Las siderúrgicas Paz de Rio, el Grupo Siderúrgico Reyna GSR, Gerdau DIACO y SIDOC, que operan con plantas de gran importancia en el país, han solicitado al gobierno desde noviembre pasado que implemente acciones para resguardar la industria ante la competencia desleal de importaciones provenientes de Rusia y China, las cuales ponen en riesgo la continuidad de la producción de acero en Colombia.

El consumo de acero en Colombia en 2023 fue de aproximadamente 65 kilogramos por persona, una cantidad baja en comparación con países desarrollados e incluso con otros de la región. En Brasil, el consumo aparente de acero en 2023 alcanzó los 110,3 kg per cápita, en México fue de 221,8 kg per cápita, en Estados Unidos llegó a 266,3 kg per cápita, y en China alcanzó los 628,3 kg. Aunque en 2021 algunas estimaciones indican que en Colombia se llegó a 80,5 kg per cápita, este valor sigue siendo considerablemente menor al promedio de América Latina, que ese año fue de 120 kg.

La producción de acero en Colombia, una industria relativamente nueva, está a cargo de cinco siderúrgicas que cubren el 100 % de la producción de aceros largos. Estas empresas son Acerías Paz del Río, Gerdau-Diaco, GSR, Sidoc y Ternium. Su producción se destina principalmente a los sectores de la construcción e infraestructura, abasteciendo la mayor parte del mercado nacional.

La industria siderúrgica ha contribuido de manera importante al desarrollo del país, generando miles de empleos tanto directos como indirectos, y extendiendo su presencia a 16 departamentos, además de su influencia en otras actividades productivas a través de sus cadenas de valor.

A nivel mundial, en 2023 se produjeron 1.890,2 millones de toneladas de acero, con China liderando la producción con 1.019,1 millones de toneladas. Estados Unidos produjo 80,5 millones de toneladas, Brasil alcanzó los 34,1 millones de toneladas, y México llegó a 18,4 millones de toneladas, según datos de la World Steel Association.

La industria del acero en Colombia produjo 1,47 millones de toneladas de aceros largos en 2023, registrando una disminución de 45.000 toneladas en comparación con 2022. Este descenso preocupante está relacionado con la desindustrialización, la paralización de obras públicas y el aumento de importaciones a menores costos desde China y Rusia, países con los cuales no existen tratados de libre comercio, así como desde México, Chile y Brasil, con los que sí se tienen acuerdos comerciales.

Durante 2023, los principales proveedores de acero importado por volumen fueron China, con 59.234 toneladas (40%), Rusia con 42.065 toneladas (28%), México con 23.639 toneladas (16%), Brasil con 16.272 toneladas (11%) y Perú con 2.700 toneladas (2%).

Entre enero y abril de 2024, se importaron 71.875 toneladas de estos productos, lo que representó un incremento del 19 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se importaron 60.287 toneladas.

En el primer semestre del año, las exportaciones de acero de China alcanzaron los 53,4 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 24 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Gracias a las economías de escala, los subsidios estatales y la alta competitividad de su producción, China logra ofrecer precios bajos que ponen en riesgo la industria siderúrgica de muchos países.

Como respuesta, varias naciones han elevado sus aranceles para proteger sus sectores locales. En América Latina, Brasil, Chile y México han tomado este tipo de medidas, acompañadas de importantes inversiones para fortalecer su producción nacional de acero. Otros países como India, Vietnam, Turquía y Australia también han seguido este camino.

El consumo y la producción de acero son pilares del mundo moderno. La industrialización de los últimos dos siglos y el crecimiento urbano no habrían sido posibles sin este material. El volumen de acero utilizado es un indicador del nivel de desarrollo de un país.

Cualquier plan de industrialización estaría incompleto sin el respaldo a la producción de acero, petróleo y carbón.

Para un país, no es lo mismo producir que importar. Aunque las importaciones pueden satisfacer la demanda interna, no fomentan el empleo; al contrario, pueden reducirlo. Tampoco contribuyen al poder adquisitivo ni impulsan los complejos vínculos que favorecen la industria manufacturera y la construcción.

Desde los años noventa, Colombia ha experimentado un proceso de desindustrialización ampliamente reconocido. Hace 30 años, la industria representaba el 23 % del PIB; hace 10 años, era el 15 %, y en la actualidad no supera el 13 %.

Aunque la construcción de infraestructura y vivienda continúa de manera inercial, es una actividad cíclica, dependiente de unas finanzas públicas cada vez más deficitarias y constantemente afectada por la corrupción, así como por el desvío y saqueo de recursos públicos.

Colombia ha enfrentado constantemente la llegada de productos subsidiados, fabricados a menores costos o como resultado de prácticas de dumping. Este problema persiste y, aunque existen mecanismos de protección bajo la OMC, estos se ven atrapados en largas controversias y trámites burocráticos. Si bien es importante recurrir a dichos mecanismos, es necesario que el Estado colombiano adopte una postura decidida a favor del fortalecimiento industrial y la protección del mercado interno.

En Colombia, ni el plan de desarrollo del actual gobierno, ni el Conpes de reindustrialización, ni el esbozado plan de reactivación mencionan la producción de acero o la protección de la industria nacional.

Los discursos presidenciales abundan en referencias a la economía popular, las regiones apartadas, los subsidios para los más vulnerables y la distribución del presupuesto para cubrir déficits, pero la industria manufacturera, que es la principal fuente de empleo estable y de calidad, sigue siendo ignorada.

Desde que se inició la apertura económica a principios de los noventa, seguida por la profundización de los tratados de libre comercio, ha persistido un enfoque desfavorable hacia la industria. En el gobierno actual, la actitud hostil hacia los empresarios es evidente, reflejándose en la disminución o paralización de la inversión y en el clima de incertidumbre que domina entre los inversionistas.

La solicitud de medidas de protección, presentada en noviembre del año pasado, sigue sin ser atendida por un comité compuesto únicamente por miembros del gobierno, lo que pone de manifiesto la falta de voluntad política en cuestiones que numerosos países han resuelto de manera ágil.

Estas medidas de protección son urgentes y necesarias, pero deberían complementarse con una política de promoción del desarrollo científico y tecnológico, cuyo presupuesto ha sido reducido de manera considerable.

Además, es imprescindible implementar acciones para restaurar la confianza empresarial, asegurar tanto la inversión pública como privada, reducir los costos de producción que distorsionan la competencia y combatir eficazmente el contrabando.