Un estudio realizado por Cedetrabajo para la Central Unitaria de Trabajadores señaló que durante los últimos 11 años el Departamento Nacional de Planeación desestimó cerca de 13 puntos porcentuales de productividad. De acuerdo con Cedetrabajo, el Departamento Nacional de Planeación ha calculado mal el índice de productividad que se tiene en cuenta para calcular el incremento del salario […]
Un estudio realizado por Cedetrabajo para la Central Unitaria de Trabajadores señaló que durante los últimos 11 años el Departamento Nacional de Planeación desestimó cerca de 13 puntos porcentuales de productividad.
De acuerdo con Cedetrabajo, el Departamento Nacional de Planeación ha calculado mal el índice de productividad que se tiene en cuenta para calcular el incremento del salario mínimo cada año, junto con la inflación proyectada para el cierre del presente año.
Mario Valencia, director de Cedetrabajo, explicó que el DNP utiliza en su cálculo la Productividad Total de los Factores, pero en realidad dicha operación debe hacerse hallando la Productividad Media Laboral. Dicha diferencia en el cálculo obtuvo como consecuencia que a los trabajadores colombianos se les dejaran de pagar en total 13,5 puntos porcentuales durante los últimos 11 años, equivalentes a $18 billones.
«Significa que, si la fórmula aplicada para establecer el crecimiento del salario mínimo hubiera sido la correcta, este salario a 2017 sería de $823.893 y no de los $737.717 mensuales decretados», advirtió Cedetrabajo, mientras que Valencia agregó que «estamos hablando de una pérdida por trabajador de $89.800 por mes acumulados durante 11 años del periodo del estudio, que significan en total $1,07 millones».
Con base en dicho estudio, la Central Unitaria de Trabajadores señaló en la instalación de la mesa de negociación del salario mínimo que el incremento para el próximo año debe ser del 12%.
Por su parte, el director de la Central General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, señaló que el incremento salarial debe ser de cinco puntos porcentuales más la inflación, ya que el Banco de la República estima una inflación de 4% para este año y deben sumarse los efectos de productividad y la reforma tributaria, ese debe ser el incremento salarial.
El presidente de la CGT también solicitó una mesa bilateral con los empresarios y señaló que el Gobierno fue el que «entorpeció» las negociaciones del 2016 que llevaron a que el salario mínimo del año siguiente se decretara.
Por su parte el viceministro técnico de Hacienda, Andrés Velasco, señaló que el cálculo de inflación para el cierre de este año volvió a disminuir y ahora es de 3,9%, es decir dos puntos porcentuales por debajo de lo estimado para la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2018.
Velasco agregó que la informalidad laboral en el promedio de los últimos 10 años alcanza el 55% y advirtió que cada punto porcentual de incremento en el salario mínimo representa un incremento de 0,59% en la informalidad.
Tomado de: Dinero
El gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en materia energética basadas en una lectura equivocada de la estructura energética del país. La suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos aceleró el paso de Colombia desde una relativa autosuficiencia hacia una creciente dependencia del gas importado, con implicaciones económicas y de seguridad energética que comienzan a sentirse.
Esta situación se vuelve aún más delicada en el contexto climático actual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado la formación de un “súper Niño”, el fenómeno más intenso de la última década. En un país donde cerca del 70% de la electricidad depende del agua almacenada en embalses, los episodios prolongados de sequía no son un asunto menor. Cuando el nivel de los embalses cae, el sistema eléctrico colombiano depende de la activación de plantas térmicas que funcionan principalmente con gas.
Allí aparece el cuello de botella. Colombia ya no dispone del gas suficiente para operar plenamente esas plantas en escenarios de sequía prolongada. La escasez ya mostró sus efectos. Durante el último año, los precios de la energía en bolsa se dispararon más de 200%, reflejando las tensiones crecientes entre oferta energética, disponibilidad de combustibles y condiciones climáticas adversas.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2024, cuando Colombia vivió un hecho inédito en más de cuatro décadas: por primera vez en 45 años el país tuvo que importar gas para garantizar la demanda esencial de hogares y comercio. Este es el resultado de una tendencia preocupante. Las reservas nacionales han venido cayendo y la producción se redujo cerca de 9% en el último año.
Como consecuencia, Colombia se ve obligada a comprar gas en los mercados internacionales a precios mucho más altos. Mientras el gas producido localmente ronda los 6 dólares por unidad, el importado puede costar entre 15 y 16 dólares. En un escenario de mayor dependencia externa, agravado además por las tensiones derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las facturas de energía podrían aumentar entre 30% y 40%, Según el exministro Amylkar Acosta.
La pregunta inevitable es por qué el país enfrenta hoy esta escasez. Una de las razones centrales es el freno deliberado a la exploración de hidrocarburos. Diversos expertos han señalado que decisiones como la suspensión de los pilotos de fracking han cerrado la puerta a esta tecnología que en su versión 6.0 incorpora cambios tecnológicos frente al tradicional, destacándose por el uso de CO2 capturado en lugar de grandes volúmenes de agua, la integración de inteligencia artificial para anticipar y mitigar impactos ambientales y una reducción significativa de emisiones. De acuerdo con Acosta, esta tecnología podría emitir hasta 8 veces menos CO2 por barril que la producción convencional en Colombia y, además, permitiría multiplicar por 8 las reservas de gas natural del país, lo que ayudaría a cubrir el déficit energético y reducir la dependencia de importaciones.
A esto se suma un problema conceptual en la forma como se está comunicando la transición energética desde el Gobierno. El presidente Petro tiende a confundir la matriz eléctrica con la matriz energética total. Aunque la electricidad en Colombia es mayoritariamente hidráulica, esta representa apenas alrededor del 18% del consumo energético total. El restante 82% sigue dependiendo de combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.
Presentar a Colombia como un país que ya dejó atrás la dependencia de los hidrocarburos no solo es incorrecto desde el punto de vista técnico; también puede generar señales equivocadas para la inversión. Desincentivar el desarrollo de los sectores de petróleo y gas en un momento en que siguen siendo la base del sistema energético nacional compromete la seguridad energética y debilita sectores indispensables para la reindustrialización del país.
La transición energética es necesaria, pero debe ser realista.
Desmontar el sistema energético existente sin contar con alternativas maduras y suficientes no es una transición ordenada: es un salto al vacío. Desde Cedetrabajo hemos insistido en que la política energética debe combinar la expansión de energías renovables con una gestión responsable de los recursos hidrocarburíferos durante el período de transición.
Si Colombia no reactiva la exploración y no destraba proyectos estratégicos como el yacimiento Sirius en el Caribe, hoy afectado por la paralización de las licencias ambientales, el país seguirá perdiendo soberanía energética. En ese escenario, la dependencia de importaciones será cada vez mayor y los costos terminarán trasladándose a hogares y empresas.
La transición energética no puede convertirse en una política de desmantelamiento prematuro del sistema energético. Debe ser, por el contrario, una estrategia de transformación gradual que preserve la seguridad energética del país mientras se construyen las bases de un nuevo modelo productivo. De lo contrario, la promesa de transición podría terminar desembocando en una tormenta perfecta.
