¿Es el momento adecuado para una nueva reforma tributaria?
Desde que se conoció el proyecto de Reforma Tributaria 2024, numerosas voces han manifestado oponerse a su implementación. Figuras destacadas del mundo económico, como Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo, María Claudia Lacouture de la Cámara de Comercio Colombo Americana y José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, han mostrado su desacuerdo. La razón principal de sus críticas radica en la necesidad de brindar estabilidad a las reglas fiscales, las cuales consideran que deberían mantenerse sin cambios para no desalentar la inversión.
María Claudia Lacouture afirmó: «Desde AmCham Colombia hemos insistido en que este no es el momento para una nueva reforma tributaria. Consideramos que la mejor medida es optar por la austeridad en el gasto y asegurar que el presupuesto se invierta de manera eficiente. Este tipo de reformas suelen requerir tiempo, pero la situación de estancamiento económico exige acciones inmediatas.”
En entrevista con el diario El Tiempo, José Antonio Ocampo afirmó “Insisto en que no es conveniente hacer una reforma tributaria en este momento. Cada punto cuesta dos billones de pesos y, por lo tanto, no parece viable esa reducción en la coyuntura fiscal tan compleja.»
Por su parte Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo asegura que “una reforma tributaria en estos momentos es altamente inconveniente”
Estos expertos han señalado que, en lugar de aumentar la carga impositiva, sería más efectivo disminuir el gasto estatal para dinamizar la economía. A pesar de estos argumentos, el Gobierno decidió avanzar con la propuesta en agosto, justificando la necesidad de recaudar fondos para sostener proyectos sociales clave, como las reformas a la salud y el sistema pensional. Con un presupuesto desfinanciado para 2025, la administración actual considera que este proyecto es indispensable para cumplir sus objetivos.
¿Es una reforma tributaria o una Ley de Financiamiento?
El proyecto no se limita únicamente a aspectos tributarios, sino que abarca varios aspectos que van más allá de los impuestos. La propuesta busca también modificar la Regla Fiscal, otorgar incentivos a sectores como el turismo y la economía verde, e incluso destinar recursos para subsidiar las tarifas de energía en los hogares de menores ingresos. Esta variedad de temas ha generado debates sobre la unidad de materia del proyecto, es decir, si todas estas medidas deben estar incluidas en una sola ley o si deberían tratarse por separado.
¿Podría reducirse el déficit fiscal con la aprobación de esta ley?
El objetivo de la reforma es recaudar 12 billones de pesos, distribuidos equitativamente entre nuevos ajustes impositivos y cambios en la Regla Fiscal. De ser aprobada, el déficit fiscal estimado para 2025 se reduciría al 4,8% del PIB, frente al 5,6% proyectado para el año anterior. Sin embargo, esta reducción depende de varios factores externos, como el crecimiento económico, la estabilidad del precio del petróleo y el comportamiento de las exportaciones.
A pesar de las proyecciones optimistas del Gobierno, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido que el país lleva varios años con déficits superiores al 4,3% del PIB, lo que plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Si el Congreso no aprueba la reforma y se recaudan menos ingresos de lo previsto, el déficit podría ser aún mayor, forzando al Ejecutivo a realizar recortes considerables en el gasto.
Fuentes de los ingresos propuestos en la reforma
El proyecto de ley menciona diversas formas de obtener los recursos necesarios. Se contempla la implementación de impuestos al carbono, a las plataformas digitales, al patrimonio y a las ganancias ocasionales, que en conjunto aportarían alrededor de 5 billones de pesos. Además, se introducen ajustes en la Regla Fiscal verde, que permitirían un manejo más flexible del endeudamiento sin que se considere una violación a las normas fiscales actuales. No obstante, es importante señalar que este tipo de flexibilización podría traducirse en una mayor carga para la ciudadanía a largo plazo, ya que la deuda generada deberá cubrirse eventualmente con nuevos tributos.
¿Qué sucede si el Congreso no aprueba el presupuesto?
La Constitución le otorga al Ejecutivo la facultad de decretar el presupuesto en ausencia de aprobación legislativa. Sin embargo, existe controversia sobre el monto que puede establecer de manera unilateral. El Gobierno sostiene que podría fijarlo en 523 billones de pesos, pero hacerlo sin respaldo de ingresos claramente definidos implicaría riesgos de que la Corte Constitucional lo declare inválido.
De no lograr la aprobación en el Congreso, el Gobierno podría optar por un presupuesto de 511 billones, aunque este también suscita dudas, considerando que la recaudación de agosto de 2024 fue 30% menor comparada con el mismo mes del año anterior, lo que sugiere que los ingresos proyectados para 2025 podrían no alcanzarse.
Reducción de impuestos para empresas: ¿una medida efectiva?
Otro punto central de la reforma es la reducción gradual del impuesto a las empresas. Actualmente, la tasa efectiva es inferior al 30% en promedio, y la propuesta busca disminuir el gravamen nominal del 35% a un nivel más bajo a lo largo de los próximos años. Según el ministro de Hacienda, esta medida permitiría a las empresas ahorrar 2 billones de pesos al finalizar el periodo de transición.
No obstante, los empresarios han manifestado que esta reducción no es suficiente para reactivar la economía. Han pedido medidas que incluyan incentivos directos para fomentar la inversión y la confianza, junto con una ejecución más eficiente del presupuesto estatal. Las discusiones en torno a estas solicitudes reflejan un entorno de incertidumbre, con muchas dudas legales y económicas que podrían entorpecer el trámite legislativo de la reforma.
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Corrupción y escepticismo: obstáculos adicionales para la reforma
La credibilidad del Gobierno en la implementación de esta reforma también se ve afectada por los múltiples casos de corrupción documentados en distintos niveles. La falta de acciones contundentes para enfrentar estas irregularidades ha generado una gran desconfianza, tanto en el Congreso como en la ciudadanía. Este contexto dificulta aún más la aprobación de nuevos impuestos, ya que muchos perciben que el problema no es solo la falta de recursos, sino la mala administración de los mismos.
La Reforma Tributaria 2024 fue presentada como una gran estrategia que busca resolver problemas estructurales del país. Sin embargo, sus probabilidades de éxito dependen no solo de los ajustes fiscales, sino también de la capacidad del Gobierno para generar confianza y demostrar un manejo transparente y eficiente de los recursos.