Bogotá, 22 de Octubre del 2013 La Red por la Justicia Tributaria fue invitada por el senador Antonio Guerra de la Espriella, a participar en el debate de control político sobre la Reforma Tributaria, que se realizó en la comisión tercera de Senado el 22 de octubre. Fueron citados el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas […]
Bogotá, 22 de Octubre del 2013
La Red por la Justicia Tributaria fue invitada por el senador Antonio Guerra de la Espriella, a participar en el debate de control político sobre la Reforma Tributaria, que se realizó en la comisión tercera de Senado el 22 de octubre. Fueron citados el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría y el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega.
Durante el debate, los funcionarios no respondieron las críticas de fondo que la Red por la Justicia Tributaria, a la que pertenecen destacados académicos y ex funcionarios de Estado, han planteado contra la reforma que cumple más de 10 meses. Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red, afirmó que la reforma no cumplió ninguno de los tres propósitos prometidos por el gobierno: disminuir la desigualdad, aumentar el empleo y simplificar la estructura tributaria. Por el contrario, al estatuto tributario se le agregaron 37 artículos nuevos y, según expertos, la reforma necesita 33 decretos reglamentarios. Los resultados demuestran que la reforma estuvo diseñada para favorecer a los grandes capitales y aumentar la carga a los trabajadores. Era obvio, como se advirtió, que dos deducciones (renta y parafiscales) y un solo aumento (CREE), darían como resultado un efecto neto de disminución que hoy le está pasando cuenta de cobro a las finanzas del gobierno.
Recaudo sí está empeorando
Así mismo, la Red ratificó que la reforma sí está provocando impactos negativos en el recaudo del país. “Es increíble que el gobierno insista en que todo está perfecto, cuando los mismos datos de la Dian muestran que a septiembre el recaudo fue inferior a la meta en 2.5 billones de pesos. Además, si bien es cierto que el recaudo neto con relación al año anterior creció, también lo es que la evolución del crecimiento ha venido cayendo”. Con cifras en la mano, Justicia Tributaria mostró cómo el crecimiento a julio de 2011 había sido de 28.7%, al 2012 de 20.7%, en cambio a julio de 2013 era de 11.9%, con un evidente menor dinamismo.
Tampoco se está generando empleo de calidad
En cuanto al mercado laboral, aunque el ministro Cárdenas afirme que Colombia es el país de la región que más empleo generó, no se refirió en el debate al hecho de que la participación del empleo en los sectores agrario, industria y construcción ha disminuido 2.3, 2.8 y 2.6 por ciento respectivamente, provocando la pérdida de 524.000 empleos en lo que va corrido del año. “Seguramente el ministro hace cuentas con los empleos de los ‘call centers’, pero cualquier estudiante de primer semestre de economía sabe que estos no son empleos de calidad”.
Finalmente, se recordó que el ministro Cárdenas dijo que la reforma no era para recaudar más recursos, porque el país no los necesitaba, y en este sentido sería neutra. “Si esto es cierto, ¿por qué se va a vender Isagen para obtener ingresos por 5 billones de pesos y se presentó una mini-reforma para mantener el 4×1.000, que significa 5 billones más?”.
Sobre los paraísos fiscales
Aunque el gobierno por fin emitió el decreto con el listado de paraísos fiscales, Justicia Tributaria considera que fueron excluidos deliberadamente territorios con los cuales Colombia mantiene fuertes vínculos económicos, como Panamá, Luxemburgo, Curazao y Bermuda. Panamá es la segunda fuente de inversión extranjera en el país. Entre 2009 y 2012 ingresaron 3.991 millones de dólares y desde Luxemburgo ingresaron 1.260 millones. Este último es el país en donde se conformó el holding por medio del cual Central Castilla se apropió ilegalmente de 35.000 hectáreas en la altillanura, por lo cual tuvo que renunciar el embajador de Colombia en Estados Unidos. Negocios de Interbolsa también se realizaron a través de este paraíso fiscal y de Curazao. Aun así el gobierno consideró que no debían ser incluidos en la lista.
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
Bogotá, 22 de Octubre del 2013
