Las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se han caracterizado por muchos anuncios pero pocos logros. Está vez el tema central es la reparación histórica de los países ricos, principales emisores, hacia los países pobres, mayores afectados. La inasistencia de los jefes de Estado de los cuatro países más contaminantes y los […]
Las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se han caracterizado por muchos anuncios pero pocos logros. Está vez el tema central es la reparación histórica de los países ricos, principales emisores, hacia los países pobres, mayores afectados. La inasistencia de los jefes de Estado de los cuatro países más contaminantes y los incumplimientos de los países avanzados hacen predecir que la COP27 también pasará como un evento en el que mucho se habla, pero poco se cumple.
En estos días se desarrolla en Egipto la 27 conferencia de la ONU sobre el cambio climático. En esta oportunidad el acento no está puesto en la reducción de las emisión de gases de efecto invernadero, sino en la adaptación al cambio. Una de las premisas que guía esa discusión es la deuda climática histórica de los países más avanzados con los más atrasados. Mientras aquellos son los responsables de la emisión de CO2, estos son las víctimas del cambio climático. Un reciente reporte de la ONU concluye que los 46 países menos desarrollados aportan el 4% de los GEI globales, pero han sufrido el 69% de las muertes relacionadas con fenómenos climáticos extremos de los últimos 40 años.
Aunque uno de los puntos centrales de la Conferencia en Egipto sea pagar esa deuda, los antecedentes y el comportamiento actual de los países ricos hace pensar que todo se quedará en discursos. Desde la COP 26 que tuvo lugar en Glasgow sólo 24 países de las 193 partes han actualizados sus planes de descarbonización de acuerdo a las nuevas metas planteadas allí. Además, los países se están retractando de sus metas. La Unión Europea se comprometió a reducir en 55% sus emisiones para 2030. Ahora la UE habla de soberanía energética para aplazar la transición energética y Alemania retorna al carbón.
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Tampoco han cumplido con los compromisos de financiación anteriores. El compromiso de los países ricos de entregar 100 mil millones de dólares anuales a los países pobres para combatir el cambio climático no se ha cumplido ninguno de los años desde su inicio en 2013. El año en que han estado más cerca fue en 2020 que se movilizaron 86 mil millones. El año más bajo fue 2015 cuando el financiamiento ni siquiera llegó a los 45 mil millones de dólares. La constante durante todos los años es que la mayoría de los recursos se otorgaron a través de préstamos. Por ejemplo, en 2020 el 71% del financiamiento climático se hizo a través de préstamos
No es de extrañar, entonces, que los movimientos sociales denominen esta cumbre como un monumento a la hipocresía. Los jefes de Estado de los cuatro países que más emiten CO2 (China, Estados Unidos, India y Rusia) no asistieron a la reunión, a pesar de sumar el 53% de los GEI mundiales. Mientras tanto, los países avanzados aumentan la relocalización de las actividades más contaminantes en los países pobres. Además, los participantes a la cumbre llegaron en 400 jets privados, se calcula que sus viajes emitieron 13.000 toneladas de CO2, lo equivalente a la emisión de 8.000 colombianos promedio durante todo un año.
- https://unctad.org/ldc2022
- https://unfccc.int/ndc-synthesis-report-2022#Mandate-and-background
- https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/tendencias-del-financiamiento-climatico-para-2020.htm
- https://www.niusdiario.es/sociedad/medio-ambiente/20221108/mandatarios-eligen-avion-privado-viajar-cumbre-clima_18_07926662.html
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
