Cada 25 de noviembre, miles de mujeres se movilizan para exigir un derecho fundamental: vivir sin violencia. A pesar de los avances discursivos y los compromisos internacionales, ONU Mujeres advierte que no hay nación en el mundo libre de esta problemática. En Colombia, los recursos insuficientes y la falta de acción efectiva perpetúan una realidad alarmante que requiere respuestas urgentes.
Encender un televisor o abrir las noticias basta para confirmar que la violencia contra las mujeres sigue siendo una herida profunda en el tejido social del país. Los discursos políticos prometen soluciones, pero los hechos demuestran otra cosa. Las políticas públicas, aunque numerosas, no logran trascender del papel a la acción.
Cifras que gritan una realidad insostenible
En reciente boletín de la Procuraduría General de la Nación se revela que, a septiembre de 2024, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó la realización de 16.797 exámenes medicolegales por presuntos delitos sexuales, de los cuales el 88 % correspondían a mujeres como víctimas. Durante el mismo periodo, se registraron 47.757 casos de violencia intrafamiliar, de estos el 76,9 % a mujeres, lo que muestra la persistencia de esta problemática en la sociedad.
Por su parte, el Instituto Nacional de Salud informó que, hasta octubre de 2024, se reportaron 28.944 casos de violencia sexual, 48.018 de violencia física y 11.782 de violencia psicológica contra mujeres, evidenciando las diversas formas en que esta violencia se manifiesta. Además, se reportaron 2.562 casos de acoso sexual y laboral en el mismo lapso, poniendo en evidencia otra faceta de esta realidad.
Este número, aunque impactante, se estima que pueden ser más, pues muchas agresiones quedan fuera de los registros oficiales.
La situación es crítica: Los datos del 2024 muestran que tres mujeres son asesinadas cada día en Colombia. Hasta noviembre de este año, el Observatorio Feminicidios Colombia registró 815 casos, cifras que superan los niveles de las últimas dos décadas. Estos números reflejan una emergencia que exige respuestas inmediatas del gobierno y la sociedad.
Políticas que no llegan a quienes más las necesitan
Cada crisis social o política intensifica las violencias contra las mujeres, generando un retroceso palpable en derechos conquistados con décadas de lucha. Las decisiones gubernamentales, aunque muchas veces no mencionen directamente términos como “mujer” o “género”, tienen un efecto directo en sus vidas.
El Ministerio de Igualdad, creado con la promesa de cerrar brechas estructurales, ha sido un ejemplo claro de ineficiencia. Con solo el 2,4% de su presupuesto ejecutado y el 10% de sus metas cumplidas, la institución evidencia una falta de planificación alarmante. La anulación de su creación debido a consideraciones fiscales redujo aún más el tiempo para enfrentar las necesidades de las mujeres más vulnerables.
Además, las constantes denuncias de corrupción, politiquería y renuncias inesperadas dentro de este ministerio revelan un panorama desalentador. Mientras tanto, programas esenciales para mujeres, como Renta Ciudadana y subsidios de vivienda, también enfrentan recortes significativos, afectando a miles de hogares liderados por mujeres, que ya constituyen el 45% del total en el país.
En este contexto, la falta de resultados concretos no es un accidente, sino el reflejo de un sistema que prioriza otras agendas por encima de los derechos de las mujeres. Las políticas diseñadas para atender sus necesidades suelen quedarse a mitad de camino, y esto perpetúa ciclos de desigualdad que parecen imposibles de romper.
Doble discurso y falta de coherencia
El gobierno actual se encuentra bajo la lupa. El presidente Petro, quien se declara feminista, guarda silencio frente a las acusaciones contra miembros de su administración por conductas violentas hacia mujeres. Esta falta de coherencia entre discurso y acción no solo debilita la credibilidad de su gestión, sino que también perpetúa la percepción de que los derechos de las mujeres no son una prioridad para su gobierno.
Mientras tanto, la composición de los hogares cambia rápidamente. Las mujeres, predominantes en la economía informal y con acceso limitado a derechos laborales y sociales, siguen cargando el peso de trabajos no remunerados. A esto se suma la falta de acceso pleno a derechos sexuales y reproductivos, lo que limita sus oportunidades y las mantiene relegadas.
Avances insuficientes y la urgencia de un cambio real
El 25 de noviembre es un recordatorio de las luchas históricas que han marcado el camino hacia una sociedad más equitativa. Pero también es un llamado a la acción concreta. En un contexto donde gran parte del presupuesto se destina al pago de la deuda pública y los programas sociales son vistos como gastos prescindibles, la violencia contra las mujeres queda relegada a la periferia de las prioridades gubernamentales.
Ningún cambio cultural profundo será posible sin decisiones políticas que trasciendan el discurso y modifiquen las condiciones materiales de vida de las mujeres. Es hora de transformar palabras en hechos y promesas en realidades.
El mensaje es claro: ni una menos. La lucha continúa.
