El país cambió sustancialmente desde hace una semana, tras el paro agrario nacional que tiene el apoyo de toda la ciudadanía y la solidaridad con el sector campesino. Para José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, el Gobierno debería estar pensando con mucha claridad cómo va a conjurar el […]
El país cambió sustancialmente desde hace una semana, tras el paro agrario nacional que tiene el apoyo de toda la ciudadanía y la solidaridad con el sector campesino.
Para José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, el Gobierno debería estar pensando con mucha claridad cómo va a conjurar el problema, “porque aquí lo que hay es una situación represada. El movimiento Los Indignados que se dio en otros países, como por ejemplo en Brasil, se está produciendo en Colombia de manera lenta pero sostenidamente”.
“Porque es evidente y lo hemos venido advirtiendo: la gente se va quebrar. El Gobierno con el cuento del latifundio se le olvidó que en Boyacá y Nariño hay microfundio, como en otras regiones del país. El 80% del territorio es de pequeñas propiedades y sin mecanismos como economía de escala y asociatividad, entre otros, que les permitirían subsistir no les llegan. Acá lo que se tiene es un discurso demagógico”, agregó.
Para la muestra, según el directivo de Fedegán, están los paperos y sus comunidades apoyándolos en la protesta.
Respecto a la crisis del sector ganadero, expresó que el TLC es un instrumento que los pone a competir; pero la gran falla estuvo en cabeza del exministro Juan Camilo Restrepo, al que el Gobierno anterior le dejó diseñado a través de tres Conpes la manera en que se podría mejorar eventualmente su competitividad, de cara a los mercados internacionales.
“Hoy tenemos leche a $5.008,58 dólares la tonelada y carne a $4.100 dólares la tonelada. En ambos productos Colombia podría estar saliendo a los mercados internacionales para colocarla; sin embargo la pregunta es: ¿Qué ha hecho el Gobierno para lograrlo? Nada”, aseveró.
Dijo que Restrepo Salazar, un “ministro con la experiencia que tenía, con el conocimiento de la economía colombiana debió aplicar reformas sustantivas y mejorar los instrumentos a implementar que estimara convenientes; sin embargo, se dedicó a generar titulares de prensa con un impacto gravísimo para el país”.
Igualmente, expresó que fue excluido esta semana de la reunión del sector agropecuario que se realizó en la Presidencia, con el fin de evaluar la problemática que se ha generado por el paro agrario.
“Tenemos un Gobierno que humilla y retalia y cree que eventualmente puede invitar a terceros a sustituir una institucionalidad tan fuerte como Fedegán, soportado no solo en la robustez de su estructura, sino en las raíces que tiene en el campo colombiano, para esconder un problema de la mayor gravedad”, agregó.
Indicó que a la gente del campo le está yendo mal en todo el país; y si se le suma la inseguridad y el problema de la tierra, estar en el campo es un acto heroico. “Es como creer en un futuro incierto como acontecía en 2002”, concluyó el vocero de los ganaderos.
PROBLEMA ESTRUCTURAL
La problemática lechera es estructural y según Fedegán se caracteriza por tener 6.400 millones de litros anuales y una industria que solo procesa 2.900. El resto es autoconsumo o se distribuye en la informalidad con bajos precios al ganadero.
450.000 son productores y solo 5 industrias procesadoras absorben cerca del 60% del acopio formal.
El consumo per cápita (141 litros) está por debajo de la recomendación mundial de la FAO (180 litros).
Los estratos altos consumen 170 litros y en los bajos es de 38 litros por habitante.
Hace 20 años el ganadero recibía el 70% del precio del litro al consumidor; hoy ese porcentaje se ha invertido y apenas supera el 30%.
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
El país cambió sustancialmente desde hace una semana, tras el paro agrario nacional que tiene el apoyo de toda la ciudadanía y la solidaridad con el sector campesino.
