Equipo Cedetrabajo Capítulo Valle[1]

Un panorama internacional adverso

Las medidas económicas gubernamentales adoptadas en los últimos años han sobreexpuesto la producción agrícola a las recurrentes crisis económicas mundiales. Los productores agropecuarios nacionales (2.7 millones de campesinos pequeños, medianos, grandes y empresarios agrícolas) están subordinados a las decisiones de instituciones y conglomerados económicos internacionales. La agricultura colombiana está supeditada a las políticas monetarias de la FED (Banco Central de Estados Unidos), a las distorsiones del mercado agrícola originados por los subsidios de ley agrícola o Farm Bill (EUA), al cartel de las 10 empresas que controlan el 95% del comercio agrícola^[2], y en mayor medida, a la especulación financiera de fondos financieros, bancos de inversión y fondos soberanos que incursionan cada vez más en el mercado agrícola mundial desde la crisis de los precios de los alimentos en el 2009.

La producción agraria nacional de 8,4 millones de hectáreas^[3] (de 42,3 millones aptas para el sector agropecuario) debe asumir altos costos de crédito (tasa de interés mínima de 7% hasta máxima comerciales) debido entre otras causas, a la decisión de la reserva federal de los EUA de mantener el tipo de interés entre 0,25 y 0,50%. Las medidas de la FED y la especulación agrícola de fondos de inversión^[4] explican la revaluación del dólar, la caída de los precios de los commodities (o derivados futuros), la devaluación de las monedas del resto del mundo y el alza de las tasas de interés domésticas^[5]. 

Por otro lado, los tratados de libre comercio han facilitado el desplazamiento de la producción nacional agrícola (32 millones de toneladas en 2015)^[6] por las importaciones agrícolas (13 millones de toneladas de alimentos crudos y 4 millones de alimentos procesados en 2015), que entre 1990-2014 se incrementaron en 1570%, mientras la producción nacional lo hizo en 67%^[7]. Esta política de los gobiernos de Colombia de eliminar paulatinamente los aranceles agrícolas, ocurre simultáneamente con la determinación que países como Estados unidos, Europa y China tomaron, de subvencionar su agro en un comercio mundial de alimentos caracterizado por contracciones de la demanda y mayores inventarios^[8].

Las importaciones de alimentos localizan las fuentes de proteínas, calorías y grasas de origen vegetal de la dieta nacional por fuera de nuestras fronteras. En 2015, alrededor de 300 mil toneladas se dejaron de producir en los cultivos de ciclo corto, en maíz 332 mil, papa 114 mil, hortalizas 87 mil, frijol 11 mil, soya 7 mil y algodón 7 mil^[9]. El precio pagado al productor nacional de cereales (3.8 Millones de Toneladas) y de oleaginosas (118 Mil Toneladas) es inferior al costo de producción, afectando la rentabilidad del cultivo. La sobreproducción de cereales subsidiados (en 2015 se registró un 25% de excedentes de cereales)^[10], el control de la cadena de distribución a nivel mundial por cuatro empresas y la falta de una política nacional de producción y protección del mercado interno cerealero, hace imposible garantizar en un futuro cercano, el ejercicio de la autosuficiencia alimentaria. 

También, el acaparamiento de tierras por parte de extranjeros en el mundo (50 millones de hectáreas^[11]) es un fenómeno internacional que tuvo repercusión directa en el país. La ley 1776 (Zidres) recientemente reglamentada, estaría diseñada para legalizar el acaparamiento de 150 mil hectáreas de baldíos propiedad de la nación, privilegiando a firmas internacionales por encima de campesinos y empresarios nacionales^[12]. Empresas extranjeras como Cargill (EUA) que a través de 40 empresas S.A.S acumularon 61.000 Hs, Mónica Semillas (Brasil) y sus 7 S.A.S que adquirieron 8000 Hs, Poligrow que compró 1.000 Hs, Timberland y sus 9 SAS que acumularon 13.000 Hs, Pacific energy que tiene 48.000 Hs, entre otras, podrían legalizar sus acumulaciones indebidas con la nueva normatividad^[13].

Y existe un agravante, no hay garantía que estas empresas extranjeras se dediquen efectivamente a la producción agrícola. Este modelo de negocio de concesión de tierra impulsado en Colombia por firmas cercanas al presidente santos como Brigard&Urrutia, se caracteriza en el mundo por su alto riesgo de no ejecución, pues sólo el 25 por ciento de los proyectos se materializan^[14]. De igual forma, un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos denominado “la altillanura: la última gran frontera”^[15], advierte que la limitación de la UAF está generando especulación inmobiliaria en contra de sus intereses. Para el Departamento de Agricultura debe ser inaceptable que Cargill comprara tierras en Colombia en $2.870 millones de pesos, cuando meses atrás pudo haberlas comprado en $28 millones^[16]. Es probable que por los bajos precios internacionales de los alimentos, la deficiente infraestructura y el alto riesgo de producción, estas empresas pueden dedicarse a la especulación inmobiliaria en espera de una nueva burbuja de precios de productos agrícolas.

En síntesis, la producción agropecuaria nacional al ser desprovista de los mecanismos de protección estatal, quedó expuesta a los fenómenos económicos internacionales. Los problemas estructurales de la agricultura, como por ejemplo la concentración del 46% de la propiedad rural en manos del 0.4% de los habitantes de campo y el predominio de las extensiones de tierra improductiva, tienden a empeorar debido a la influencia negativa del contexto mundial. 

Un nuevo remezón en la estructura agrícola del Valle

La protección arancelaria para el azúcar y etanol está siendo desmantelada. A finales del 2015 el gobierno redujo de 117% a 70% el techo arancelario del Sistema Andino de Franja de Precios-SAFP- (mecanismo diseñado para contrarrestar la volatilidad de la cotización internacional del precio del azúcar por los excedentes) y estudia una nueva disminución de este techo arancelario del 70% a 45% con el propósito de presionar una caída del precio del Azúcar industrial por la vía de un aumento en las importaciones. La realidad es que actualmente las importaciones subsidiadas del Brasil pagan un impuesto efectivo de 19%, el arancel que los países del área andina deben pagar se encuentran en cero %, y para otros países está en 22%^[17]. La reducción del techo arancelario hasta el 45% se suma a la eliminación del FEPA (Fondo de Estabilización del precio interno del Azúcar) y a una multa de la Superintendencia de Industria y comercio equivalente a las utilidades del sector del azúcar en 2014^[18]. Calificar a 12 ingenios, sus directivos y organizaciones gremiales y comerciales de “cartel antiimportador” no se justifican si se tiene en cuenta las importaciones de un millón de toneladas de azúcar entre 2010-2014^[19] y de 196.000 barriles de etanol de Estados Unidos entre abril/2013-Agosto/2015^[20]. En síntesis, el gobierno cambia la política de producción agrícola azucarera para cumplir los requisitos que exige el ingreso del país al TPP y la OCDE^[21].

El desplazamiento productivo hacia la fruticultura sería insuficiente para mitigar la destrucción de una parte de las fuerzas productivas de la industria azucarera y alcoholera una vez entre vigor el desmonte total de los instrumentos de estabilización de precios de azúcar y se apruebe la importación masiva de etanol.

Este nuevo reacomodamiento de la estructura agrícola regional refuerza los problemas estructurales de la producción agrícola en el Valle del Cauca, como la concentración de la producción, la falta de diversificación agrícola, la pérdida de la soberanía alimentaria, la producción deficitaria de alimentos y el desempleo estructural.

La situación de las frutas

La producción de frutas del Valle del Cauca no es suficiente para compensar las pérdidas ocasionadas por la eventual contracción del sector azucarero. En 2015, de US 814 Millones en exportaciones totales de frutas, el Valle vendió apenas US 8 millones. La participación del departamento en las exportaciones nacionales de frutas no supera el 1%^[22]. Igual sucede cuando se contrasta las áreas cultivadas donde el Valle aporta 12 mil de 1 millón de hectáreas de frutales sembrados del país. Los frutales en el valle son mayoritariamente producidos por la agricultura campesina y familiar cafetera con bajos niveles de valor, y al estar estos alternados con cultivos de café, padecen de los mismos problemas (ver gráfica 1). La crisis cafetera de comienzos de la década de los noventa condujo a los cafeteros a cultivar frutas como una manera de subsistir^[23]. La falta de vías terciarias, la inexistente asistencia técnica, el acceso restringido al crédito, la falta de oferta y de demanda, hace muy difícil pensar en un desarrollo futuro de este renglón de la agricultura.

Gráfica 1

Tomada de El País^[24]

El empresariado agrícola apenas inicia su tránsito de aprendizaje en la producción de frutas a gran escala. Bengala^[25], quizás la empresa productora de piña de mayor grado de tecnificación y modernización en el departamento, apenas cuenta con 400 hectáreas de piña y exportaciones puntuales a Chile, Perú y Argentina. Las ventas de frutas a Europa se dificultan por el tiempo de transporte marítimo -de hasta 28 días en barco-, la escasa demanda y los altos costos. 

La hortofruticultura no tiene la capacidad de frenar la tendencia creciente del desempleo estructural del departamento causada por la eliminación de los cultivos transitorios (como el algodón, sorgo y soya^[26] a finales de la década de los ochenta). Esta tendencia será reforzada por la disminución productiva de la industria del azúcar y del etanol. Queda claro que tanto el cultivo de caña en el pasado, como las frutas en el futuro, no pueden absorber la mano de obra liberada por la disminución paulatina de la producción. Sin producción importante, los indicadores sociales del departamento tendrán un retroceso.    

La disminución de la producción agrícola azucarera ocasionada por la competencia extranjera puede contribuir a un fenómeno de concentración de la producción y de la propiedad rural. En el Valle podremos llegar a que de los 12 ingenios (en 1950 habían 29 y en 1999 subsistían 13), 4 o 5 pueden ser absorbidos por los de mayor capacidad financiera ya con accionistas extranjeros. Igual sucede con los productores de caña y de café que no puedan competir, podrían terminar vendiendo sus propiedades a propietarios más fuertes, aumentando la concentración de la gran propiedad rural (mayor de 500 hectáreas), superior al 40.5% actualmente en el departamento^[27].

La errónea economía política agropecuaria del gobierno de Santos

Las decisiones del Gobierno de contraer en un 33.6% el presupuesto para el agro en 2017^[28], desmontar la Unidad Agrícola Familiar -UAF- en la altillanura y el Caribe (ley Zidres)^[29], y la firma de nuevos tratados de libre comercio con Japón, China, la OCDE, el TPP (Acuerdo Transpacífico), podrían profundizar la contracción del sector agrícola nacional experimentada en las últimas dos décadas^[30]. Una vez se instaure la política de concesión de tierra y la eliminación de la UAF, es casi imposible detener los procesos de expansión cuando lo que se requiere son procesos de intensificación de la producción de la pequeña y mediana propiedad rural, abriendo con el acaparamiento, el paso a la especulación financiera con los factores de producción que aunado a la importación masiva de productos subsidiados, hacen cada vez más difícil la producción nacional agropecuaria de campesinos y empresarios agrícolas.

Por otra parte, la Reforma Rural Integral del acuerdo de la terminación del conflicto se centrará en 120 municipios^[31] y no está diseñada para cambiar los principios y el modelo agrario colombiano. El gran reto del post-acuerdo es el acompañamiento de los proyectos productivos con infraestructura pública (vías, crédito, servicios públicos) y la garantía del consumo interno, esta última en riesgo por las masivas importaciones y en general por la política agrícola de Santos.

El referendo por el agro: un cambio constitucional

Políticas macroeconómicas y sectoriales –que a pesar de ser contraproducentes- son consideradas constitucionales, como los Tratados de Libre Comercio y la Ley de las Zidres, debe conducir a un debate al respecto sobre los principios que rigen la actual constitución, pues la carta del 91 adolece de una efectiva protección de la producción agrícola nacional.

El referendo por el agro, impulsado por organizaciones y ciudadanos, propone modificar los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Constitución Política que afectan al sector agropecuario. La exposición de motivos expresa que las modificaciones constitucionales tienen como objetivo “garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país mediante 1) la protección y fomento de la producción nacional agropecuaria y el trabajo que de ella se deriva, en marcos de sustentabilidad y equidad de género, así como de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales; 2) la renegociación o terminación unilateral de los TLCs; y 3) a partir de la promulgación de una Ley de Agricultura Familiar, garantizar a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes el derecho a una vida digna y a un desarrollo  a partir de formas de economía propia y a conservar y controlar la biodiversidad y conocimientos asociados que se encuentran en sus territorios^[32]”.   

Este nuevo mandato constitucional le devolverá el mercado interno a la producción nacional, requisito primordial para iniciar un fenómeno de acumulación de fuerzas productivas que den un real desarrollo al agro y al empleo. Las leyes que se deriven de los nuevos artículos propuestos ampliarían el gasto público como una medida de moderar las fallas de la estructura productiva. La presencia abierta del Estado con un banco de fomento y con instituciones públicas, permitiría adelantar proyectos de recuperación de la soberanía alimentaria, además de recobrar los ingresos de la agricultura familiar campesina y la rentabilidad del empresariado agrícola.

El referendo es una medida para que el sector agrícola de Colombia y del Valle del Cauca se blinde de los fenómenos internacionales financieros, cambiarios y monopolísticos. El agro necesita una política macro que desate todo el potencial que puede dar la unión de todos los factores de producción.

Es posible entonces recuperar el agro, pero no con la racionalidad de quienes promueven la producción extranjera. Los 47 millones de colombianos tienen derecho a defender y exigir garantías para la soberanía alimentaria. ¡Es hora de construir otra política para el campo![33].

[1] El documento fue realizado por el equipo de investigadores: Julián Rincón, Jaider Espinosa, Jenny Padilla, Carlos Liévano, Angie Riascos, Santiago Vásquez, Fernando Herrera y Vivian Ladino.

^[2] http://www.jornada.unam.mx/2007/02/06/index.php?section=sociedad&article=042n1soc

^[3] https://drive.google.com/file/d/0B5uHGrDQ6hfTOGE0WWF4MVJ3N0U/view (pag,14)

^[4] http://www.elblogsalmon.com/entorno/oxfam-explica-como-controla-el-oligopolio-de-los-cereales

^[5] http://www.elespectador.com/opinion/supremacia-de-reserva-federal

^[6] Revista Nacional de Agricultura, Edición 970, Junio-septiembre de 2016, pág-12 

^[7] http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/emilio-sardi/soberania-alimentaria

^[8] Revista Nacional de Agricultura, Edición 969, Marzo-Mayo de 2016, pág-33.

^[9] https://drive.google.com/file/d/0B5uHGrDQ6hfTOGE0WWF4MVJ3N0U/view (pag-32)

^[10] https://drive.google.com/file/d/0B5uHGrDQ6hfTOGE0WWF4MVJ3N0U/view (pag-33)

^[11] http://deslinde.co/las-zidres-y-el-fenomeno-internacional-de-acaparamiento-de-tierras/

^[12] https://www.youtube.com/watch?v=K33Oa-Zlqoc

^[13] Ídem. Datos de las Investigaciones del señor Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo y sus respectivas UTL.

^[14] http://deslinde.co/las-zidres-y-el-fenomeno-internacional-de-acaparamiento-de-tierras/

^[15] Referenciado por el Senador Jorge Enrique Robledo en su debate ver https://www.youtube.com/watch?v=K33Oa-Zlqoc

^[16] Ídem.

^[17] http://www.semana.com/economia/articulo/precio-del-azucar-gobierno-reduce-impuestos-a-importaciones/482961

^[18] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/nueva-economia-politica-agropecuaria-en-colombia-aurelio-suarez-montoya-columna-el-tiempo/16428023

^[19] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/nueva-economia-politica-agropecuaria-en-colombia-aurelio-suarez-montoya-columna-el-tiempo/16428023

^[20] Ídem.

^[21] Ídem.

^[22] Datos de Procolombia.

^[23] http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll2/id/7 pag,111

^[24] http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/enterese-como-lograra-valle-ser-mayor-exportador-frutas-pais

^[25] http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/por-riopaila-le-esta-apostando-cultivo-pina

^[26] Los cultivos de Sorgo, Algodón, y soya dejaron de generar cerca de 4 millones de jornales. ver https://biblioteca.uniandes.edu.co/visor_de_tesis/web/?SessionID=L1Rlc2lzXzEyMDExMTIwMC80MzkucGRm

^[27] http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll2/id/7

^[28] http://www.lafm.com.co/econom%C3%ADa/noticias/sac-alerta-que-reducci%C3%B3n-del-p-211650

^[29] https://www.oxfam.org/es/colombia-las-falacias-detras-de-zidres-una-ley-de-subdesarrollo-rural

^[30] http://www.elespectador.com/opinion/el-estancamiento-agricola

^[31] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-cuestion-agraria-y-los-acuerdos-de-la-habana-aurelio-suarez-montoya-columna-el-tiempo/16638138

^[32] http://referendoporelagro.com/

[33] Si desea convertirse en voluntario del referendo por el agro visite la página:  http://referendoporelagro.com/ o comuníquese con el Coordinador Regional José Nelson Rodríguez al teléfono 3146280114.