado por los trabajadores y negociado en las convenciones colectivas, los informes del departamento de salud de la empresa confirman año tras año que la población cubierta por este sistema es de lejos la más longeva en el país. Es tan oportuna y de calidad la atención que reciben los trabajadores y sus familias que los empleados de nivel medio y los altos directivos de la compañía no renuncian a sus beneficios.
Los críticos de los regímenes exceptuados alegan equivocadamente que estos sistemas son insostenibles. El régimen de Ecopetrol nunca ha sido una carga económica para la compañía, ni incide en los rendimientos para los accionistas, aunque implique altos costos. La altísima productividad de los trabajadores compensa con creces lo que se invierte en su salud.
Al ser exceptuado de la Ley 100 en 1993, el magisterio mantuvo vigente el FOMAG, creado por la Ley 91 de 1989 y mediante la cual se superó la fragmentación regional del gremio y se unificó a nivel nacional todo lo relacionado con pensiones, cesantías y servicios de salud.
Eliminar el FOMAG y vincular maestros, maestras y sus familias al régimen contributivo del sistema general de salud vigente, que por definición ofrece menos garantías y servicios, sería un retroceso enorme. Los cantos de sirena de los partidos tradicionales, que ofrecen planes complementarios de salud o del petrismo representado en su precandidato presidencial Quintero, que promete medicina prepagada con plata del Estado, también sería un pésimo negocio.
Integrar el magisterio al sistema preventivo que plantea el presidente Petro implica ser atendidos prioritariamente por hospitales públicos desfinanciados y por equipos básicos de salud de los que no se conocen indicadores de su eficiencia y efectividad y que no responden al perfil epidemiológico de los afiliados al FOMAG, especialmente de los pensionados que reclaman de entrada atención especializada a enfermedades crónicas.
Los sistemas exceptuados tienen también un gran poder simbólico. Son la llama que se mantiene encendida anunciando un futuro mejor. Mientras existan, habrá esperanza de reducir o eliminar las profundas inequidades en la atención en salud que hoy se padecen. El único camino de conservarlos es de la misma manera como se conquistaron, con férrea organización gremial y movilización pacífica.
El paro nacional del magisterio en defensa de la Ley 91 de 1989 anunciado para el 30 fue precedido de múltiples jornadas de los sindicatos regionales en protesta por el mal servicio en salud. Se cuenta con una fortaleza gremial y con la razón.
Paradójicamente, FECODE y la USO, las dos grandes fuerzas sindicales que contribuyeron a elegir a Gustavo Petro, hoy se ven abocadas a oponerse a su política de salud si quieren defender el interés de sus agremiados.
